Rafael López Aliaga denunció a 17 funcionarios porque le quitaron monopolio ferroviario

Como representante de la compañía Peruval Corporation, Rafael López Aliaga denunció penalmente a 17 funcionarios gubernamentales que participaron en la elaboración, aprobación y emisión de un decreto supremo que modificó el Reglamento Nacional de Ferrocarriles. El dispositivo legal lo que hizo fue permitir el acceso a otras empresas al mercado ferroviario en el Cusco, que era dominado por López Aliaga.

El Decreto Supremo N° 031-2007-MTC, del 29 de agosto de 2007, acabó con más de 8 años de posición de dominio de la empresa de López Aliaga en el negocio ferroviario en el Cusco, desde que el 20 de septiembre de 1999 el régimen de Alberto Fujimori le entregó la concesión de las vías ferroviarias de la región andina sureña.

Con la modificación del reglamento, se introdujeron “requisitos para el otorgamiento de permisos de operación para el transporte ferroviario, lo que contribuirá a generar condiciones de competencia en la prestación de dicho servicio en las vías concesionadas”, algo que no estaba permitido en el contrato de concesión que López Aliaga suscribió con el gobierno de Fujimori.

López Aliaga es propietario del 50% de acciones de Peruval, la que a su vez es dueña del concesionario de los ferrocarriles del sur y del oriente, Fetransa. La compañía PeruRail es un operador de Fetransa y que administra la millonaria ruta Cusco-Machu Picchu.

Con el nuevo reglamento pudieron ingresar empresa competidoras como Inca Rail y Andean Railways, lo que generó la indignación de López Aliaga, quien denunció a los 17 funcionarios de presunto favorecimiento ilegal de dichas compañías. El empresario les atribuyó los presuntos delitos de fraude procesal y colusión.

Entre los denunciados se encontraban la exministra de Transportes y Comunicaciones Verónica Zavala; y el exviceministro de Transportes Carlos Puga Pomareda.

Contactado por La República, Puga prefirió no ofrecer declaraciones, pero el exfuncionario escribió en un blog personal sobre la denuncia de López Aliaga. Quiso enviar a prisión a 17 funcionarios porque abrieron el mercado ferroviario.

“Durante 9 años el operador vinculado a Fetransa, PeruRail, tuvo el monopolio del servicio en esta vía (Cusco-Machu Picchu), ya que por diversas razones el concesionario se negó a permitir el acceso de un nuevo operador”, escribió el exviceministro: “Ante este hecho, el MTC y el Ositrán (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público), evaluaron la situación (...) y el MTC emitió un decreto supremo modificando algunos artículos del reglamento de ferrocarriles (para permitir el acceso a otros inversionistas en beneficio de los usuarios)”.

López Aliaga denunció a Puga por fraude procesal y colusión desleal. La primera, porque Puga presentó una queja ante la Sala Civil de Cusco contra una acción de amparo que un juzgado cusqueño dictó suspendiendo la modificación del reglamento de los ferrocarriles. La sala accedió al reclamo de Puga. Así que López Aliaga recurrió al Tribunal Constitucional y también fue rechazado.

La segunda imputación de colusión desleal fue más grave porque López Aliaga lo acusaba de haber confabulado con las empresas privadas.

“(López Aliaga me) imputaba haber realizado cambios en el reglamento de ferrocarriles para favorecer exclusivamente a dos nuevos operadores entrantes, poniendo en peligro la seguridad de los pasajeros y la integridad de la vía. (Sin embargo, los cambios fueron) sustentados en un informe técnico y legal de las áreas correspondientes del MTC y avalados por el regulador Ositrán”, señaló Puga. Por las mismas razones, la denuncia penal de López Aliaga fue desestimada.

La versión de Nakazaki, abogado de RLA

César Nakazaki, abogado del caso de Rafael López Aliaga, explicó que su cliente estimaba que los funcionarios del MTC aparentemente favorecieron a otras empresas.

“Un lobista importante quería establecer una empresa en el Cusco y descubrimos que había conseguido la modificación del reglamento de transporte ferroviario. Logramos conocer que en un solo día, diez direcciones habían emitido informes para permitir la modificación del reglamento y que por eso la empresa entró a tallar”, explicó.

Nakazaki reconoció que el caso terminó archivándose “porque no es lo mismo denunciar a un funcionario en actividad que a otro en retiro”.

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