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Debatir los cambios electorales frente a la sociedad.,El Congreso aprobará en lo que queda de la actual legislatura y en la siguiente el nuevo Código Electoral, un instrumento básico del cambio de reglas para mejorar la democracia, aunque ciertamente no será el único. Para el debate de esta norma, el Congreso tiene dos posibilidades: o lo hace como en el pasado entre cuatro paredes excusándose en la necesidad de contar rápidamente con dicha norma, o abre un debate nacional y serio que, adecuadamente organizado, no conspire contra los plazos electorales y al mismo tiempo, gane en legitimidad.Los organismos electorales acaban de impulsar desde el Cusco la segunda opción. En el Foro Descentralizado del Código Electoral se encontraron con los representantes de los grupos políticos y de organizaciones de la sociedad civil para presentar sus propuestas y recabar la opinión de los ciudadanos. Desde esa ciudad, los titulares del JNE, la Onpe y el Reniec le han pedido al Parlamento que apruebe dicha norma considerando que sería ideal que se encuentre en vigencia a más tardar en setiembre próximo, antes de la convocatoria a las elecciones regionales y municipales de 2018, con el propósito de no variar las reglas de juego en pleno proceso electoral.A diferencia de lo sucedido con el anterior Congreso, se aprecia ahora una mayor voluntad para encarar algunos de los temas de fondo, resultado de lo cual es el trabajo meritorio que ha cumplido la subcomisión presidida por la congresista Patricia Donayre, junto con los voceros en temas electorales de las otras bancadas.El anteproyecto es obviamente resultado de un consenso realista y perfectible, que deberá ser enriquecido en la Comisión de Constitución, el Pleno del Congreso y en la discusión social. Por esa razón no tienen sentido los reclamos contra el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo o contra otras propuestas hechas por la academia, la Asociación Civil Transparencia o las que hace meses remitió la Comisión Presidencial de Integridad.Sería conveniente rescatar las coincidencias y las diferencias para que la discusión se realice según los contenidos y no a razones administrativas. En ese sentido, el trabajo de la Comisión de Constitución no solo es de guiar el debate sino de promover nuevos y mayores consensos, evitando el fracaso de las anteriores comisiones.Son saludables los consensos en torno a la cuota de género, la alternancia y el financiamiento. Pero persisten diferencias que deben airearse en torno al voto preferencial, los gastos proselitistas, las elecciones internas obligatorias y el número de firmas para legalizar un partido.Es evidente que el consenso alcanzado es insuficiente para los problemas detectados y por esa razón debería establecerse con claridad los elementos mínimos de una reforma para que los cambios no terminen en una contrarreforma. En cualquier caso, lo más sensato es avanzar en un esquema de cambios con todos o con la mayoría, en lugar de la lógica de los años 2015 y 2016 en que se hicieron cambios contra la mayoría, y por eso fueron rechazados con indignación.

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