Alerta libertad

La sentencia contra Ronald Gamarra y la investigación a Jaime Chincha.,En un hecho violatorio de la libertad de prensa, la jueza María Contreras, del 35° Juzgado Penal de Lima, ha condenado al abogado especialista en DDHH, Ronald Gamarra, a un año de prisión suspendida por el delito de difamación agravada luego del proceso que le inició la ex integrante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Luz Marina Guzmán, a raíz de una columna de opinión publicada por Gamarra en el semanario Hildebrandt en sus Trece. En el mencionado artículo se señala que la entonces integrante del CNM participó en el proceso de ratificación de una fiscal que estaba investigando una grave denuncia en su contra, referida a la falsificación de firmas de adherentes a su candidatura al CNM. La fiscal fue ratificada con el voto de su investigada y la denuncia fue archivada un mes después. El artículo de Gamarra no implicaba una revelación del caso –que había sido denunciado por otro medio el 2010– ni un juicio de valor. La crítica que incluyó su artículo, al que le asiste como derecho a opinar sobre las resoluciones judiciales, residía en la necesidad de transparencia de los funcionarios respecto de los conflictos de interés. Debe saberse también que el mismo caso se investigó en el Congreso. La sentencia contra Gamarra no tiene ni pies ni cabeza porque su argumento central es que los datos que comentó el sentenciado en su columna no eran relevantes y que carecían de interés público porque cuando fueron escritos ya había pasado 5 años de los hechos. La jueza no explica en su fallo cómo ha llegado a la conclusión de que el interés público caduca a los 5 años. En el caso del periodista Jaime Chincha, de Willax TV, la fiscal Geymi Gastañaga, de la 34° Fiscalía Provincial Penal de Lima, ha decidido abrirle investigación preliminar por el delito contra la fe pública en agravio del Estado venezolano. La fiscalía ha acogido la denuncia de la embajada de Venezuela en Lima que cree que Chincha ha cometido un delito al recoger declaraciones de ciudadanos venezolanos residentes en Lima que realizaron un plantón frente a la embajada el 10 de enero de este año, dando lugar a un reportaje televisivo en Willax TV. La investigación es un despropósito; el plantón no fue convocado por Chincha ni el canal de TV y, aunque lo fuera, toda la actividad alrededor de esa manifestación está protegida por los derechos a la reunión pacífica, la libertad de opinión y de prensa. Es muy grave que en este caso la fiscalía no haya rechazado de plano la denuncia y diera curso a un proceso para regocijo de las tendencias autoritarias que dicha delegación diplomática encarna. Debe rechazarse con toda firmeza estos precedentes que aherrojan la libertad de expresión, y cuyo propósito claro es limitar una práctica básica que permite la crítica social, la circulación de la información y la independencia en la exposición de las ideas. El encausamiento de periodistas o su condena por ejercer sus funciones es un síntoma de intolerancia del Estado frente al cual es preciso estar alerta.

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