Se mueven los conflictos

Principios de diálogo, justicia y autoridad en la nueva etapa.,Los conflictos sociales recobran movimiento luego del cambio de gobierno, en la perspectiva de convertirse como estaba previsto en un test básico de la gobernabilidad, como efectivamente lo ha sido desde 1998. En el último año del gobierno de Ollanta Humala, el número de conflictos superó ligeramente los 200 con las características conocidas, especialmente: 1) una baja de tasa de solución desde el Estado; 2) la gran incidencia de las controversias alrededor de la actividad minera; y 3) el alto grado de violencia e incluso hechos de sangre. Desde el año 2014 se reportan menos conflictos aunque entre el 2014 y 2015 el número de muertos aumentó, incrementándose también la cifra de heridos. A lo largo del gobierno de Humala, han fallecido en conflictos sociales por lo menos 90 personas y más de 2,300 resultaron heridas, una buena parte de ellas policías. El último reporte mensual de la Defensoría del Pueblo correspondiente a julio de este año da cuenta de 211 conflictos sociales, 154 de ellos activos, de los cuales el 25% se concentran en tres regiones: Apurímac (24), Áncash (22) y Puno (18). Los conflictos están ahí y el gobierno ha tomado nota de eso. De cara a la nueva situación, el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), ha anunciado que irá a Islay (Arequipa), donde se encuentra el emprendimiento de Tía María, y antes señaló que sus vicepresidentes serán los encargados de abordar los conflictos. A ello se agregan dos datos: el paro de 24 horas que acatarán esta semana los vecinos de los distritos de Ocuviri (provincia Lampa) y Llalli (provincia Melgar) contra dos empresas mineras a las que acusan de contaminar las cuencas donde se asientan; y el inicio el próximo 7 de setiembre del diálogo entre el Gobierno, la minera MMG Las Bambas y las comunidades de la provincia de Cotabambas (Apurímac). En el nuevo momento debe recordarse las principales líneas que condujeron al fracaso de la gestión de los conflictos sociales en el período anterior. La más perniciosa de las ideas es la que afirma que ante los conflictos debe primar la recuperación plena del principio de autoridad, lo que ha llevado a la caída de gabinetes que lo propugnaban como luego del Arequipazo (Roberto Dañino), Baguazo (Yehude Simon), y Conga/Espinar (Óscar Valdés). La innegable necesidad de autoridad en un Estado de Derecho no debe excluir otros principios, como el del diálogo y la justicia. Se ha investigado y evidenciado demasiado sobre la percepción de las poblaciones en conflicto que sienten que el Estado siempre está al otro lado, y sobre la práctica equívoca de reducir el manejo del conflicto a explicar a los pueblos supuestamente manipulables y desinformados las bondades de un proyecto. En la nueva situación son alentadoras las recientes decisiones, como la legalización de la Mesa de Diálogo de Las Bambas por el Ministerio de Energía y Minas y el anuncio de la visita de PPK. Este talante debe ser respondido positivamente, lo que no ha hecho el Presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo (Islay) que sin esperar el diálogo ya ha descalificado al gobierno.

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