Es engañoso afirmar que el Gobierno suizo ha dicho que elevar la calefacción sobre los 19° será un delito penado con 3 años de cárcel
La ley que pena con 3 años de cárcel está en vigencia desde 2017 y se ejecutaría solo en situaciones de grave crisis energética. Además, no se enfoca en el ciudadano común (aunque tampoco lo excluye). El proyecto de ley con las restricciones específicas es una propuesta más —de entre 4 o 5— que aún no ha sido aprobada.
Circula en redes sociales un video publicado por el canal “Isoka” el 13 de septiembre sobre las “nuevas medidas” adoptadas por la Unión Europea ante el desabastecimiento energético a causa de la guerra ruso-ucraniana.
En el lapso 01:54 - 02:18, el presentador afirma que “el Gobierno de Suiza ha advertido que elevar el uso de la calefacción doméstica a más de 19 grados Celsius será un delito penado con cárcel, como parte de un proyecto de ley para regular el consumo de energía en el país y que también, va a entrar en vigor en una situación complicada y geopolítica que en este caso obliga a racionar el consumo de gas”. Sin embargo, esto es engañoso por múltiples factores.
Foto: captura Facebook
La ley que impone la pena no es actual y solo funciona en caso de desabastecimiento
En primer lugar, como bien señala AFP Factual en una nota relacionada con el tema, lo que en realidad ha hecho el Gobierno suizo es preparar proyectos de ley y ordenanzas para situaciones de escasez energética. Esta regulación solo regiría en caso se presente esta crisis. Además, la ley que impone la pena de 3 años de cárcel está vigente desde 2017, no es reciente ni obedece al conflicto Rusia-Ucrania.
La norma impone medidas drásticas y hasta sanciona con pena de cárcel no mayor a 3 años a un conjunto de personas que actuasen maliciosamente con la energía en tiempos en los que esta escaseara. Se centra en funcionarios públicos relacionados con la energía, en comerciantes que la transportan, en dueños de negocios o edificios grandes cuyo uso es considerable y, aunque no excluye al ciudadano común, tampoco se enfoca en él.
Actualmente, los países europeos están buscando establecer protocolos más definidos de implementación que se adapten a la actual crisis energética. Suiza, sobre todo en ciertas regiones, ha sufrido un aumento importante de los precios debido al desabastecimiento energético mundial. Este problema tiene relación directa con la guerra entre los países de Rusia y Ucrania.
Una de las alternativas, es verdad, sería establecer prohibiciones y sanciones en caso el país atraviese por una crisis severa de energía. Al respecto, por ejemplo, el municipio de Zurich, ha propuesto —aunque todavía no es una ordenanza— ejecutar una serie de limitaciones de manera escalonada según el nivel de escasez. En las más drásticas, se impondría un tope de 19° Celsius a la calefacción. Esto, como se aprecia en el documento, tampoco se enfoca en el ciudadano común, si no más bien regiría, de presentarse la situación, para dueños de cierto tipo de edificios.
Estas medidas, de aprobarse en todo el Estado, igual se adaptarían a cada cantón —los cantones son la división territorial y legislativa de Suiza— o incluso se enfocarían únicamente en las regiones con estos problemas. Sin embargo, actualmente no existen estas dificultades a ese nivel. Consultado por AFP Factual, un vocero del Departamento Federal de Asuntos Económicos, Educación e Investigación (DEFR) de ese país le aseguró al medio que ahora no existe una falta de electricidad o de gas, por lo que no está vigente ninguna sanción ni existe restricción alguna, como se viene afirmando.
Por su parte, Sophie Michaud Gigon, secretaria general de la Federación de Consumidores de Francia (FRC), según recoge la Radio Suiza, ha manifestado que aún la pobreza energética realmente no los ha afectado. Sin embargo, la política también reconoce que la subida de precios es angustiosa y que, de ser necesario, habría que implementar medidas de apoyo a los ciudadanos que ganan menos.
Al respecto, existen también otras propuestas menos severas que la de las limitaciones y prohibiciones que antes señalamos. A la de Michaud Gigo, se suma una que busca limitar o eliminar los impuestos sobre ciertos componentes del petróleo y el gas para que los precios se reduzcan. Otra opción es invertir bastante en energías alternativas y sustentables, así como en promover el transporte público. La Unión Sindical Suiza, en este sentido, cree que los beneficios financieros del impuesto al CO2 deberían ser destinados enteramente a la población. Actualmente, solo se destinan dos tercios de esta tasa.
Entonces, retomando, la pena de 3 años de cárcel no es actual, solo rige en tiempos de severa crisis energética y no está enfocada en el ciudadano común —aunque tampoco lo excluye—. Asimismo, el proyecto de ley que establece como tope a la calefacción los 19° Celsius —una más entre algunas propuestas— aún no ha sido aprobado, e incluso aunque se lo hiciera, la proyección es que se ejecute de forma progresiva, sin que aplique para todo el país, sino solo para las zonas afectadas.
¿De dónde nace la desinformación?
Russia Today (RT), medio estatal ruso y objeto de varios artículos de fact-checking (1,2,3,4), da por hecho en una nota del 6 de setiembre que los ciudadanos de Suiza “podrán enfrentar” cárcel por mantener el termostato a 19°. Para ello, se apoya en declaraciones de Markus Spörndli, portavoz del Ministerio de Economía suizo.
Sin embargo, las palabras del funcionario han sido sacadas de contexto. La ley o las normas suizas no establecen aún alguna multa a quien transgreda la ley suiza antes referida. En ese sentido, la única sanción que existe para estos casos —siempre en una coyuntura de grave crisis energética—, es la que impone 3 años de cárcel. Por eso, el político hace referencia a esto: “Las violaciones de la ley de suministro estatal son siempre delitos menores o incluso delitos en algunos casos y deben ser perseguidos por los cantones de oficio… (la ley) no ofrece ninguna base para las multas”.
Al respecto, el director de la Policía suiza, Fredy Fässler, ha cuestionado que no existan actualmente procedimientos más simples que los penales y se ha mostrado a favor de las multas simples para las personas que infrinjan la ley —en caso se apruebe el proyecto de topes— y haya una crisis energética.
¿Qué medidas ha tomado hasta ahora Suiza?
El Gobierno suizo le ha pedido a los cantones que propongan iniciativas para combatir la escasez energética. Hasta la fecha, la campaña se ha basado en la comunicación. Promover a través de ella un ahorro energético, cuidando el tema de la calefacción, las duchas, el transporte, etc.
Stefan Meierhans, Monitor de Precios del Gobierno suizo, en entrevista para la Radio Suiza, ha comentado que más allá de trasladar el problema de los altos precios a la población, su administración prefiere enfocarse en averiguar por qué en ciertas regiones la energía está tan cara. El funcionario, diplomáticamente, ha cuestionado a la empresa privada, diciendo que no han sido del todo transparentes en justificar sus montos, dejando entrever que algunas estarían especulando.
Verificador le preguntó por las afirmaciones al canal “Isoka”, que hizo el video. Consignamos su respuesta: “todas las noticias comentadas en nuestros videos son previamente analizadas y estudiadas en diferentes fuentes y todas son fuentes confiables. No acostumbramos dar por ciertos los proyectos de ley o intenciones políticas que se den en ningún estado o país del mundo, hasta que éste es confirmado, sólo se comentan las posibilidades tal cual suceden los hechos. Somos un canal totalmente independiente. No nos financia nadie. Iniciamos en este rubro como creadores de contenido con la única finalidad de dar a conocer la realidad de la política mundial tal cual sucede y a la que el común de la gente no tiene acceso. No tenemos relación con ninguna entidad política, ni de interés político, ni nacional ni extranjera”.
Conclusión
La afirmación hecha por el canal Isoka en torno a las medidas punitivas que el Gobierno suizo habría decidido implementar ante la crisis energética son engañosas. La ley que propone 3 años de cárcel a quienes actúan maliciosamente ante una escasez grave no es reciente, sino de 2017. El proyecto de ley que pone topes a la calefacción es aún una propuesta.
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