Adiós a los exámenes de ingreso
El presidente Castillo anunció el ingreso libre a las universidades durante su gobierno. ¿Es viable? ¿Cuánta inversión requerirá? ¿Están preparadas las casas de estudios? Y, sobre todo, ¿significará por fin la materialización del derecho supremo a la educación superior o, por el contrario, será el final de la meritocracia?
Significaría el final de un ritual entrañable: el corte del pelo a los cachimbos. Una novatada que es a la vez un tosco pero cariñoso reconocimiento de la familia y los amigos al estudiante que logró la proeza de superar el desafiante examen de admisión. Ingresar a una universidad pública no es fácil y por eso ser cachimbo de cabeza rapada puede ser un distintivo de orgullo.
Permitir el libre ingreso a la universidad, por otro lado, significaría que puedan acceder a la educación superior muchos jóvenes que no tienen los recursos para pagar academias de preparación y, menos, para estudiar en una universidad privada.
El anuncio que formuló el presidente Pedro Castillo en su Mensaje de Fiestas Patrias fue recibido con beneplácito por quienes desde hace años critican la desigualdad que existe en la educación superior: accesible sobre todo para los que pueden pagarla. Como dice el rector de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), Carlos Vásquez Boyer, esta medida constituiría “la materialización real del derecho a la educación universitaria”.
Sin embargo, es necesario saber qué tan viable sería llevar esta reforma a cabo, cuál será su impacto real en la sociedad y si no existen otras alternativas que logren, con menor tiempo y recursos, la ansiada democratización de la educación superior.
–Es muy importante ver cómo será el proceso de transición de la situación actual a un sistema de admisión universal–dice el investigador en temas educativos Hugo Ñopo. –Eso no es sencillo, esa transición tomaría mucho tiempo, mucho más que los cinco años que tiene este gobierno, y muchísimo dinero, que no sé si estemos en condiciones de invertir.
Desde el lado estudiantil, los dirigentes de la Federación de Estudiantes del Perú (FEP), el gremio universitario más importante del país, coinciden en parte con esta postura.
–Es una propuesta con la cual simpatizamos– dice su secretario general, Marco Apaza –pero entendemos que no es una realidad a corto plazo porque sabemos que eso implica un gasto importante y entendemos que hay prioridades. Estamos en medio de una pandemia y para nosotros primero es la vida y después todo lo demás. Es un horizonte que tenemos que alcanzar en algún momento. En el corto plazo va a ser muy complicado.
Hace unos días, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX) calculó cuánto le costaría al gobierno implementar el ingreso libre a la universidad: actualmente ingresan alrededor de 60 mil nuevos estudiantes, lo que significa un poco más de 300 mil matriculados en todas las universidades públicas. Si se duplica el número de ingresantes, se requeriría un presupuesto adicional de 493 millones de soles al año, que en un período de cinco años sumarían más de 2,466 millones de soles.
¿De dónde sacará el gobierno esos recursos?
ALTA DESERCIÓN
Los defensores de la medida citan el ejemplo de Argentina, donde la educación superior es de libre acceso desde los años 50 y donde se aplica en instituciones como la Universidad de Buenos Aires (UBA), una de las más prestigiosas de la región.
Sin embargo, así como la tasa de ingreso es alta, la de deserción también lo es. Según el Centro de Estudios de Educación Argentina (CEA), solo tres de cada diez estudiantes terminan sus estudios, cifra que en Brasil es cinco y en Chile, seis. En el Perú, la tasa de deserción el año pasado fue de 16% (lo que significa que ocho de cada diez acaban la universidad).
–En el Perú, uno de cada cinco jóvenes deserta y eso ya es bastante alto porque implica el quiebre de muchos sueños, aspiraciones y una inversión de dinero importante de muchas familias– dice Hugo Ñopo. –Ahora, si abres las puertas a la universalidad, lo más probable es que la deserción aumente muchísimo. ¿De qué sirve hacer que nuestros jóvenes pierdan uno, dos, tres o hasta cuatro años yendo a una universidad de la cual no se van a graduar?
Para el investigador, hay una brecha entre la formación con la que los jóvenes salen del colegio y la que les exige la universidad, pero dice que la respuesta no debe ser bajar la valla de ingreso, sino subir los estándares de la educación secundaria.
El secretario general de la FEP también coincide en la necesidad de fortalecer la educación básica, en particular el quinto año de secundaria, pero va más allá. En opinión de Marco Apaza, lo que el gobierno debe hacer en el corto plazo es 1) aumentar el número de vacantes de las carreras que más demande la sociedad y 2) abandonar al actual modelo de examen de admisión, al que los estudiantes consideran desfasado, e implantar exámenes de suficiencia académica, según especialidades.
–Al mismo tiempo, acabar con las mafias enquistadas en las universidades públicas y aumentar el presupuesto– dice.
PLAN PILOTO EN TRUJILLO
Hace unos días, el rector de la Universidad Nacional de Trujillo le pidió al ministro de Educación, Juan Cadillo, que el suyo sea el centro de estudios piloto del sistema de ingreso libre. Poco después se reunió con un grupo de funcionarios de esa cartera a los que les explicó su propuesta, una idea que viene trabajando hace algún tiempo.
En diálogo con DOMINGO, el rector, Carlos Vásquez Boyer, explica que el plan consiste en que el ingreso libre sea para los estudiantes del tercio superior de las escuelas secundarias.
La idea es que el examen de admisión se mantenga, con la diferencia de que los que no lo aprueban se matriculen igual y lleven todos los cursos del primer año, hasta que en el examen siguiente lo vuelvan a intentar. Si lo aprueban, convalidan automáticamente sus cursos. Si no lo aprueban, podrían intentarlo el siguiente año, por última vez. Si tampoco así lo consiguen, dejarán la universidad, pero lo harán con las competencias certificadas de lo que aprendieron.
Vásquez dice que con este modelo la UNT podría duplicar el número de ingresantes anuales, que hoy es de 3600 estudiantes. Dice que les han explicado a los funcionarios que requerirían unos 106 millones de presupuesto adicional para financiar la contratación de más profesores y la implementación de los laboratorios y otras áreas.
–Hay un criterio importante y es que el Estado debe brindar información respecto al número de profesionales que necesita de cada especialidad– dice. –Porque lo que no queremos es sobre poblar el mercado con una profesión para la que no haya la suficiente demanda.
A Hugo Ñopo, la idea de permitir el ingreso libre a los alumnos del tercio superior no le parece mala a priori, pero que, en cualquier caso, hay que examinar bien sus pros y sus contras.
–La universalidad en el sentido estricto de la palabra va a ser imposible– dice. –Vamos a tener que encontrar formas de semiuniversalidad, como esta que planteas. Cada una tendrá sus bemoles. Lo del tercio superior es una posibilidad, pero habrá que buscar otras alternativas.
