El virrey negocia un armisticio en vano

Por: Natalia Sobrevilla Perea

La llegada de la Expedición Libertadora a Paracas el 8 de septiembre de 1820 dio inicio a la campaña final por la independencia del Perú. La lucha, sin embargo, no se limitó al enfrentamiento militar; la disputa por el poder simbólico y práctico también fue importante.

El primer acto político de José de San Martín al desembarcar en la bahía de Paracas fue presentar la declaración del cese del gobierno español en el Perú. Lo hizo el mismo 8 de septiembre para afianzar su legitimidad y liderar la campaña, dejando en claro que su misión era “restablecer a los habitantes de esta interesante región en el goce de sus derechos, y promover su felicidad, arrancándolos para siempre del yugo español”.

Señaló ser “el amigo nato de las instituciones liberales” y querer “conservar el orden más perfecto garante de la felicidad”, y procedió a revestirse de la autoridad suprema debido al “imperio de las circunstancias”, decretando que en todos los lugares que ocupara el ejército libertador dejaría de haber autoridades militares españolas, pero que las cabezas civiles continuarían mientras demostraran su adhesión a la causa.

La noticia llega a lima

La noticia llegó casi inmediatamente a Lima. El 11 de septiembre, el virrey Joaquín de la Pezuela le escribía al Ministerio de Guerra indicando que seguiría las órdenes del 11 de abril y entablaría negociaciones pacíficas con “los jefes de los países disidentes”.

La situación en España había cambiado dramáticamente en marzo de 1820 con la reimplantación de la Constitución liberal promulgada en Cádiz en 1812.

Al recibir las noticias del desembarco, Pezuela mandó inmediatamente una carta a Pisco anunciando que “las paternales aspiraciones de Su Majestad” buscaban evitar los horrores de la guerra. En estas circunstancias se dio la ceremonia pública de proclamación de la Constitución el 15 de septiembre y la jura en varias parroquias el 17. En su diario, Pezuela escribió que no hubo ninguna demostración de alegría ante las procesiones de soldados, hasta que se lanzaron monedas de oro a la multitud en la plaza

El virreinato se defiende

A pesar de esta falta de entusiasmo, la Constitución de Cádiz fue la base de las negociaciones en el pueblo de Miraflores entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre.

Por parte de San Martín acudieron el porteño Tomás Guido y el neogranadino Juan García del Río, mientras que por al virrey se hicieron presentes los limeños Hipólito Unanue y José González de la Fuente, conde de Villar de Fuentes. Pero como algunos recelaban de estos últimos por ser naturales del Perú, según el general español Andrés García Camba, también fue enviado el capitán de navío Dionisio Capaz, quien era peninsular y había sido diputado a Cortes en 1812.

Unanue, que nosotros recordamos como uno de los “precursores” de la independencia, fue un muy leal servidor de la corona española. El ariqueño que había estudiado en Arequipa, que fue miembro de la Sociedad de Amantes del País y que en 1790 contribuyó con el Mercurio Peruano, fue nombrado al protomedicato por el virrey Fernando de Abascal en 1807, y se mantuvo leal al rey hasta firmar la declaración de independencia en Lima, el 15 de julio de 1821.

Mesa de negociaciones

Guido y García del Río, que habían desembarcado con San Martín, llegaron a Miraflores el 24 de septiembre. Al día siguiente comenzó la primera reunión.

Desde el inicio, el problema principal fue el de la legalidad de las negociaciones, ya que quienes habían venido con la Expedición Libertadora esperaban que se les reconociera como una autoridad independiente, algo que los representantes del virrey no estaban dispuestos a aceptar.

Ellos no consideraban que los gobiernos de Chile y de Buenos Aires existieran legalmente y, por tanto, sus negociadores solo podían tener el carácter legal de '"invasores", considerando además que, según los realistas, nada podría proporcionar más libertad civil y política a los americanos que la Constitución de Cádiz.

Lograron acordar finalmente que en los documentos oficiales figuraran como “diputados del general San Martín” y con eso convinieron en un armisticio, que fue firmado esa misma noche por el virrey. El 27 de septiembre, los representantes de San Martín dejaron en claro y por escrito que entrarían en una negociación pacifica solo si lo acordado no contravenía los principios establecidos por los gobiernos libres de América.

Era una maniobra dilatoria

El 28 de septiembre, Guido y García del Río señalaron que no podían aceptar la Constitución de Cádiz porque no otorgaba a los americanos los mismos derechos que a los españoles. En ese momento, cada uno de los lados pidió al otro replegarse y abandonar sus pretensiones

La negativa de jurar la Constitución gaditana llevó a los representantes del virrey a declarar que no se trataba de países ajenos los que se estaban desbaratando, y que al no aceptar sus condiciones despedazaban a la misma Patria, porque no eran enemigos, sino hermanos. Acompañaban estas palabras diciendo que la Expedición Libertadora debía de volver a Chile y cesar las hostilidades.

Entonces, ¿era posible negociar la paz? Desde el momento en que el punto central en discusión fue la legalidad de las independencias de Chile y de las provincias de Buenos Aires, las negociaciones de paz estuvieron destinadas al fracaso. Si bien tanto el virrey como San Martín señalaban en los documentos oficiales que buscaban una solución pacífi ca, en su correspondencia privada con otros personajes, ambos hablaban de cómo las negociaciones no eran más que una estrategia para ganar tiempo. La guerra era entonces el único camino posible y a partir del 5 de octubre de 1820 se reiniciaron las hostilidades.