10 afirmaciones falsas de políticos peruanos que fueron desmentidas durante el 2021
La unidad de fact-checking de La República presenta un resumen de las verificaciones más importantes sobre declaraciones de personajes políticos del Perú en este segundo año de pandemia.
La agenda política del Perú en el 2021 estuvo marcada por la llegada de las vacunas, los comicios presidenciales y la situación económica y social que, en un contexto de emergencia sanitaria mundial por la COVID-19, se vio afectada. Verificador presenta un resumen de las notas de fact-checking sobre declaraciones falsas de políticos que tuvieron mayor alcance en las redes sociales.
Declaraciones sobre las vacunas y la COVID-19
En los primeros meses, el congresista por Fuerza Popular Ernesto Bustamante desinformó a la población con respecto a la vacuna de Sinopharm y al proceso de vacunación que se implementaba en el país.
Es así que, más adelante, el 3 de agosto, envió un oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros en el que aseveró que “la vacuna de marca Sinopharm que se pretende usar en sustitución de la vacuna de marca Pfizer en la población peruana menor de 40 años, no ha demostrado ser efectiva —ni siquiera en el contexto de las actuales variantes en el Perú— para proteger contra la infección”.
Sin embargo, el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington (EE. UU.) calculó que la eficacia de la vacuna de Sinopharm para prevenir la COVID-19 era del 63%. Además, de acuerdo al Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización de la OMS, la vacuna china era eficaz en un 73% para evitar cuadros sintomáticos, y en un 79% para evitar hospitalizaciones.
Además, en una conferencia de prensa, el Instituto Nacional de Salud (INS) señaló que la efectividad de Sinopharm para prevenir la muerte en personal de salud fue del 94%, de acuerdo a un estudio realizado por esta institución con información comprendida entre febrero y junio.
Por su parte, Rafael Lopez Aliaga, en una entrevista en el dominical Panorama, declaró que el Perú no contaba con vacunas debido a que Sinopharm era la “peor” opción. Además, aseguró que esta vacuna no estaría homologada en ninguna parte del mundo.
No obstante, la vacuna de Sinopharm (Beijing) BBIBP-CorV, en ese entonces, había sido aprobada bajo la modalidad “de emergencia” en 27 países, de acuerdo a Covid Vaccine Tracker, rastreador de vacunas y desarrollos contra la COVID-19 dirigido por dos profesoras del departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Universidad McGill (Canadá). Entre los países sudamericanos que aprobaron esta vacuna estaban Argentina, Guyana, Bolivia y Venezuela.
Otra de las declaraciones falsas que desmintió este medio fue la de la congresista de Avanza País Rosselli Amuruz, quien, en un debate en vivo, criticó al Estado por rechazar, supuestamente, donaciones provenientes de laboratorios científicos como la vacuna “peruana” de Farvet.
Sin embargo, a lo largo de la crisis sanitaria, a través del Instituto Nacional de Salud (INS), el Perú recibió diversas donaciones para afrontar la COVID-19, de distintas organizaciones y laboratorios científicos. Entre estos están la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Organismo Internacional de Energía Atómica de la República de Austria, Hyundai Construction Equipment Co., Ltd.
Además, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) creó el Fondo de Emergencia Confiep, en marzo del 2020 con el objetivo de donar al Estado peruano insumos y equipos de salud para reforzar la lucha contra la COVID-19.
Con respecto a la “vacuna peruana” —nombre que recibió el proyecto en el que trabajaba el laboratorio Farvet, en colaboración con la Universidad Nacional Cayetano Heredia (UNCH)—, fue una candidata a vacuna que no había demostrado ser eficaz porque no llegaron a realizarse los estudios clínicos (en humanos).
Desinformación sobre la segunda elección presidencial
A mediados de este año, tras la segunda vuelta presidencial, algunos personajes de la política afirmaban que los comicios no se habían celebrado de forma transparente. Y para sustentar esta hipótesis, acudieron a la desinformación.
Es así que el exprecandidato a la presidencia de Acción Popular Alfredo Barnechea declaró que el acta de mesa en la que votó Keiko Fujimori “fue declarada ilegible” por el jurado electoral.
No obstante, a través de la plataforma de resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), este medio advirtió que el acta de la mesa de sufragio en la que emitió su voto la lideresa de Fuerza Popular no fue enviada al Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente. Es decir, no tuvo ningún tipo de observación: estaba en calidad de “acta normal”. Por consiguiente, el JEE no emitió ninguna resolución.
Otra de las declaraciones con mayor alcance en las redes fue la de Fernando Rospigliosi, quien afirmó que era “absolutamente imposible” que en una mesa el 100% de votos esté a favor de un candidato.
Sin embargo, ONPE y los expertos lo desmintieron. “Si un acta está calificada como ‘acta normal’, significa que ha sido cuantificada y los votos han sido aprobados”, expresó el representante de la ONPE.
Por su parte, el politólogo de la PUCP Fernando Tuesta señaló que, aunque es poco probable que una mesa obtenga 100% de votos a favor de un candidato, es un escenario posible. “Si uno ve las votaciones de Castillo en algunas provincias o distritos, en Amazonas, Condorcanqui, llega incluso al 98% en todo el distrito. Por ahí puede haber una mesa donde el 100% sea a favor de él. Sí es posible”, dijo el especialista.
Por otro lado, también se pronunciaron políticos que pedían que la segunda vuelta sea anulada y se den nuevos comicios, como el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien solicitó al Jurado Nacional de Elecciones que se repita la segunda vuelta porque, según él, existía “un fraude que ya no se puede tapar”.
No obstante, este pedido no se ajustaba a la normativa electoral ni a lo establecido en la Constitución Política. En conversación con este medio, el especialista en procesos electorales Julio César Silva Meneses indicó que lo dicho por López Aliaga era “un planteamiento jurídicamente imposible”.
“Es inviable desde el punto de vista constitucional y legal porque lo que él está proponiendo, al decir que se anulen las elecciones, es una nulidad total”, mencionó Silva. Y la nulidad total está regulada por el artículo 365 de la Ley Orgánica de Elecciones y el artículo 184 de la Constitución.
La norma dispone que la nulidad total procede “cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos válidos”, o si en caso se llegaran a anular “los procesos electorales de una o más circunscripciones que en conjunto representen el tercio de la votación nacional válida”
Sobre la situación social y económica del país
En los discursos políticos, Verificador identificó varias afirmaciones falsas, sobre el número total de postas médicas, la existencia de hospitales en las regiones del sur, los servicios básicos en las escuelas, la legislación peruana, etc. Pero las aseveraciones más recurrentes giraban en torno al precio de los combustibles, el costo del balón de gas y la importancia económica de la minería.
Keiko Fujimori, además de aseverar que el precio del balón de gas en Ucayali era “el más alto del Perú”, aseguró que el país paga el precio de combustible más alto de Latinoamérica. Sin embargo, tras revisar las cifras oficiales, Verificador concluyó que esta afirmación era falsa.
Este medio recopiló la información del precio de venta al público en dólares de todos los combustibles del año 2020 en los siguientes países: Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Los tres países con el precio más alto por litro de gasolina corriente son Uruguay, Chile y Perú. En el caso de la gasolina premium, Uruguay encabeza la lista, seguido de Perú y Chile. Con respecto al fuel oil, no se registra precio de este combustible en Argentina, Paraguay y Venezuela. En Perú tiene un precio de US$ 0,624, en Uruguay es US$ 0,611, y en Colombia llega a US$ 0,469.
Por último, el precio de venta del GLP por kilogramo en Chile es de US$ 1,516, en Perú US$ 1,141, y en Brasil US$ 1,121. No se cuenta con datos de Argentina, Colombia, México y Venezuela.
Por su parte, Verónika Mendoza brindó información imprecisa sobre el precio del balón de gas. Ella afirmó que en Perú se pagaba “el balón de gas más caro de América Latina”. Sin embargo, de acuerdo al índice de precios de combustibles en América Latina, Chile es el país de la región que más paga por un balón de gas de 10 kilogramos. Y en segundo lugar se ubica Uruguay.
En el Perú, el balón se comercializa a 1,14 dólares el kilogramo. Esto quiere decir que, de acuerdo con el tipo de cambio, se pagan 11,41 dólares (en promedio 42,80 soles) por el contenido de cada balón de 10 kg. De esa manera, nuestro país es el tercer destino latinoamericano con el precio más alto por envase de GLP (gas licuado de petróleo).
El expresidente Ollanta Humala también aseguró que la minería generaba más del 50% de la renta del país. Sin embargo, cifras oficiales y un estudio del Instituto Peruano de Economía lo desmintieron.
Según las estadísticas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en el 2020 la recaudación total por el impuesto a la renta de tercera categoría según actividad económica fue de más de 13.800 millones de soles (S/ 13 804 031); en tanto, la recaudación obtenida solo de la minería alcanzó S/ 1.572,9 lo que representa aproximadamente el 11,39% de la recaudación total del año 2020.
Por otro lado, en febrero de este año, el Instituto Peruano de Economía (IPE) presentó el informe final de un estudio a petición de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, llamado “Contribución de la minería a la economía nacional”.
Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, declaró que “es importante destacar que la minería representa el 10% del PBI, el 10% de la actividad económica, casi el 60% de las exportaciones y 16% de la inversión privada”, en referencia al estudio mencionado.
Declaraciones sobre el enfoque de género e identidad sexual
Las declaraciones más desafortunadas de este año fueron con respecto a la educación con enfoque de género y la identidad sexual. Una de estas declaraciones fue la del congresista José Arriola, quien al referirse a la homosexualidad dijo que hay personas que “nacen con alteraciones hormonales”.
Por su parte, Rafael López Aliaga indicó que había “guías educativas donde a un niño de 4 años le hacen hacer dinámicas de besar un niño a otro niño o disfrazar un niño de niña, vestirlo de niña”.
No obstante, el Ministerio de Educación (Minedu) expresó que no existe ninguna guía donde se indiquen besos entre menores de edad. Verificador revisó la guía de actividades para niños de 4 años, disponible en la página de Aprendo en Casa del Minedu, y no encontró alguna actividad relacionada.
En cuanto a los disfraces, se puede encontrar en la semana 9 la actividad ¡Jugamos a disfrazarnos!, que consiste en que niños y niñas se disfracen con diversas prendas o accesorios encontrados en casa.
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