A propósito de un nuevo intento de excarcelar a Alberto Fujimori.,Varios movimientos indican que la salida de Alberto Fujimori de prisión podría estar cocinándose a fuego lento entre un sector del gobierno y Fuerza Popular. Entre las expresiones más decisivas está la confesión del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien ha confirmado que el gobierno está “estudiando” el caso, pero que eso no significa que se expedirá una ley que se aplique a una sola persona sino una norma general para personas de cierta edad. El fujimorismo también ha confesado. La legisladora Úrsula Letona, vocera de Keiko Fujimori, ha señalado que Fujimori padre no ha hecho pedido alguno, que la bancada no tomará ninguna decisión para beneficiar al sentenciado pero que será “respetuosa” de la evaluación del gobierno. Horas después, ya sin reparos, el vocero de la bancada Luis Galarreta ha pedido al gobierno el indulto. Se advierte un juego abierto que intenta resolver el pedido fujimorista a través del indulto o generando condiciones legales para la salida de prisión de Fujimori, adelantada hace días por un vocero de Palacio de Gobierno a la revista Caretas, confirmada luego por las expresiones de PPK sobre la página volteada, las declaraciones de Carlos Bruce –quien acaba de descubrir que las sentencias judiciales son expresiones de odio– en medio de una campaña creciente que intenta demostrarnos que la única posibilidad de cooperación entre el gobierno y la oposición no pasa por el consenso de la agenda pública sino de un toma y daca centrado en la libertad de Fujimori. La ofensiva avanzó ayer con un nuevo paso, advertido ya por la mencionada revista, con la presentación de un proyecto de ley del legislador Roberto Vieira que permite la libertad condicional a los mayores de 75 años. Si alguien cree que la liberación de Fujimori se pretende concretar mediante proceso legislativo aprobado por el Congreso y promulgado por el gobierno, no se equivoca. Voltear la página no es voltear la piel. La vía del indulto que Fujimori intentó en dos oportunidades –en octubre del 2012 y en julio del año pasado– ha sido infructuosa por dos razones legales: las disposiciones del Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Soler vs. Colombia que establece que no procede el indulto cuando se traten de sentencias por delitos de lesa humanidad, que es el caso de Fujimori. La vía de la libertad condicional a los 75 años forma parte de los beneficios para las personas que, por su edad, no representan un peligro para la sociedad, y ha sido incorporada en otras legislaciones desde una opción penal garantista. Puede ser una opción in extremo, pero no debe tener nombre propio sino que tendría que ver con los reclusos que se encuentran en similar situación. El problema con el arresto domiciliario es que los congresistas de Fuerza Popular no están convencidos de apoyar esta iniciativa legislativa. La misma Letona dijo por la noche que la libertad de Alberto Fujimori está en manos del Ejecutivo y no del Congreso. En respuesta el premier Fernando Zavala se ha encargado de precisar, en nombre del Ejecutivo, que “no daremos ninguna ley para la libertad de Fujimori”. En los próximos días seguramente veremos nuevas declaraciones sobre el tema. En todo caso, vale bien recordar al presidente Kuczynski su compromiso en la campaña: Firmaré una ley si el Congreso aprueba el arresto domiciliario para presos por razones humanitarias. No voy a dar el indulto. Esperemos que en estas horas lo tenga presente.
