Keiko afirma que la corrupción “atacó” al gobierno de Alberto Fujimori

Keiko Fujimori, quien aspira por tercera vez a la presidencia de la Republica, sostuvo en la mañana de este sábado que la corrupción “atacó” al gobierno dictador de su padre Alberto Fujimori, quien purga condena por este delito.

En sus declaraciones con RPP, la lideresa de Fuerza Popular, sin aceptar los errores de su progenitor por este y otros delitos, señaló que el problema, que genera cada año pérdidas de millones de soles de los peruanos, “ataca” a diferentes gobiernos.

“Es verdad que la corrupción atacó el gobierno de mi padre. Fuerza Popular todavía no ha tenido la oportunidad de ejercer el cargo de Gobierno. Pero la corrupción no nace en el gobierno de Alberto Fujimori, el problema de este flagelo es transversal y lamentablemente viene atacando a diferentes gobiernos a lo largo de muchísimas décadas”, comentó.

Al ser consultada por la ‘mochila pesada’ que significan las sentencias que tiene Alberto Fujimori para su campaña electoral, Keiko Fujimori mencionó que todas las agrupaciones políticas también han estado vinculadas a la corrupción.

“He criticado que en este aspecto hemos visto a varios acusadores levantar su dedo, pero todos los grupos políticos lamentablemente se han visto afectados a través de los diferentes gobiernos, sobre todo en los últimos 20 años”, mencionó.

Tras comentar esto, la heredera del fujimorismo señaló que entre sus propuestas para luchar contra la corrupción es el empoderar a la Contraloría de la República, al darle capacidad sancionadora y control concurrente “para que puedan sacar a los funcionarios de encontrar evidencias”.

Además, mencionó que darán mayor transparencia en los procesos de adquisiciones del Estado, e impulsarán la creación de una plataforma de protección a los denunciantes de los presuntos actos de corrupción.

Por otro lado, Keiko Fujimori dijo que también hubiera votado a favor de la inhabilitación de Martín Vizcarra de la función pública por 10 años, decisión tomada por el Pleno del Congreso en la noche del último viernes.

La hija de Alberto Fujimori alcanzó 13,368% de respaldo en la jornada del 11 de abril, por lo que pasará a la segunda vuelta el 6 de junio frente a Pedro Castillo, candidato de Perú Libre.

La corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori

Keiko Fujimori además durante la campaña electoral de la primera vuelta dijo que su padre “no ha sido sentenciado por temas de corrupción”. Sin embargo, esta afirmación es falsa, como lo comprobó la alianza PerúCheck.

Esto se demuestra con la resolución judicial que sentenció a Alberto Fujimori por 7 años y medio de prisión por el delito de peculado doloso y falsedad ideológica el 20 de julio del 2009.

Esta nueva condena se determinó en el 2009, tras haber sido hallado responsable y haber confesado de haberse apropiado de $ 15 millones para pagarle a su exasesor Vladimiro Montesinos por compensación de tiempo de servicios (CTS) y saliera del país.

Además, Alberto Fujimori purga una condena de 25 años por los delitos de homicidio calificado con alevosía y secuestro agravado en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.

Otra de la sentencia en su contra es por seis años de prisión por usurpación de funciones al ordenar a un militar suplantar a un fiscal para allanar la casa de Trinidad Becerra, la esposa de su asesor Vladimiro Montesinos para retirar material que lo comprometía, incluyendo a los ‘vladivideos’.

Fujimori Fujimori también fue condenado por la compra de congresistas tránsfugas, Cable Canal de Noticias, la línea editorial del diario “Expreso” y por el espionaje a políticos y periodistas.

La última condena impuesta a Alberto Fujimori es por haber ordenado el desvío de S/122 millones de los fondos de las Fuerzas Armadas al Servicio de Inteligencia Nacional para financiar los llamados diarios chicha. En el 2016, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez Javier Villa Stein, lo absolvió del delito de peculado variando su pena de ocho años de prisión efectiva a tres años de inhabilitación.

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