Toledo, hora cero

La democracia juzgará a quien la ha ofendido gravemente.,La justicia peruana ha ordenado la detención provisional por 18 meses del ex presidente Alejandro Toledo para que responda en prisión por varias denuncias de corrupción. Para ello deberá ser buscado, ubicado y detenido por Interpol. Termina así una etapa en la que el país requería indicios de su responsabilidad y se inicia otra, la de su juzgamiento. La diligencia sobre Toledo ha sido impecable y las partes han realizado los movimientos que consideraron pertinentes. La fiscalía ha presentado un caso coherente con testimonios y evidencia documentaria que justificaban plenamente el pedido de detención del ex mandatario, en tanto que su defensa ha ensayado lo que tenía a mano, la edad del investigado y la supuesta doble incriminación. Por su parte, el juez ha emitido una resolución altamente motivada, enlazando en las evidencias de la fiscalía. Toledo pidió pruebas y estas existen profusamente y en ellas se incluyen no solo la delación de un alto cargo de la empresa sobornadora sino constancias de hasta 18 envíos de dinero con pelos y señales sobre el origen y el traslado de dinero. El ex presidente, que simbolizó en algún momento la democracia y el grito herido de un país anegado de corrupción a causa del fujimorismo, es ahora un prófugo internacional que la democracia peruana reclama para juzgar, precisamente por los delitos que inicialmente combatió. Esta paradoja resume no solo el ineludible aspecto personal de este caso sino el devenir del proceso político peruano donde, nuevamente, como cuando cayó Alberto Fujimori y su socio Vladimiro Montesinos, la democracia tendrá que sobreponerse al golpe infligido y depurar sus filas. La representación política de Toledo ya había sido puesta en duda en los dos últimos procesos electorales, en los que el partido que fundó se debilitó notablemente en lugar de fortalecerse. Su legitimidad personal como dirigente político y ex mandatario también se había deteriorado desde que se registraron las primeras denuncias sobre sus sospechosas operaciones inmobiliarias. Ya antes de la orden de captura, su figura pública había entrado en un largo ocaso. Ahora deberá partir desde cero y, contrariamente, llevar su condición de ex presidente ya no como una prerrogativa sino como una pesada carga por la deshonra ocasionada a tan elevada responsabilidad. Como lo ha señalado el juez Concepción Carhuancho, la ley es para todos, pero quien ha ocupado tan alta representación estaba obligado a un mayor respeto a dicha investidura. El daño causado por Toledo al sistema democrático es grave. Su actuación, ya privada del análisis legal que se sustanciará en la justicia, reitera el profundo arraigo de la corrupción en las instituciones y evidencia que la república no ha podido conjurar esas sombras que se hacen carne y herida abierta. Sí debemos felicitarnos de que a pesar de sus debilidades, el sistema puede descubrirlos, denunciarlos y juzgarlos, lo que no fue posible durante las dictaduras que aherrojan a los medios y a los tribunales. Esa diferencia respecto al tiempo político hace que, a pesar de lo sucedido, abriguemos la esperanza de un cambio de fondo en favor de la transparencia pública.