Dos financistas de las apelaciones de Keiko Fujimori son dueños de tragamonedas

Rubén Awa Matsukawa, representante de la Sociedad Nacional de Juegos de Azar (Sonaja), e Iván Katekaru Gushiken, empresario del sector en cuestión, son dos de los 17 financistas de las más de 300 apelaciones que presentó el partido Fuerza Popular ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Según una investigación de OjoPúblico, ellos pagaron 39 tasas que sumaban más de S/ 25.000 (cada una está S/ 660), lo cual significa el 12,6% de los más de S/ 200.000 que fueron aportados para el partido naranja, lo cual según la normativa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tendrá que declararse como aportes de campaña.

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El representante de Sonaja, quien también es tesorero de esta entidad desde 1998, se desempeña además como apoderado de Inversiones Kyodo, cuyo nombre comercial es Emporium. El pago de 23 recursos legales fue con su aporte de S/ 15.180.

Por su parte, el empresario dueño de la cadena Mythic, perteneciente al sector tragamonedas y juegos de azar, posee cuatro locales en diferentes partes de Lima y también una sala de juegos en Tarapoto llamada Bambú. Este financió 16 tasas, por las cuales pagó S/ 10.560.

El portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene los comprobantes de pago de las 39 tasas, en donde se puede comprobar el número del documento de identidad de los empresarios mencionados, que están impresos en el boucher.

Vinculación del fujimorismo con empresas de tragamonedas

Desde la gestión del expresidente Alberto Fujimori, el sector de juegos de azar tiene un vínculo estrecho con el fujimorismo, pues este lo favoreció con el pago del impuesto general a las ventas (IGV), con medidas que, según el Ministerio de Economía y Finanzas, han evitado la recaudación de S/ 400 millones al año desde el 2017.

En el 2018, el excongresista Miguel Torres y Fuerza Popular intentaron derogar el impuesto selectivo al consumo para los juegos de azar promovido por el Gobierno, a través de un proyecto de ley que al final no fue aprobado.

La acusación fiscal contra Keiko Fujimori por el caso Lava Jato señala que el dictamen impulsado por Fuerza Popular intentó “favorecer a grupos de poder empresarial vinculados a la organización criminal”, pues en el 2016 Torres integró el estudio Torres y Torres Lara, que defiende a clientes del sector de tragamonedas.

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