Hora de la acción colectiva en favor de la democracia en Venezuela.,El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ha consumado un golpe de Estado contra la Asamblea Nacional (AN), el poder legislativo de ese país. En un pronunciamiento ilegal anunció que ha asumido todas las competencias del Parlamento, controlado por la oposición. El argumento golpista señala que esta decisión obedece al desacato persistente del Congreso respecto a anteriores decisiones, especialmente al retiro de los cuatro diputados. El TSJ de Venezuela es un apéndice del gobierno. Sus 32 miembros fueron designados por la anterior mayoría parlamentaria afín al gobierno de Nicolás Maduro y varios de ellos ejercen una poco disimulada militancia oficialista. Y a pesar de que concentra las funciones que en el Perú serían propias de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, el CNM y algunas del Congreso –como resultado de una maniobra en la fase final de la redacción de la Constitución chavista– entre ellas no se encuentra reemplazar a los miembros del Poder Legislativo venezolano. Este golpe de Estado es la arremetida final de un proceso iniciado el pasado 11 de octubre del 2016 cuando el TSJ decidió que el presidente Nicolás Maduro presente el presupuesto nacional al TSJ y no a la Asamblea Nacional, disponiendo al mismo tiempo que el Congreso no pueda alterar las partidas presupuestarias. Otras tres decisiones que menoscabaron la soberanía del Parlamento venezolano fueron dictadas, entre ellas la inconstitucional limitación de la inmunidad parlamentaria. No hay manera de evitar considerar este pronunciamiento del TSJ como un cierre del Congreso y en ese sentido hacen bien los demócratas venezolanos en precisar que se trata de un “fujimorazo” en alusión al golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Por esa razón es urgente activar los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana para iniciar el proceso de restitución del Estado de Derecho en Venezuela. Es correcto que en esa dirección se haya expresado el Secretario General de la OEA y que varios países se muestren por primera vez críticos de modo público y oficial respecto del gobierno de Maduro. Se reconocen en tal sentido los pronunciamientos rápidos de nuestro país y de México, EEUU, Colombia, Chile, Brasil y Argentina. En un segundo paso, la comunidad internacional debe pedir al gobierno de Maduro garantías para los miembros de la Asamblea Nacional, varios de cuyos miembros han sido agredidos en las últimas horas y el cese de las maniobras intimidatorias oficialistas contra el pueblo usando para ello a las fuerzas armadas. Sería conveniente que la comunidad internacional, desde la OEA, pudiese establecer un mecanismo de acción colectiva en favor de la democracia en Venezuela. Las posibilidades de una transición democrática fueron seriamente dañadas por el fracaso del último intento de diálogo y las maniobras del gobierno para ilegalizar a los partidos opositores. Este golpe de Estado es una huida chavista hacia adelante que reclama acciones firmes de las fuerzas democráticas de la región en apoyo de la democracia en Venezuela.
