Defensa del delito

El proyecto de ley que favorece el crimen organizado.,La bancada de Fuerza Popular pretende reformar la legislación vigente para restarle efectividad al Estado en su lucha contra una de las formas de crimen organizado. Ese es el propósito del proyecto de ley que propone eliminar de la Ley contra el Crimen Organizado y del Código Penal el delito de minería ilegal. El proyecto está al debate de la Comisión de Justicia del Congreso. De aprobarse la norma, los cabecillas de las mafias que extraen oro y lo comercializan ilegalmente, lavando el dinero sucio obtenido y desarrollando otras actividades delictivas concurrentes, no podrán ser investigados y juzgados como integrantes de grupos criminales. El argumento de la iniciativa es surrealista. Anota que el endurecimiento de sanciones penales no resolverá el problema de la informalidad minera, acusando al Estado de no haber impulsado incentivos y facilidades para la formalización minera. Como lo han hecho notar varios especialistas, el proyecto de ley incurre en garrafales apreciaciones que solo se explican por su deseo de favorecer el delito violento. Pretende ignorar que la formalización minera es un proceso distinto que atañe a los mineros informales en tanto que la legislación que se busca derogar se refiere a actividades más amplias y complejas como el sicariato, la corrupción de funcionarios, la exportación ilegal de oro, la trata de personas, entre otras. Anular un delito que comporta a su vez una cadena de actividades delictivas es grave, aunque las justificaciones aludan a hechos que siendo ciertos no tienen relación directa con las infracciones penales que la ley está en la obligación de sancionar. Es como si se pretendiese rebajar las penas o eventualmente eliminar el delito del contrabando porque los infractores no se han insertado en el mercado formal. La iniciativa legal no apunta ciertamente a fomentar la formalización de la minería ilegal sino a atar de manos al Estado contra la modalidad de crimen organizado alrededor de esta actividad. Deja ver claramente la visión que pretende restarle peligrosidad a este delito al que ya se defendió abiertamente en la campaña electoral. Como se recuerda, luego de la primera vuelta electoral, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, suscribió un compromiso con los mineros ilegales en el que se proponía un nuevo proceso de formalización sobre la base de la derogatoria de los decretos legislativos N° 1015 y N° 1016 que se sostenía “criminalizaban” esta actividad. En más de 9 meses el fujimorismo, que ostenta la mayoría absoluta del Congreso, no ha aprobado normas que promuevan esa formalización de la actividad minera informal, ni siquiera con ocasión de la delegación de facultades al Ejecutivo. En cambio, subrepticiamente recurre al expediente más fácil de derogar normas que forman parte del armazón jurídico del Estado contra los delitos complejos, violentos y de gran impacto criminal. Una evidencia más, junto a otras que pretenden restarle fueros y eficacia a la inteligencia financiera o que se resisten a la eliminación del financiamiento ilegal de los partidos políticos.

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