Publicaciones aseguran que el Perú salió “oficialmente” de la “CIDH”, las siglas que hacen referencia en sí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero que también han sido usadas en alusión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Felicitaciones por salirse de estos criminales”, reseñan en sus descripciones los contenidos que concentran más de 5.000 reacciones en TikTok y Facebook.
Los posts llevan una imagen de Jorge Montoya, congresista de la bancada Renovación Popular, y presentan este texto superpuesto sobre franjas negras: “Definitivamente, nos salimos de la CIDH, sigan dando más razones al Perú. Es oficial, nos salimos de CIDH, se viene pena de muerte”. Sin embargo, se trata de información engañosa.
Publicaciones sin contexto que aseguran que oficialmente el Perú se salió de la Corte. Foto: capturas en Facebook y TikTok.
Hasta el cierre de esta edición, no existe ningún documento oficial que evidencie que el Perú ya no forme parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tampoco hay información periodística que respalde la versión propalada por las publicaciones virales.
La imagen del post viral proviene de un video de casi cinco minutos, que fue publicado en la cuenta de Youtube Última hora Perú, el 31 de mayo de 2023. De hecho, su logo aparece en el contenido, objeto de verificación de este artículo. La página tituló así su material: “Almirante Jorge Montoya denuncia a la CIDH por pedir la liberación de Castillo”.
El archivo muestra al legislador exponiendo en el foro “Denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos” que fue realizado en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, en el Congreso de la República, el 31 de mayo de este año. El material en cuestión es solo una parte (20:07 - 24:34) de la intervención de Jorge Montoya, quien en su canal oficial de Youtube publicó el evento completo.
En el extracto, el congresista de la bancada celeste habló sobre el Proyecto de Ley n° 5216/2022-CR titulado “Ley de denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos” que, según él, fue presentado ante al Parlamento horas antes del foro. En dos oportunidades, Jorge Montoya dijo que la propuesta, encabezada por él, busca denunciar a la “Comisión Americana de Derechos Humanos”.
No obstante, la fórmula legislativa trata de una denuncia a la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” que, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), es un tratado internacional denominado también “Pacto de San José de Costa Rica”, que fue adoptado el 22 de noviembre de 1969, en la ciudad de San José, Costa Rica, y entró en vigencia el 18 de julio de 1978.
Dicho instrumento internacional “prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los Estados Partes”, entre ellos, el Perú. Además, reconoce a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH como los “órganos competentes” para tratar asuntos asociados al “cumplimiento de los compromisos contraídos" por los países miembros del tratado.
Como diferencia un artículo de LPDerecho, la Comisión “es un órgano no jurisdiccional” por lo que sus resoluciones no son obligatorias y solo se requiere “de la voluntad política de los Estados” para su aplicación. En tanto, la Corte “es un órgano jurisdiccional autónomo” cuyas resoluciones son de carácter obligatorio. La CorteIDH, que fue instalada en 1979, aplica e interpreta la Convención Americana y se integra por siete jueces y juezas de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En tanto, como señala la propia Comisión, su institución comprende “facultades adicionales” que anteceden a la Convención y, además, pueden “procesar peticiones individuales relativas a Estados que aún no son parte de la Convención”. Fue creada por la OEA en 1959 y, actualmente, junto con la Corte IDH forman el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH).
En suma, los post en cuestión y Jorge Montoya hablan sobre un proyecto que denuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual es un tratado internacional aplicado e interpretado por la Corte IDH.
Por otro lado, la denuncia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos aún, hasta el cierre de esta edición, es un proyecto de ley. No ha pasado al Pleno del Congreso de La República, en el que se aprueba o rechaza una propuesta. Así lo evidencia la plataforma del Congreso, que informa que la fórmula legislativa todavía está en Comisión. Según el portal del Parlamento, el documento fue presentado el último 1 de junio y se encuentra en las Comisiones de Constitución y Reglamento y Relaciones Exteriores.
Estado del proyecto de Ley que denuncia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Foto: captura en plataforma del Congreso.
Al inicio de su exposición completa, Jorge Montoya habla de una búsqueda de una “independencia” en la administración de justicia. Además, al final de su intervención, señala que lo que se busca es “restaurar" la pena de muerte en el Perú para cuatro delitos: violación de menores, sicariato, femicidio y terrorismo. La Convención Americana, en su artículo 4, no permite la aplicación de la pena de muerte en los países que la han abolido.
El documento “Comisión interamericana y los estados que denuncian la Convención Americana y la carta de la OEA” sostiene que, “en un escenario en el que se hace efectiva la denuncia de la Convención Americana”, el país se desligaría de sus obligaciones como Estado miembro. Pero aclara que dicha denuncia no significa que automáticamente deje de ser vinculante con “los demás instrumentos de protección de derechos humanos”.
El informe toma como ejemplo a Venezuela y Trinidad y Tobago, como los Estados que hicieron efectiva su denuncia a la Convención Americana y “el consecuente retiro de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Para que la denuncia produzca efectos pasó aproximadamente un año, como señala la Corte IDH.
Para un reciente reporte de La República, el constitucionalista Diego Pomareda enfatizó que la propuesta de Jorge Montoya es inconstitucional, dado que el acto de denunciar a tratados le compete solo a la presidenta de la República, conforme al artículo 57.
Por su parte, el constitucionalista David Lovatón explicó que toma un promedio de dos años el procedimiento para el retiro de la Convención Americana. Dijo que, hasta ese momento, la Corte IDH podrá pronunciarse sobre los casos que le llegan. “La denuncia de la convención no nos libera como Estado de estar sometidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ser parte de la OEA”, añadió.
No es cierto que el Perú haya salido oficialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta el cierre de este artículo, no existe algún reporte oficial para asegurar eso. Los post se refieren solo al proyecto de Jorge Montoya, que busca denunciar a la Convención Americana, pero que aún no ha sido aprobada en el Pleno del Congreso. Por ello, calificamos este contenido como engañoso.
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