Poder Judicial no ordenó la captura inmediata de Dina Boluarte por muertes en las protestas: investigación sigue en proceso
Contrario a lo difundido en redes sociales, no hay un mandato de captura por parte del Poder Judicial contra Boluarte, ya que la investigación sigue en curso.
LO FALSO:
- El Poder Judicial ordenó la captura de Dina Boluarte por muertes en las protestas.
LO VERDADERO:
- El Ministerio Público viene investigando a la exmandataria por las víctimas en las manifestaciones de 2022.
- La investigación contra Boluarte se encuentra en fase preparatoria.
En redes sociales comenzó a circular una publicación que señala que el Poder Judicial ordenó la captura inmediata de la expresidenta Dina Boluarte por su presunta responsabilidad en las muertes de manifestantes durante las protestas entre diciembre de 2022 y principios de 2023.
Sin embargo, esta información es falsa: actualmente no existe ningún mandato de detención emitido por el sistema de justicia contra la exmandataria. La investigación sobre los hechos aún se encuentra en curso y bajo evaluación por parte del Ministerio Público.
Investigación contra expresidenta por muertes en las protestas sigue en curso
En agosto de 2025, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada una demanda competencial presentada por el Ejecutivo y dispuso la suspensión de las investigaciones fiscales y judiciales en contra de Dina Boluarte mientras ejerciera la presidencia. El TC tomó esta decisión basado en el artículo 117 de la Constitución, que establece que un presidente en funciones solo puede ser investigado por determinados delitos, como traición a la patria o impedir elecciones.
Sin embargo, de acuerdo una nota de prensa de Andina, esa misma sentencia precisó que los procesos suspendidos “continuarán con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial”. Esto implica que, una vez que dejó la presidencia, el Ministerio Público y el Poder Judicial quedaron habilitados para retomar íntegramente las investigaciones y diligencias que se encontraban paralizadas contra Boluarte. Es decir, no existe obstáculo constitucional para que dichas pesquisas continúen.
Cabe recordar que el 30 de julio de 2024, el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra Boluarte y seis exministros por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida en ese entonces por María Acuña (APP), aprobó, por mayoría, admitir a trámite por procedente aquella denuncia. Sin embargo, el pleno de la Comisión Permanente del Congreso decidió archivarlo en septiembre de 2025 por considerar que no existían pruebas suficientes de responsabilidad penal directa en el ámbito político-constitucional.
Investigación contra Boluarte en fase preparatoria
La investigación sobre las muertes en las protestas se encuentra en la fase preparatoria; esto significa que el Ministerio Público está en la etapa de recabar pruebas suficientes, identificar responsabilidades e imputados y elaborar posibles acusaciones. Tras ello, el proceso pasaría a una etapa intermedia.
Asimismo, el caso ya no está a cargo del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (EFICAVIP), ya que este equipo fue desactivado en enero de 2026 por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, mediante la Resolución N.° 005-2026-MP-FN.
Sin embargo, el Ministerio Público garantizó la continuidad de las 54 investigaciones relacionadas (incluidas las muertes, lesiones graves y otras violaciones de derechos humanos). Estas carpetas han sido transferidas a Fiscalías Corporativas Especializadas en Derechos Humanos y Terrorismo, y los mismos fiscales que integraban el EFICAVIP continúan a cargo de los expedientes en esta nueva estructura.
Conclusión
Es falso que el Poder Judicial haya ordenado la captura inmediata de Dina Boluarte, ya que no existe ningún mandato de detención vigente en su contra. Si bien el Tribunal Constitucional suspendió las investigaciones mientras ejercía la presidencia, estas podían reanudarse al concluir su mandato. La denuncia constitucional presentada en el Congreso fue archivada por falta de pruebas suficientes en el ámbito político-constitucional, pero la investigación penal continúa en etapa preparatoria. Además, aunque el EFICAVIP, que investigaba a la expresidenta, fue desactivado, los casos siguen su curso en otras fiscalías especializadas, lo que garantiza la continuidad de las diligencias.
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