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El 30 de septiembre del 2021, el congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante afirmó, durante el debate por la interpelación presentada contra el ministro de Trabajo, Íber Maraví, que la disolución del Parlamento ocurrida en el año 2019 durante el Gobierno de Martín Vizcarra fue inconstitucional.

“El día de hoy se cumplen dos años desde que se cerró inconstitucionalmente el Congreso y hago votos para que eso nunca más se repita”, afirmó Alejandro Muñante.

Este congresista no fue el único que se refirió al cierre del Parlamento ocurrido el 30 de septiembre del 2019. Karol Paredes, parlamentaria de Acción Popular, dijo: “Hoy, 30 de septiembre, hace dos años callaron las voces de los parlamentarios en este recinto, cuando todos ejercían sus atribuciones constitucionales y en medio de una falacia de interpretación constitucional, cerraron el Congreso”.

Asimismo, las congresistas de Fuerza Popular Patricia Juarez y Cruz María Zeta mencionaron una supuesta disolución inconstitucional.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional concluyó que la medida tomada por el Ejecutivo en 2019 fue legal y tuvo los fundamentos necesarios.

El artículo 134 de la Constitución Política indica que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o negado la confianza a dos Consejos de Ministros.

Artículo 134 de la Constitución Política del Perú. Foto: Congreso

En el contexto de este marco legal, el 15 de septiembre de 2017, el Congreso de ese entonces rechazó el voto de confianza presentado por el otrora primer ministro Fernando Zavala. Esta fue la primera negación de confianza ocurrida durante el Gobierno de la fórmula presidencial encabezada por Pedro Pablo Kuczynski, con Martín Vizcarra como primer vicepresidente y Mercedes Aráoz como segunda vicepresidente.

El 30 de septiembre del 2019, ya tras la renuncia de Kuczynski y con Martín Vizcarra como presidente de la República, el Congreso se negó a debatir la cuestión de confianza que presentó el entonces premier Salvador del Solar en relación a la elección de magistrados en el Tribunal Constitucional (TC). En vez, procedieron a elegir a un nuevo magistrado de esta corte.

Tras ese hecho, y entendiendo que había sucedido una denegación fáctica de la confianza, Martín Vizcarra decidió ese mismo día cerrar el Congreso de la República y convocar a nuevas elecciones parlamentarias. Esta decisión fue publicada en el Decreto Supremo Nº 165-2019-PCM.

Ratificación del TC

Debido a la decisión tomada por el Ejecutivo, el entonces presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, presentó ante el TC una demanda competencial con el objetivo de que el órgano determine si Vizcarra interfirió en las atribuciones asignadas al Poder Legislativo.

El Tribunal Constitucional resolvió el 14 de enero de 2020, mediante la Sentencia Nº 0006-2019-CC/TC, infundada la demanda presentada por Olaechea.

El argumento principal fue que el Ejecutivo “contaba con competencia para plantear una cuestión de confianza tanto para proponer una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional como para solicitar la postergación de la elección de los magistrados”.

Captura de parte resolutiva de la Sentencia N°0006-2019-CC. Foto: TC

El TC tiene la última palabra

Omar Cairo, abogado especialista en temas constitucionales, señaló a PerúCheck que “afirmar que el cierre fue inconstitucional es decir algo que no es cierto”.

¿Por qué? Cairo explicó que el TC reconoció las dos cuestiones de confianza negadas por el Parlamento. La primera al gabinete Zavala y la segunda al gabinete encabezado por Salvador del Solar. “El primer ministro Del Solar planteó la cuestión de confianza pidiendo al Congreso que se suspenda el nombramiento de jueces del TC hasta que se apruebe una modificación en la Ley Orgánica del TC”, recordó el especialista.

Ese pedido fue planteado por el presidente con carácter de urgencia, el Congreso le hizo caso omiso a Del Solar y nombró a dos magistrados. “En ese momento convirtió en imposible la petición del primer ministro, denegó materialmente lo que pedía”, precisó Cairo.

Por ello, afirma el constitucionalista, “como ocurrieron dos rechazos de la cuestión de confianza en un periodo parlamentario, uno de Zavala y otro Del Solar, la carta magna habilitaba al presidente disolver el Congreso”.

Omar Cairo concluyó que decir que el cierre fue inconstitucional es falso debido a que “el órgano de control de validez constitucional de los actos parlamentarios, que es el TC, decidió con carácter de cosa juzgada que el cierre fue constitucional”.

Conclusión

Es falso afirmar que el Congreso se cerró de manera inconstitucional. El artículo 134 de la Constitución estipula que el Ejecutivo puede disolver el Parlamento si este censura o niega la confianza de dos Consejos de Ministros. En septiembre de 2017 se negó la cuestión de confianza al gabinete Zavala y en 2019, el Parlamento volvió a rechazar la confianza, esta vez del gabinete Del Solar.

De acuerdo a la Sentencia Nº 0006-2019-CC, emitida por el Tribunal Constitucional en enero del 2020, la disolución del Congreso realizada por Martín Vizcarra se ajustó a derecho y fue legal. Asimismo, según el constitucionalista Omar Cairo, debido a que ocurrieron dos negatorias de confianza en un mismo periodo parlamentario, la carta magna habilitó al Ejecutivo para disolver el Congreso de forma constitucional.

Fact-checking elaborado por Lucía Tumes para la alianza PerúCheck.

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