Navegantes que sanan heridas
Un grupo de especialistas recorre los ríos de la Amazonía llevando atención psicológica a los habitantes de las comunidades más alejadas de Loreto, donde la violencia intrafamiliar es un grave problema al que nadie parece estar prestándole atención.
De entre las decenas de historias terribles que ha conocido a lo largo de sus recorridos por los ríos de la Amazonía peruana, la psicóloga Luna Dannon (25) no puede olvidar la de esa chica.
La conoció en una comunidad remota de la cuenca del Marañón, en uno de los primeros viajes que hizo como parte de la Alianza por la Amazonía frente al COVID-19, una iniciativa de CEDRO en alianza con el Programa Médico Esperanza Amazónica del Perú, con el apoyo técnico y financiero de USAID Perú.
Después de vencer su desconfianza, la muchacha le habló de las golpizas que le propinaba su padre desde que era pequeña, una de las cuales le dañó el hombro de por vida. Le contó del día en que un vecino la drogó y violó y la dejó abandonada en una casa que no era la suya, y que cuando ella despertó, la dueña de la casa le dijo que debía darle dinero por haber dormido allí, y que como ella no tenía, fue denunciada ante el teniente gobernador y terminó encerrada en el calabozo. La chica le contó a Luna que cuando su padre la fue a sacar, la insultó, la golpeó y la botó de la casa. Y le confesó que ha tratado de matarse varias veces. Cuando Luna la encontró, había transcurrido solo un año desde aquel episodio.
Informe Selva
La psicóloga Annie Palacios (29) recuerda el caso de aquella mujer, golpeada desde muy niña por un padre alcohólico, entregada a los 15 años a un hombre mucho mayor que la masacraba cada vez que quería y que la embarazó una y otra vez. Recuerda que le contó de la vez que, en una inundación, embarazada de ocho meses, tuvo que meterse al agua durante tres días para proteger su casa y que en cierto momento vio una mancha de sangre a su alrededor y se dio cuenta de que estaba sufriendo un aborto. La mujer le dijo que esperó horas a que su marido llegara, sintiéndose morir, y que una vez en el hospital perdió la conciencia y que la recuperó tres días después, cuando su bebé ya había sido enterrado. Le contó que estaba sola y que el vigilante no la dejó irse porque tenía que firmar unos papeles y ella no sabe escribir y que pasó 20 horas sentada en la puerta del hospital hasta que alguien se apiadó de ella y la ayudó a salir.
Annie dice que esa mujer le contó muchas otras cosas más, casi todas terribles. Cuando, hacia el final de la sesión, la psicóloga le preguntó si le había contado todo eso a alguien, ella le dijo que no. Que en su entorno eso era más o menos normal y que sus hermanas y vecinas habían pasado situaciones parecidas.
La vida en estas comunidades puede ser un infierno, sobre todo para los niños y las mujeres.
Cada vez que Annie, Luna y sus colegas Juan Pacahuala (40), Solange Álvarez (30) y Bianca Viacava (24) llegan a estas comunidades, se encuentran con historias cada una más terrible y dolorosa que la anterior.
Son historias de ciudadanos que viven en la precariedad, muchos sin servicios básicos, muchos desconectados de la sociedad, que a esta situación difícil le añaden un problema tan grave como frecuente: la violencia.
Allí donde ningún servicio de salud mental ha llegado antes, estos psicólogos y psicólogas llegan, navegando los ríos, para escuchar con atención, prestar apoyo y brindar consuelo.
Informe Selva
Herencia de violencia
La Alianza por la Amazonía frente al COVID-19 es un proyecto que iniciaron CEDRO y USAID con el fin de mitigar los impactos sociales y económicos causados por la pandemia en las comunidades indígenas de la Amazonía. Desde el año pasado vienen prestando atenciones en salud mental y talleres de educación financiera a poblaciones de Junín, Pasco, Ucayali y Huánuco.
En abril de este año se aliaron con el Programa Médico Esperanza Amazónica del Perú, que desde hace 16 años viene navegando los ríos de Loreto brindando servicios de salud a las comunidades de esa región. El acuerdo significó incorporar en sus viajes a un equipo de psicólogos que se ocupara de la salud mental de los pacientes.
Lo que los especialistas encontraron en sus primeros viajes fueron problemáticas que se repetían en cada comunidad.
–La principal fue la violencia en las familias, que es intergeneracional porque empieza con los padres que golpean a sus hijos y sigue con estos golpeando a sus parejas y a sus propios hijos y se repite generación tras generación– dice Luna Dannon.
También vieron un alto índice de embarazos adolescentes y de relaciones de pareja con grandes diferencias de edad. Un alto consumo de alcohol, que no es la causa principal de la violencia, pero que la exacerba, bajísimos niveles educativos y puestos de salud en estado calamitoso.
–Es verdad que esta violencia se da en otras partes del país– dice Luna–, pero la diferencia es que esta es una población vulnerable. Estas mujeres están en zonas a las que solo se puede llegar por río y sin dinero no tienen cómo escapar. Muchas no tienen acceso a teléfono ni a Internet y no tienen información de las instituciones que las pueden ayudar en caso de violencia.
–En el ámbito de salud mental, estas comunidades están abandonadas– dice, por su parte, Solange Álvarez. –Muchas veces vienen a consulta médica por dolores de cabeza y cuando los mandan con nosotros, salen las historias de violencia familiar, que causa cuadros de ansiedad, estrés y a veces depresión.
Cuando, hace unos días, DOMINGO acompañó a estos psicólogos por las comunidades de Ramón Castilla y Vista Alegre, en el Bajo Ucayali, comprobó las condiciones de pobreza y abandono en las que viven: adolescentes cargando a sus hijos, algunos hombres ebrios por las calles, sin puestos de salud, en uno de los casos sin colegio.
Juan Pacahuala hace notar que estas condiciones difíciles se agravaron con la pandemia: la pérdida de ingresos que les causó no poder vender sus productos en la ciudad de Nauta y cerrarse para protegerse del contagio les ocasionó, a su vez, estrés y, muchas veces, ansiedad.
Todos coinciden, sin embargo, en que el problema más grave es el de la violencia cotidiana en la que viven niños, niñas y mujeres, que existía antes del COVID-19 y que seguirá existiendo cuando este se haya ido.
Juan Pacahuala en el ingreso a Ramón Castilla, pueblo del Bajo Ucayali.
¿Qué hacer?
–En primer lugar, el hecho de escucharlos ya es terapéutico– dice Luna. –Nunca han tenido a nadie que escuche lo que sienten. Y luego está el identificar con ellos los recursos individuales, las redes de apoyo que tienen para salir adelante.
Solange cuenta que para intentar romper el círculo de violencia están dando charlas a los padres sobre crianza respetuosa. Y están capacitando a los líderes de las comunidades para que presten contención emocional a sus pobladores.
Sin embargo, el trabajo de los psicólogos de la Alianza por la Amazonía frente al COVID tiene sus límites. Ellos no pueden tramitar denuncias de violencia ni mucho menos detener a los perpetradores. Tampoco está en sus manos mejorar los servicios de salud y educación. Pero hasta que el Estado se haga cargo, ellos seguirán prestando un valioso apoyo a los peruanos que necesitan sanar sus heridas.
