Es impreciso que la rotación de personal cada 6 meses evita los actos de corrupción

En el programa “Voto responsable” emitido por TV Perú el 19 de julio de 2022, la candidata a gobernadora regional de Callao, Luz del Carmen Bazalar Miranda, señaló en la cadena de televisión nacional que creará una oficina anticorrupción que rotará personal cada seis meses para evitar actos de corrupción.

“Tenemos unas líneas de acción muy claras. La primera, la oficina anticorrupción del Callao paralelo a la procuraduría que está dentro del Gobierno regional, que también está denunciado el procurador por casos de corrupción. La oficina anticorrupción, que también se va a encargar de reestructurar el personal y hacer la rotación del personal cada seis meses para evitar estos actos de corrupción, que desgraciadamente han empobrecido nuestro puerto chalaco”, indicó Bazalar cuando se le preguntó acerca de la lucha contra la asociación de las autoridades con la delincuencia y el narcotráfico para obtener poder político.

El reporte “Panorama de las administraciones públicas América Latina y el Caribe 2020″, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), advirte que “la frecuente rotación de personal típica en la mayoría de los países de la región, tanto a nivel de Gobierno nacional como subnacional, amenaza la coordinación, ya que socava la continuidad, la confianza y la memoria institucional”.

El organismo internacional también señaló que un cuerpo profesional o personal especializado puede reducir riesgos de corrupción y contrarrestar el clientelismo; y, sin embargo, en Latinoamérica, la alta rotación de personal es recurrente y favorecida por los ciclos políticos.

Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe sobre “Las Oficinas de Integridad Institucional en el Perú en el 2019″, indica que la politización que implique la lealtad a un partido o ‘patrón’ en el poder, así como la alta rotación de personal, pueden propiciar actos de corrupción.

“Con una rotación de personal elevada, se puede otorgar menos importancia a la implementación de una cultura sólida de ética en el trabajo en la medida en que el personal no conserve su empleo el tiempo suficiente para sentirse comprometido con los valores de integridad pública ni para llevar estas medidas a la práctica. Por lo tanto, las políticas de gestión de recursos humanos (GRH) son tanto parte del problema como de la solución en la promoción de la integridad en la administración pública”, identifica la OCDE.

Igualmente, menciona que la rotación frecuente afecta la profesionalización y la continuidad necesaria para la ejecución de políticas de integridad y exhorta a la imparcialidad del proceso de contratación de recursos humanos.

Justamente, uno de los objetivos específicos del “Plan nacional de integridad y lucha contra la corrupción 2018-2021“ es impulsar una carrera pública meritocrática. Este objetivo pertenece al segundo eje de acción para la identificación y gestión de riesgos. Sin embargo, en 2020, la meta de lograr que el 100% de los Gobiernos regionales implementan la gestión del rendimiento de los servidores civiles fue parcialmente cumplida en ese entonces, según el informe de seguimiento y monitoreo de metas de ese año desarrollado por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).

El CAN es un espacio integrado por instituciones públicas, privadas y la sociedad civil para la articulación, coordinación de acciones y propuestas de políticas en la prevención y combate de la corrupción en el Perú desde 2010. Está conformado por los presidentes del Congreso de la República, Poder Judicial, Consejo de Ministros, Tribunal Constitucional, Fiscalía de la Nación, Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Asociación de Municipalidades del Perú y Junta Nacional de Justicia. De igual manera, la fiscal de la Nación, el ministro de Justicia y Derechos Humanos y el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, quienes son miembros que tienen voz y voto para la toma de decisiones.

No obstante, una investigación elaborada por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) junto a otros centros de investigación sostiene que “la continuidad de los espacios técnicos que se generan al interior de la CAN para discutir iniciativas vinculadas al plan nacional, y que son facilitados por la SIP (Secretaría de Integridad Pública), se ve afectada por la rotación del personal asignado a los mismos por parte de algunas de las entidades que la conforman, particularmente del lado del sector público”.

El director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, Eduardo Herrera, indicó a PerúCheck que la rotación cada seis meses incide en la transferencia y eficacia de una gestión y que no genera incentivos para el rendimiento del funcionario.

“Sacrificas la eficiencia de la gestión porque no hay permanencia. Si hay rotación cada seis meses, la persona cuánto se va a demorar en aprender su puesto, habiéndolo traído cada seis meses. Y si no tiene estabilidad, cuál es el incentivo para producir más si sabe que en seis meses se va. Matas la carrera (pública)”, sostuvo.

El abogado penalista también refirió que se pueden cometer en seis meses actos de corrupción y que esta propuesta perjudicaría la ejecución de recursos y políticas públicas. “Cada vez que tienes alta rotación, no hay permanencia, no hay carrera. Entonces, es como lo que está pasando ahora, que cambias de ministro de Interior cada mes, no se avanza porque vas cambiando de personal. Eso no le da continuidad”, reiteró.

Asimismo, el reporte del perjuicio económico de la corrupción en 2020, producido por la Contraloría General de la República (CGR), señala que más de 22.000 millones de soles se han perdido por corrupción e inconducta funcional, y que cerca del 60% de este monto corresponde a los gastos por contratación de personal y otros recursos necesarios para la provisión de los servicios públicos.

El texto refiere que el daño patrimonial en 2019 se concentró principalmente en dos puntos: la contratación y ejecución de obras públicas, y en los Gobiernos subnacionales. De los cuáles solo el primero se redujo significativamente en 2020, más de 8 puntos porcentuales, por la contracción tras la pandemia.

“En el primer caso, estamos hablando de un tipo de gasto que, sin una opinión experta o una supervisión técnica, difícilmente es posible reconocer si la inversión cuesta su valor o si la misma se viene realizando conforme a lo técnicamente aceptable; mientras que en el segundo caso, los Gobiernos subnacionales adolecen —en mucha mayor medida que el Gobierno nacional— de un servicio civil meritocrático, estando más expuestos a las prebendas y la rotación masiva de personal con cada nueva gestión”, se lee en el documento.

Julio Arbizú, exprocurador Anticorrupción del Perú, explicó a PerúCheck que “la alta rotación atenta contra la ejecución de un programa serio en gestión en cualquier institución pública”.

Arbizú aseguró que una elevada rotación significa que la ‘torta’ se reparte entre más personas. “Esto definitivamente no garantiza la desaparición o un combate serio contra la corrupción porque eso, por el contrario, lo que va significar es que probablemente haya más personas beneficiándose de los espacios de corrupción que están instaurados, instalados desde hace mucho tiempo”, advirtió.

“Uno de los principales problemas de la corrupción en los espacios municipales o regionales tiene que ver con la ejecución del presupuesto. Hay municipalidades que tienen mucho dinero y que lo gastan sin control. Eso tendría que suponer que haya mayor acercamiento, coordinación entre los espacios de control interno y las instancias formales de las instituciones”, concluyó.

Descargos

PerúCheck se comunicó con la candidata por el Frente de la Esperanza 2021 al Gobierno Regional del Callao, Luz Bazalar, quien precisó que la propuesta no es propia y que es una línea de acción de la oficina anticorrupción que crearía al llegar al poder.

“Yo no estoy dando una noticia, yo estoy dando una propuesta, así me lo invente, así yo crea que en estos momentos, yo diga, el día de mañana voy a acabar con la corrupción porque me voy a poner a rezar en una esquina. Ustedes no lo pueden verificar como fake news. Porque esa es mi forma de pensar, mi libertad de opinión, mi libertad de propuesta, amparada en la constitución (sic)”, dijo por teléfono el 19 de agosto de 2022.

Asimismo, la aspirante compartió dos enlaces (1, 2) vía WhatsApp como fuentes que sustentan su propuesta.

El primero redirige a una columna de opinión publicada el 11 de julio de 2019 en el diario colombiano El Tiempo, que muestra una serie de medidas que redujeron la corrupción en Singapur; entre ellas, la rotación de funcionarios.

La columna indica que, al contrario de las iniciativas del Congreso colombiano, el Gobierno de Lee Kuan Yew estableció reglas claras y sencillas para contratar con el Estado, se incrementó las penas para los culpables de corrupción, y que los empleados públicos tenían que rotarse en sus cargos ‘cada cierto tiempo’ para evitar que se enquisten en el poder. No figura la rotación de personal como única medida.

El segundo enlace es un artículo de opinión publicado en el blog de la Universidad Continental de Perú, que plantea tres pilares para la lucha contra la corrupción en la contratación pública.

Dentro del segundo pilar, el autor señala que el Estado peruano tiene como retos el replantear el gran problema de la meritocracia, reformular la figura de los cargos de confianza en todos los niveles del Estado y evaluar la autonomía de la Procuraduría Anticorrupción como unidad técnica especializada para la defensa de los intereses del Estado.

Justamente, con respecto a los cargos de confianza, el texto indica, como hemos venido argumentando, que “actualmente la alta rotación de funcionarios de confianza en puestos clave no permite sostener políticas públicas urgentes de mediano y corto plazo”.

Conclusión

La propuesta de la candidata a gobernadora del Callao por el Frente de la Esperanza 2021, Luz del Carmen Bazalar Miranda, de rotar personal cada seis meses para evitar actos de corrupción es imprecisa, porque si bien la rotación de personal puede considerarse una medida preventiva, estos cambios semestrales desalentarían al funcionario para desarrollar una carrera pública.

Fact-checking elaborado por Randy Ortiz para la alianza PerúCheck.

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