Audios resucitados

La legalidad no es un cheque en blanco.,El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha hecho tres precisiones con relación a las interceptaciones a Ollanta Humala y su entorno político y familiar: afirma que estas fueron legales, originadas en una orden judicial dentro de una investigación penal; que durante casi 6 años se encontraban en otra dependencia; y que lo que ha hecho el fiscal Juárez, a cargo de una investigación actual a Humala y a Nadine Heredia, es buscar en esos audios información vinculada con su trabajo de investigación. Las precisiones del fiscal son necesarias para encuadrar la legalidad del origen de los audios y su uso procesal por el fiscal Juárez. Sin embargo, el asunto tiene otros ribetes que comprometen su utilidad procesal actual y ponen sobre la mesa el problema de los usos de pruebas y testimonios en un régimen democrático. La Republica ha publicado un detallado informe que muestra que entre marzo y mayo del 2011, la Dirandro interceptó a Humala y por lo tanto a su entorno familiar y político, resultado de lo cual son 540 audios y 150 páginas de transcripciones. La interceptación fue parte de la investigación dirigida por el fiscal supraprovincial Marco Guzmán Baca, aprobada por el Poder Judicial, con relación a las actividades del cabecilla terrorista Florindo Flores Hala “Artemio” en el Alto Huallaga, y de allí se pasó –sin que por ahora sea explicado oficialmente– a escuchar las conversaciones de terceros, entre ellos Humala y los dirigentes del Partido Nacionalista. El origen legal de los audios no garantiza automáticamente su utilidad procesal, especialmente si a la fecha no se sabe las razones por las cuales permanecieron ocultas durante seis años, probablemente en las oficinas de la Dirandro, luego de que la justicia peruana usara los contenidos para el proceso contra “Artemio”. Por esa misma razón debe investigarse si durante ese largo tiempo se ha roto la cadena de custodia y si se ha procedido adecuadamente en los últimos meses. Por lo tanto, es pertinente aclarar el papel que desempeñaron con relación a los audios la policía y el juez que autorizó la interceptación telefónica y se informe cómo de Artemio se pasó a escuchar a Humala decenas de horas. Aclarada la validez de los audios queda por definir su uso en los procesos penales, para lo que debe tenerse presente que las normas vigentes autorizan su utilización en el caso de los directamente interceptados y no de terceros. En el caso de la reapertura del caso Madre Mía, los audios podrían ser la base de una decisión judicial que declare la nulidad de la cosa juzgada por razones fraudulentas, sobre lo cual existe jurisprudencia. La legalidad no es un cheque en blanco, y en un Estado de Derecho las formas son parte del contenido. Por esa razón, al margen de que se trate del ex presidente Humala, es sensible para la democracia que un candidato presidencial haya sido objeto de interceptación hasta poco antes de la segunda vuelta electoral. Quizás sea el momento de preguntarse si en los comicios de los años 2011 y 2016 otros candidatos presidenciales también han sido objeto de escuchas telefónicas, para no esperar enterarnos luego de seis años.

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