El sector Defensa formaliza su desacato a la Ley de Transparencia. Rechaza revelar su registro de documentos clasificados. Un juez constitucional definirá la controversia. ¿Qué dirá el nuevo ministro?,La gravísima denuncia de un Escuadrón de la Muerte operando en la policía tiene este ángulo especial: los presuntos asesinos emplearon fondos de inteligencia. Con este dinero habrían pagado a informantes que engañaban a delincuentes, llevándolos a una trampa mortal. El detalle del uso de estos recursos fue información secreta en su momento. Pero ya no puede tener esa condición porque deberá ser —o está siendo, si la fiscalía avanzó debidamente— objeto de investigación. PUEDES VER: El indulto de Fujimori no procede porque no existen las condiciones Sería insólito suponer que la Policía Nacional arguyera reserva para entorpecer la investigación. La necesidad de reserva para los fondos se deslegitima cuando hay indicios de una actividad criminal en el Estado. Sin embargo, el Ministerio de Defensa sigue, hasta los últimos días del gobierno saliente, manteniendo fuera del escrutinio público acciones que se investigan como ilícitas. Sigamos la trayectoria de un pedido de acceso a la información pública del Centro Liber, que demuestra lo anterior. Antes, un indispensable contexto. No hay derecho Nadie tiene derecho a obtener informaciones consideradas oficialmente secretas o reservadas. Solo el Congreso, el Poder Judicial, el Contralor de la República y el Defensor del Pueblo, en el ámbito de sus respectivas competencias. Las secretas tienen que ver con posibles vulneraciones de la seguridad nacional, entre otros aspectos, y las reservadas a materias cuyo conocimiento podría perjudicar a la sociedad. Las excepciones están minuciosamente detalladas en la ley. Pero una entidad estatal está obligada a llevar un detalle de lo que está retirando de la luz pública. El reglamento de la ley, dado en el 2003, señala que la decisión de clasificar una información debe hacerse mediante una resolución del titular del pliego, en la mayoría de casos un ministro. En el texto debe haber una fundamentación. Algo será secreto, por ejemplo, cuando comprometa la seguridad de las personas, la integridad territorial o la subsistencia del régimen democrático. Habrá un código por el que se reconozca cada clasificación. Y cuando la divulgación de lo que se reservó ya no pueda causar perjuicio, se procederá a una desclasificación, igualmente por resolución de la máxima autoridad o de su delegado. El decreto 1141 El 6 de julio, Yvana Novoa, abogada del Centro Liber, solicitó el registro de información clasificada —reservada o secreta— del Ministerio de Defensa. El pedido tenía origen en la denuncia realizada por este portafolio contra los periodistas de Panorama que habían revelado mal uso de los fondos de inteligencia en el VRAEM. El ministerio acusaba a los periodistas de haber expuesto secretos nacionales, al identificar a colaboradores (que negaban, precisamente, ser tales). ¿Pero dónde estaba la clasificación de dicha información? Si no la habían declarado secreta o reservada, mal podían alegar que había un delito. Un día antes, la procuradora del sector, Sara Farfán, admitió implícitamente que el Ministerio de Defensa no había clasificado la información cuya reserva se habría violado. Dijo que su sector estaba exonerado del cumplimiento de las normas de transparencia porque la ley de fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional —decreto 1141, de diciembre del 2012— establecía que toda la información de inteligencia es “secreta”. En efecto, el artículo 4 de ese decreto así lo menciona. Pero el mismo artículo, de una redacción confusa, también emite su interpretación a la Ley de Transparencia. Y esta, como su reglamento, señala claramente los requisitos de la clasificación. Más aún, en abril del 2011, el entonces ministro de Defensa, Jaime Thorne, expidió una directiva para el acceso, clasificación, reclasificación y desclasificación de las informaciones de su sector. Todas estas disposiciones son concordantes con la Ley de Transparencia. Ministerio negro Yvana Novoa insiste en que debe existir una declaración formal y expresa de secreta de una información para denunciar su divulgación como delito. —Lo contrario sería como denunciar un asesinato sin identificar el cadáver —dijo. El 22 de julio, Novoa recibió la respuesta del Ministerio de Defensa. Fernando Noblecilla, el secretario general, transmitió la concluyente opinión del jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, José Luis Torrico. Según Torrico, el pedido choca con las excepciones que la propia Ley de Transparencia establece. Asume que la ley reconoce el carácter secreto a todas las informaciones de inteligencia, incluyendo “los documentos que se generen sobre estas materias”. ¿Y la obligación de clasificar? Torrico la ignora de un plumazo. La disparatada interpretación de la ley parece suscrita por el oficial de comunicaciones de un cuartel militar. Con esta respuesta oficial, el Ministerio de Defensa declara que ninguna información sobre acciones de inteligencia, ni siquiera una simple relación de títulos codificados, puede serle exigida. Si se considera que desde el 2012 está vigente el inconstitucional decreto legislativo 1129, que declara secreta toda información sobre seguridad y defensa nacional, tenemos un sector que se considera libre de todo escrutinio para manejar sus operaciones y gastos. Ese decreto, actualmente denunciado ante el Tribunal Constitucional por la Defensoría del Pueblo, fue elaborado cuando dirigía Defensa el actual premier, Pedro Cateriano. El nuevo ministro Fue el gobierno del presidente Ollanta Humala el que intensificó el secretismo en estos temas. El nuevo gobierno va a tener que decidir casi de inmediato si lo sigue o no. Un fiscal solicitará al Primer Ministro Fernando Zavala, de acuerdo al Código Procesal Penal, si considera información secreta la materia que se investiga sobre corrupción en el VRAEM denunciada por Panorama. Ahora es considerada como tal, lo que impediría al Ministerio Público finalizar la indagación. Si la PCM insiste, aún el fiscal puede recurrir a un juez. Por otra parte, el flamante Ministro de Defensa, Mariano González, tendrá que decidir si cumple o no la Ley de Transparencia. El Centro Liber planteará una acción de Hábeas Data contra la decisión de negar el registro de información clasificada, y un juez resolverá. Es una prueba de fuego para Mariano González. Ha sido Jefe de Gabinete de Asesores de dos ministros humalistas. En 2011, del ex titular de Defensa Alberto Otárola, que cayó por la fracasada Operación Libertad, donde murieron ocho efectivos de fuerzas combinadas del Estado y fueron abandonados tres policías de la DINOES. Renunció antes de ser censurado. El segundo, el general retirado Wilver Calle, ex del Interior otro del entorno palaciego que también renunció por una crisis. Como asesor y hombre de confianza ya sabemos que a González no le fue muy bien.
