Asociaciones de jueces rechazan decisión del PJ al negar acceso a justicia especializada a personas LGTBI

Ante la suscripción del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial al convenio “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad” sin considerar a la comunidad LGTBIQ, la Asociación Peruana de Mujeres Juezas (APMJ) y la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) emitieron un comunicado expresando su rechazo a las resoluciones expedidas el pasado viernes 17 de julio.

Recientemente, se modificaron las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad”, con el objetivo de que personas con riesgo de sufrir graves delitos en su contra puedan acceder a la justicia de manera especializada. Sin embargo, excluyeron las esferas de orientación sexual e identidad de género como categorías de vulnerabilidad; es decir, negó la justicia sin discriminación a la población LGTBI.

“Dicha medida no solo va en contra de los acuerdos de la Cumbre Judicial Iberoamericana llevada a acabo en San Francisco de Quio, Ecuador, (...) sino, además, no supera ningún control de constitucionalidad ni de convencionalidad”, señalaron los organismos de jueces y juezas del Perú a través de un comunicado.

En ese sentido, manifestaron su rechazo a esta medida citando el fallo histórico de la CIDH al declarar responsable a Perú por torturas y violación sexual a las personas LGBTI por el caso de Azul Rojas Marín, mujer trans agredida y abusada por agentes policiales, así como las sentencias del Tribunal Constitucional, la Opinión Consultiva N°24/2017 y el Informe Defensorial N°175 de la Defensoría del Pueblo.

“Como juezas y jueces del Perú lamentamos el dolor que medidas como estas pueden causar a millones de peruanos/as, y esperamos que las resoluciones del CEPJ puedan ser reconsideradas”, señalan en el texto.

En este comunicado, la APMJ y la JUSDEM sostienen que con estas resoluciones del Poder Judicial se estaría eliminando toda posibilidad futura de implementar las políticas institucionales para la protección integral de derechos y de acceso a la justicia para la comunidad LGTBI.