InformeSeis de cada diez venezolanos llegados al Perú son profesionales, pero trabajan en el subempleo o la informalidad, afectando la economía de los peruanos más pobres. ¿Cómo hacemos para sacarlos de las calles? ¿Y qué están haciendo otros países al respecto?,La última preocupación laboral de Francisco Fernández (47) en Venezuela fue, en su condición de subgerente de Banca de Empresas de un importante banco de su país, evaluar y aprobar un crédito de medio millón de bolívares a una empresa trasnacional de informática. En el Perú desde junio, una de sus últimas preocupaciones laborales ha sido hacer oídos sordos a la mujer que le gritaba que se regresara a su país, mientras él vendía bombas en la cuadra 12 de la Avenida Alfonso Ugarte. La mujer que le gritaba cosas no era otra vendedora ambulante, pero pudo haberlo sido. El impacto económico de la inmigración venezolana lo han sentido, principalmente, los peruanos que trabajan en actividades informales, como la venta ambulatoria o la atención al público en pequeños negocios y restaurantes. Y quienes han llegado a hacerles la competencia son, en una gran proporción, profesionales como Francisco Fernández –o Neyva Barboza o Eglis Arzolay–, que en su país ejercían sus carreras en empresas y entidades y que aquí, por necesidad, han tenido que lanzarse a las calles a vender arepas, bombas o café o aceptar empleos de horarios abusivos y sueldos ínfimos. ¿Qué está haciendo el gobierno peruano para facilitar la inserción laboral de estos profesionales y así reducir el impacto económico que hoy golpea sobre todo a los más pobres? ¿Qué podría hacer? En Argentina y Chile Rudecindo Vega, exministro de Trabajo, dice que "es una necesidad" que el gobierno defina una política de inclusión laboral para los venezolanos, con el fin de aprovechar el conocimiento y la experiencia de los médicos, los ingenieros y los maestros, entre otras profesiones, que han llegado como parte de la ola migratoria. –No somos un país en el que sobren profesionales como para estar mandando a los que llegan al subempleo y a la informalidad. Somos un país que necesita profesionales– dice. En Argentina, una nación que ha recibido muchísimo menos inmigración venezolana que el Perú, el gobierno ha establecido un acuerdo con la petrolera YPF para que emplee a parte de los 7 mil ingenieros venezolanos que han llegado a ese país en sus proyectos productivos, comenzando por el proyecto Vaca Muerta de Neuquén. También se busca incorporarlos a los proyectos productivos del Plan Belgrano y del Plan Patagonia. En Chile, el gobierno ha implementado un nuevo visado que permitirá que todos los inmigrantes –incluyendo a los venezolanos– sean ubicados geográficamente de acuerdo a las necesidades laborales del país. Previamente, los ministerios de Trabajo y de Economía realizaron un diagnóstico para identificar esas necesidades. ¿Qué hay del Perú? ¿El gobierno está planeando alguna medida similar? Se lo quisimos preguntar al director de Migración Laboral o a algún otro vocero del Ministerio de Trabajo pero, tras varios días de insistencia, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. –Lo único que hay hasta ahora es el PTP [Permiso Temporal de Permanencia], que es un permiso para trabajar, no una política de inserción laboral– dice el experto en inmigración José Koechlin. A su juicio, una de las primeras medidas que el gobierno debería tomar es hacer un diagnóstico que identifique los sectores y las zonas geográficas en las que faltan profesionales. Lo segundo –dice– debería ser flexibilizar los requisitos para que la SUNEDU les reconozca los grados y títulos. Varios de los venezolanos con los que conversamos se quejaron de que no podían legalizar sus títulos porque este organismo les pedía que tuvieran la apostilla de La Haya, que otorga la Cancillería venezolana. Conseguir ese sello demora y, debido a la corrupción, cuesta mucho. Le preguntamos al director de Grados y Títulos de la SUNEDU, Joseph Dager, si se podía flexibilizar este trámite. Para nuestra sorpresa, nos respondió que ya se había flexibilizado: la SUNEDU no exige la apostilla si es que el profesional puede probar por otros medios que se graduó. Esto se puede lograr cuando, por ejemplo, la universidad en la que estudió figura en una base de datos internacional que reúne grados y títulos de todo el mundo. Otra facilidad es reducir el costo de este trámite –645 soles– si el solicitante tiene la condición de refugiado o puede probar que su situación económica es difícil. El caso de los médicos En el año 2016 en Perú hacían falta unos 16 mil médicos especialistas en el Ministerio de Salud, unos 8 mil en Essalud y cerca de mil en las Fuerzas Armadas, según informó entonces el presidente de la Federación Médica Peruana. Dos años después, la situación sigue más o menos igual. Hacen falta gineco obstetras, pediatras, internistas, cirujanos, neurólogos, oftalmólogos y neonatólogos. Según el Colegio Médico del Perú (CMP), de los 34 mil especialistas colegiados, la mitad están en Lima y el Callao. El déficit se siente más en el interior del país. Casualmente, de los 1,976 diplomas profesionales provenientes de Venezuela que la SUNEDU ha reconocido desde enero del año pasado hasta agosto de este año, el 46% (1,133) son de médico cirujano. Después vienen los de odontólogos (217) y, más lejos, los de ingenieros (191), según los datos proporcionados por Joseph Dager a DOMINGO. Como se sabe, el reconocimiento del diploma no basta: hace falta la colegiatura. Jaime Morán, secretario del Interior del CMP, dice que en este momento hay 557 médicos venezolanos expeditos para ejercer su carrera legalmente. ¿Podrían ellos, sobre todo los especialistas, ayudar a enfrentar el déficit en el interior del país? Óscar Ugarte, exministro de Salud, cree que sí. –El déficit está en las zonas rurales y urbano marginales– dice. –Hoy en día no se están llenando todas las plazas del SERUMS [Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud], así que esta sería una buena oportunidad para incorporarlos. ¿Y los médicos venezolanos estarían dispuestos a ir? Se lo preguntamos a la neonatóloga Rosi García, natural del estado de Zulia. La neonatología es una de las especialidades más requeridas, sobre todo en las regiones donde las tasas de mortandad de recién nacidos son más altas. –Nuestra idea siempre es entrar al servicio público porque hay más estabilidad. Si me ofrecen irme al interior, por supuesto que aceptaría– dice. Un programa ambicioso Uno de los más escépticos sobre la posibilidad de incorporar a los venezolanos al mercado formal es Pedro Francke. El economista sostiene que para los locales la situación ya es difícil –el empleo se ha reducido 0.3% en el último año, según el Ministerio de Trabajo– como para que, encima, tengan que competir con los inmigrantes. Su propuesta es generar más empleo formal para todos, peruanos y venezolanos. ¿Cómo? Con un programa de empleo temporal de obras menores: mantenimiento de caminos, refacción y pintado de colegios, etc. Según sus cálculos, eliminando parte de las exoneraciones tributarias de las que hoy gozan mineras, bancos y agroexportadoras se podría obtener unos 6 mil millones de soles para financiar este programa, dando empleo a unas 200 mil personas. El exministro Rudecindo Vega recuerda que ya hay programas de promoción del empleo en el sector Trabajo, como Impulsa Perú, Jóvenes Productivos o Perú Responsable, y dice que lo que se debe hacer es relanzarlos y darles más recursos. Sea como fuere, se trata de ideas que buscan atender una situación que hoy es crítica. El gobierno, mientras tanto, sigue en el silencio.
