Pavorosa realidad

La violencia sexual, a propósito de un caso de violación pública.,Las cárceles peruanas tienen, según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), 14,647 internos por algunas de las modalidades de violencia sexual, lo que constituye el 17,7% de la población penal del país que en enero de este año superaba los 82 mil internos. Estos datos son pavorosos, y aun más sus desagregados. El mayor número de detenidos –más de 7,500– corresponden al delito de violación a menores de edad (9,2% del total) y otros 4,170 (5% del total) a violación a mayores de edad. Luego, 1,570 internos están recluidos por abusos contra el pudor de menores de 14 años y otros 1,344 por actos contra el pudor de personas mayores de 14 años. La mayoría de estos internos han sido sentenciados. Sin embargo, que poco menos de 18 de cada 100 detenidos en el Perú lo sean por delitos de violencia sexual resume la gravedad de un problema cuya incidencia no ha podido ser revertida. Estos datos cobran relevancia a raíz de la difusión de la violación de una mujer en una discoteca en el distrito de Santa Anita (Lima) por un trabajador de esta, un execrable acto de violación pública filmado y presenciado por varias personas que no atinaron a impedir la comisión del delito, probablemente imbuidas de graves prejuicios sociales respecto al ejercicio de la libertad sexual. La reprobable difusión de las imágenes de esta violación en las redes sociales generó increíbles comentarios que, sin embargo, reflejan precisamente estos prejuicios, como el que la víctima “debió cuidarse” para no ser violada, que “ella se lo buscó” al acudir a una discoteca, o que al ingerir licor –lo que no está demostrado– abrió las puertas al delito. Como ya es conocido, es la clásica visión de la mujer culpable del abuso sexual, o la teoría de la mujer en el escaparate ensayada hace meses por el cardenal Juan Luis Cipriani. Los detenidos y los casos en procesos indican una realidad más compleja, de grave subregistro. Al año se denuncian entre 3,700 y 4 mil casos de violencia sexual, un indicador que deja al aire los casos no denunciados por miedo, un false sentido del honor y el desistimiento de implicarse en largos trámites policiales. En ese contexto crecen otros delitos asociados como la violencia familiar, el feminicidio y los crímenes de odio, modalidades extremas de violencia que casi siempre tienen como víctimas a los niños, mujeres y en general a la comunidad LGTB. Las cifras brindadas en las últimas horas por el Ministerio del Interior confirman la peligrosidad de estos delitos. El programa de recompensas incluía 390 requisitoriados por delitos de violación, de los cuales han sido capturados 46. El saldo es aún alto. Es obvio que este desafío no solo se resuelve con penas y detenciones sino con un profundo cambio social orientado al respeto a las personas y a su dignidad y libertad. La vigencia de este desafío reclama acciones decididas, las que, comparadas por ejemplo con la negativa de la mayoría parlamentaria a investigar los abusos sexuales en el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), nos siguen interpelando desde el dolor de las víctimas.

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