Seis candidatos de JP sí votaron a favor de las leyes "procrimen": incluido Roberto Sánchez
Durante el debate técnico de la segunda vuelta del 2026, Ernesto Zunini y Pedro Francke, integrantes del equipo técnico de Juntos por el Perú, afirmaron que su partido no votó a favor de las llamadas leyes 'procrimen'. Sin embargo, la revisión de las votaciones del Pleno del Congreso evidenció que sus afirmaciones son falsas.
El domingo 24 de mayo se realizó el debate técnico de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, en el que se enfrentaron los equipos técnicos de los candidatos presidenciales Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP), y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.
Durante el eje temático de juventud y deporte, Ernesto Alonso Zunini Yerrén, integrante del equipo técnico de JP y secretario general nacional de la organización política, respondió a las declaraciones de Rosangella Barbarán, quien acusó al partido de Sánchez de votar a favor de las llamadas leyes 'procrimen'.
“Lo que la señora Barbarán dice es falso. Nosotros no hemos votado a favor de las leyes procrimen ni las defendemos en campaña”, afirmó Zunini.
En esa línea, Pedro Andrés Francke Ballvé, también miembro del equipo técnico de JP, señaló durante su presentación en el eje de economía y generación de empleo lo siguiente: “Vamos a derogar las ocho leyes procrimen que votó la bancada fujimorista y que no votó Roberto Sánchez, porque esa es la verdad”.
Sin embargo, tras revisar las votaciones del Pleno del Congreso que llevaron a la promulgación de estas leyes, se detectó que seis actuales candidatos de JP en las Elecciones Generales 2026, incluido Roberto Sánchez, votaron a favor de las llamadas leyes 'procrimen'. Varias de estas normas también recibieron el respaldo de actuales congresistas de Fuerza Popular que hoy buscan un curul, entre ellos Martha Moyano, Fernando Rospigliosi, Patricia Juárez, Alejandro Aguinaga, David Jiménez, Nilza Chacón, Héctor Ventura y la propia Rosangella Barbarán.
¿Cuáles son las leyes 'procrimen'?
Las llamadas por la ciudadanía leyes 'procrimen' son un paquete de normas aprobadas por el Congreso de la República y promulgadas durante el gobierno de Dina Boluarte, y que se mantuvieron en su mayoría durante la gestión de José Jerí y José María Balcázar, en un contexto de creciente inseguridad ciudadana que vive el país.
La Fiscalía del Perú advirtió en enero del 2025, a través de una publicación en redes sociales, que seis normas amenazan "la lucha contra el crimen y la búsqueda de justicia en el Perú", al afectar "la función fiscal y la administración de justicia". La institución las calificó como "un retroceso en la lucha contra el crimen", debido a que limitan las facultades para investigar delitos, reducen los plazos de persecución penal y permiten sanciones contra fiscales y jueces a cargo de casos complejos.
Fiscalía advierte de 6 leyes que amenazan “la lucha contra el crimen y la búsqueda de justicia en el Perú”.
Las seis normas son las siguientes:
| 1. Ley 32107: Prescripción de crímenes de lesa humanidad.- Establece que nadie puede ser procesado, condenado ni sancionado por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra si los hechos ocurrieron antes del 1 de julio del 2002. Según el Ministerio Público, esta norma limita la capacidad de la Fiscalía para investigar y sancionar violaciones a los derechos humanos, incluso en casos con sentencias firmes o procesos aún en curso. |
| 2. Ley 31990: Cambios en la colaboración eficaz.- Establece plazos máximos para que la Fiscalía cierre los acuerdos con aspirantes a colaboradores eficaces y exige mayores requisitos en las diligencias y declaraciones. Según especialistas, estos cambios reducen la capacidad del Ministerio Público para investigar y desarticular organizaciones criminales complejas. |
| 3. Ley 32181: Eliminación de la detención preliminar.- Elimina la detención preliminar en casos en los que no exista flagrancia, es decir, cuando la persona no es sorprendida cometiendo el delito. No obstante, tras las protestas y cuestionamientos a la norma, el Congreso dejó sin efecto esta disposición y la detención preliminar fue restablecida mediante la Ley 32283. |
| 4. Ley 31751: Recorte de plazos de prescripción penal.- Reduce el plazo con el que cuenta el Estado peruano para investigar delitos, lo que, según el Ministerio Público, dificulta la persecución de casos graves como corrupción y crimen organizado, debido a que este tipo de investigaciones suelen requerir procesos complejos y de larga duración. |
| 5. Ley 32108: Modificación del delito de organización criminal.- Exige que estos grupos tengan una estructura compleja y controlen una economía ilegal para ser considerados como organización criminal. Asimismo, establece que los delitos cometidos deben superar una pena mínima de 6 años, dejando fuera del marco de crimen organizado a ilícitos graves como la extorsión o el tráfico de drogas. Además, establece la presencia obligatoria del abogado del investigado durante allanamientos, lo que ralentiza intervenciones urgentes. |
| 6. Ley 32182: Sanción a funcionarios del sistema de justicia.- Sanciona a jueces y fiscales que dispongan la liberación de personas detenidas en flagrancia por delitos graves. La norma también incorpora una nueva modalidad del delito de prevaricato. Según Fiscalía, "castiga la actuación de fiscales y jueces, sin respetar criterios jurídicos, con lo que se pretende intimidar al sistema de justicia". |
Por su parte, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) presentó el Proyecto de Ley N.° 12158/2025-CAL el 10 de agosto del 2025, con el objetivo de derogar normas que, según la institución, "atentan contra la seguridad ciudadana y protegen al crimen organizado". El CAL agrupó las 12 leyes incluidas en la propuesta en dos categorías: normas que promueven el crimen organizado y normas que favorecen economías criminales (como es el caso de la Ley 32138). Sin embargo, para esta nota solo se analizarán ocho de esas 12 leyes, debido a su mayor vinculación con el crimen organizado.
| A. Entre las normas incluidas por el CAL se encuentran cinco de las seis leyes advertidas previamente por la Fiscalía del Perú, que son la 1, 2, 3, 4 y 5 de la anterior lista. |
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| B. Ley 31989: Retroceso en la lucha contra la minería ilegal.- La Policía Nacional del Perú (PNP) ya no podrá ejecutar determinadas acciones de interdicción, como la incautación de explosivos o maquinaria utilizada sin autorización, cuando estos se encuentren en posesión de mineros con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). El exviceministro de Seguridad Pública Julio Corcuera señaló a La República que “si se reduce la capacidad de fiscalización, se multiplica la posibilidad de que sea utilizado por el crimen organizado. Como en el caso del atentado contra la Fiscalía de Trujillo en 2025, donde se determinó que el explosivo usado estuvo relacionado con la minería ilegal”. |
| C. Ley 32138: Redefinición del delito de crimen organizado.- Establece nuevos criterios para considerar a un grupo como organización criminal y regula que los allanamientos puedan realizarse con la presencia de un defensor público si no está el abogado del investigado. |
| D. Ley 32130: Ley que otorga facultades de investigación a la Policía Nacional del Perú (PNP). El Ministerio Público advirtió, mediante un pronunciamiento, que esta norma podría generar impunidad, particularmente en casos de corrupción que involucren a altos funcionarios. |
Asimismo, en comunicación con Verificador de La República, Ricardo Valdés Cavassa, exviceministro del Interior, señaló que, además de las leyes advertidas por el Ministerio Público y el CAL, existen otras normas que no figuran en esos listados, pero que —según indicó— están orientadas a favorecer la impunidad tanto en organizaciones criminales como en agrupaciones políticas.
| I. Ley 32326: Modificación de la Ley de Extinción de Dominio.- Introduce nuevos requisitos y modificaciones en el proceso de recuperación de bienes vinculados a actividades ilícitas, como corrupción, narcotráfico o lavado de activos. Según la Junta de Fiscales Supremos, entre las principales modificaciones se establece que toda incautación debe contar con una resolución judicial firme y consentida. Además, fija un plazo de prescripción de cinco años para la acción de extinción de dominio, que antes no tenía límite temporal, lo que podría afectar casos complejos y de larga duración. La propia institución advirtió que esta norma constituye un "claro retroceso en la lucha contra la criminalidad organizada". |
| II. Ley 32054: Exclusión de responsabilidad penal de partidos políticos.- Establece que las organizaciones políticas no pueden ser disueltas, suspendidas ni consideradas responsables penalmente como personas jurídicas por delitos cometidos en su estructura, aunque sí mantiene la responsabilidad individual de sus miembros. En la práctica, esto blinda a las organizaciones políticas de investigaciones fiscales por crimen organizado, obligando a que los procesos recaigan solo en individuos, incluso si los fondos o beneficios ilegales fueron canalizados por el propio partido. |
¿Cómo votaron los congresistas que este 2026 postulan con Juntos por el Perú frente a las llamadas leyes 'procrimen'?
Verificador de La República revisó la lista de candidatos de JP para las Elecciones Generales 2026. Como resultado, identificó a siete postulantes que fueron congresistas durante el periodo 2021-2026 y que hoy buscan volver a un cargo de elección popular.
Se trata de Silvana Robles (número 2 al Senado por distrito único), Jaime Quito (número 7 al Senado por distrito único), Margot Palacios (número 8 al Senado por distrito único), Pasión Dávila (número 8 al Senado por distrito único), Elías Varas (número 1 al Senado por Áncash) y Víctor Cutipa (número 1 al Senado por Moquegua), así como de Roberto Sánchez, candidato a la Presidencia de la República y diputado por Lima Metropolitana. Todos participaron en votaciones del Pleno del Congreso que permitieron aprobar las denominadas leyes 'procrimen'.
Congresistas de JP del periodo 2021-2026 que vuelven a postular en las Elecciones 2026
En el Congreso, los proyectos de ley suelen requerir dos votaciones en sesiones distintas para su aprobación definitiva, salvo que el pleno apruebe su exoneración de segunda votación. En ese marco, se analizaron los votos emitidos por estos congresistas durante el trámite legislativo de las iniciativas evaluadas, considerando tanto la primera como la segunda votación, así como los casos en los que se aprobó la exoneración correspondiente.
El cuadro evidencia que seis de los siete congresistas evaluados —incluido Roberto Sánchez— votaron a favor de al menos una de las leyes calificadas como 'procrimen'. Además, de las 11 normas analizadas, cinco recibieron votos de congresistas de Juntos por el Perú que favorecieron su aprobación.
Congresistas de JP votaron a favor de las leyes "procrimen"
La Ley 31990, que modifica la colaboración eficaz, fue aprobada por insistencia con el voto a favor de tres congresistas de Juntos por el Perú: Silvana Robles, Margot Palacios y Pasión Dávila. En tanto, la primera votación de la Ley 31751 —norma que reduce el plazo de prescripción penal— contó con el respaldo de un grupo de composición similar: Margot Palacios, Pasión Dávila y Elías Varas.
Respecto a la Ley 32108, que modifica el delito de organización criminal, el congresista Pasión Dávila votó a favor durante la primera votación en el pleno, y fue el único de los siete legisladores analizados en esta nota que respaldó la norma. Cabe precisar que la segunda votación se realizó en la Comisión Permanente del Congreso.
Por otro lado, Margot Palacios fue la única de los siete candidatos de JP que votó a favor de la Ley 32054, norma que excluye de responsabilidad penal a los partidos políticos por delitos cometidos dentro de su organización. Su respaldo se dio tanto en la primera votación como en la exoneración de la segunda votación.
Finalmente, la Ley 31989 —que impide a la Policía incautar explosivos a mineros con inscripción suspendida en el Reinfo— recibió el apoyo de cuatro candidatos de Juntos por el Perú durante la primera votación y la exoneración de segunda votación: Silvana Robles, Jaime Quito, Pasión Dávila y Roberto Sánchez.
Entre el discurso y los votos: las contradicciones de JP frente a las leyes 'procrimen'
El distanciamiento discursivo de Juntos por el Perú respecto a las llamadas leyes 'procrimen' no surgió recientemente a raíz del Debate Técnico 2026. Esta postura ya era visible desde 2025, durante la campaña electoral del partido, e incluso quedó plasmada en su plan de gobierno.
Por ejemplo, la congresista Silvana Robles difundió un clip de su participación en un mitin en el que criticó al actual Parlamento por aprobar las denominadas leyes 'procrimen', las cuales —según afirmó— beneficiaron a un "pacto mafioso y corrupto". Sin embargo, Robles votó a favor de dos de las normas mencionadas en esta nota.
De igual manera, el congresista Elías Varas difundió en abril del 2025 una publicación en redes sociales en la que identificaba 12 leyes 'procrimen' —11 de ellas incluidas en esta verificación— y sostenía que había votado en contra de dichas normas. No obstante, el legislador respaldó cuatro de ellas.
Asimismo, el plan de gobierno de Juntos por el Perú también propone la "derogación de las leyes procrimen e impunidad". El documento sostiene que estas normas "limitan la persecución y eliminación del crimen organizado" y plantea derogar siete leyes consideradas 'procrimen': las leyes N.° 31751, 31990, 32108, 32107, 32182, 32181 y 32326.
Todas las normas mencionadas forman parte del análisis de esta nota. De las siete, tres contaron con votos de congresistas de JP que contribuyeron a su aprobación.
Las leyes calificadas como “procrimen” en el plan de gobierno de JP y los votos de sus candidatos que buscan la reelección
¿Cómo justificó Roberto Sánchez su voto y el de sus candidatos por las leyes 'procrimen'?
En una entrevista realizada el 27 de abril del 2026 en el programa de streaming Brutalidad Política, el candidato presidencial fue consultado por el voto de actuales candidatos de Juntos por el Perú en diversas normas calificadas por el entrevistador como leyes 'procrimen', las cuales son ocho de las 11 leyes analizadas para esta verificación (Ley 31990, 31751, 32108, 31989, 32138, 32130, 32326 y 32054).
Sánchez señaló que, dentro de su organización, existen distintas posturas ideológicas y que no imponen el voto de la agrupación política a sus integrantes, por lo que "cada quien tiene que dar cuenta de sus actos". Añadió que JP es un bloque con diversas afiliaciones políticas, pero que, como partido, impulsa la derogatoria de las denominadas 'leyes procrimen'.
Consultado específicamente por su voto a favor de la Ley 31989 —que limita la incautación de explosivos y maquinaria a mineros con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo)—, el candidato afirmó que su voto estuvo orientado a la formalización de la pequeña minería.
Al ser cuestionado sobre el hecho de que estos explosivos estarían siendo utilizados para extorsiones, cobro de cupos y otros delitos, el candidato señaló que está abierto a una eventual reevaluación de la ley.
Descargos de Pedro Francke y Ernesto Zunini
Verificador de La República intentó comunicarse con Ernesto Zunini para obtener su respuesta respecto a los votos de diversos candidatos de Juntos por el Perú a favor de las denominadas 'leyes procrimen'; sin embargo, hasta el cierre de esta verificación no se obtuvo respuesta.
De igual forma, Pedro Francke no respondió a la consulta sobre cuáles son las ocho leyes 'procrimen' a las que hace referencia, ni sobre su posición frente al hecho de que Roberto Sánchez votó a favor de la Ley 31989.
Conclusión
En el Debate Técnico 2026, Ernesto Zunini afirmó que su partido no votó a favor de las denominadas 'leyes procrimen'. En esa misma línea, Pedro Francke señaló que Roberto Sánchez tampoco habría votado a favor de dichas normas.
Sin embargo, Verificador de La República constató, a través de la revisión de las votaciones realizadas en el Pleno del Congreso de 11 leyes catalogadas como 'procrimen' por el Ministerio Público, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) y especialistas, que seis actuales candidatos de JP votaron a favor de al menos una de estas normas, incluido Roberto Sánchez. Por lo tanto, es falso que Juntos por el Perú y Roberto Sánchez no hayan votado a favor de las denominadas leyes 'procrimen'.