17 candidatos con demandas laborales y otros 39 reportan fallos contractuales
Hojas de vida. El candidato presidencial Ciro Gálvez (RUNA) fue obligado judicialmente a pagar por despido arbitrario. El partido APP concentra el mayor número de casos: tres con demandas laborales y cinco contractuales. 16 evitan detallar sus casos.
Además de llevar candidatos con sentencias penales, fallos para el pago de alimentos o por violencia familiar, la mayoría de partidos llevan también en sus listas a postulantes que enfrentaron demandas laborales o procesos civiles contractuales que culminaron en órdenes de pagos a favor de terceros.
En cuanto a demandas laborales, son 17 los postulantes que reportaron estos casos y pertenecen a 10 partidos: Alianza para el Progreso (3 casos), Avanza País (3), Somos Perú (2), Podemos Perú (2), Democracia Directa (2), Partido Morado (1), PPC (1), RUNA (1), Partido Nacionalista (1) y Perú Libre (1).
Dentro de este bloque se encuentra nada menos que el candidato presidencial por el partido RUNA (Renacimiento Unido Nacional), Ciro Gálvez Herrera. Abogado de profesión, este postulante es conocido en Huancayo por conducir una notaría. En su hoja de vida reporta dos expedientes en juzgados transitorios laborales que le ordenan el pago de indemnización por despido arbitrario.
En el grupo de candidatos con demandas laborales se encuentra también Carmen Omonte, candidata a primera vicepresidenta por Alianza para el Progreso (APP), quien reporta un proceso del 2015 que fue declarado fundado en parte.
En su organización política reportan similares procesos los candidatos congresales Segundo Jacome (número 3 en Áncash) y Marcial Palomino (número 1 en Lima provincias). En el caso del primero, le ordenan pagar CTS y vacaciones truncas, y el segundo no ofrece mayor detalle del proceso que tuvo.
Hay otros tres postulantes que tampoco dan detalles de las demandas laborales que enfrentaron. Es el caso de Edwin de la Cruz Ponce, postulante con el número 24 de Avanza País por Lima. En su hoja de vida reporta una sentencia fundada, pero evita dar precisiones.
Lo mismo ocurre con Rosa Bautista, número 32 de Podemos Perú por Lima, y Virgilio Huerta, número 4 de Perú Libre por Áncash. Ambos optan por no detallar ante la ciudadanía los detalles de las demandas laborales que enfrentaron.
Más secretismo
Con respecto a los candidatos con demandas contractuales, son en total 39 los que dan cuenta de este tipo de demandas en sus respectivas hojas de vida.
Los cinco partidos con mayor número de candidatos con demandas contractuales son Democracia Directa (6), Partido Morado (5), APP (5), Victoria Nacional (4) y Avanza País (4).
De los 39 con demandas contractuales, hay 12 que tampoco brindan detalles de sus procesos. Apenas se limitan a informar que las demandas fueron declaradas fundadas.
Dos son de las filas de Democracia Directa: María Merino (número 2 por Lima) y Raúl Viena (número 2 por Ucayali).
En APP son tres: Mario Benavente (1 por Puno), César Correa (5 por Piura) y Williams Flores (4 por Tacna).
Otros dos corresponden a Victoria Nacional: Jesús Alcalá (1 por Lima provincias) e Irinuzka Puelles (6 por Cusco). Dos son de Avanza País: Silvio Muñoz (20 por Lima) y Erika Ruiz (2 por Loreto, con exclusión).
Los otros tres son María Bulnes (UPP, 2 en Áncash), Segundo Vásquez (Fuerza Popular, 19 en Lima) y Yanina Poveda (Perú Libre, 2 en Cajamarca).
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