Es falso que en 1993 Domingo Pérez y Víctor Zúñiga fueron abogados de Abimael Guzmán
Cibernautas comparten una publicación en la que se afirma que tanto el fiscal como el juez defendieron la libertad del líder terrorista de SL, pero esto no es cierto.
En Facebook, divulgan una imagen en la que se aprecian las fotografías del fiscal José Domingo Pérez y el juez Víctor Zúñiga junto con la hoz y el martillo, símbolo que es usado por algunos usuarios peruanos para aludir a la organización terrorista Sendero Luminoso (SL), que encabezó Abimael Guzmán.
“Si no creen, por lo menos investiguen… Ambos personajes, tanto el fiscal y el juez, pertenecieron al grupo de ‘abogados democráticos’ que abogaban por la libertad de Abimael Guzmán en 1993”, se lee en la descripción que acompaña al posteo.
Esta publicación, que ha sido replicada más de 5.800 veces, circula en la red social desde el 11 de febrero de 2020 hasta agosto de 2021. Sin embargo, lo que se afirma es falso.
Publicaciones falsas. Fotos: capturas en Facebook.
Domingo Pérez y Víctor Zúñiga no fueron abogados de Guzmán en 1993
Consultado por Verificador de La República, desde el área de prensa del Ministerio Público desmintieron que Pérez y Zúñiga hayan ejercido como abogados de Guzmán.
Mediante Twitter, la Fiscalía calificó de “falsa” esta publicación, que ha sido viralizada en Facebook. “El Ministerio Público advierte a la opinión pública que esta información es falsa”, tuiteó el 7 de septiembre.
Comunicado. Foto: captura en Twitter / Ministerio Público.
Además, comentaron a este medio que en 1993, Pérez tenía 17 años de edad. “Para ser abogado se cursan estudios universitarios de seis años después de concluir los estudios secundarios. A los 17 años es imposible (fáctico y jurídicamente) ser abogado”, puntualizaron.
Como lo informó La República, el fiscal obtuvo el título de abogado todavía en noviembre del año 2000, por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Así también, se consignó la experiencia laboral como fiscal desde el año 2005 en varias regiones del territorio nacional. En ninguna parte se reportó que haya sido abogado de Guzmán.
Actualmente, Domingo Pérez investiga los presuntos casos de lavado de activos que involucran a la excandidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori, a expresidentes y otros políticos del Perú.
La República también describió el perfil de Víctor Zúñiga el 2020, luego de que este dictara 15 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular. En este recuento tampoco se nombra o destaca que haya formado parte de la defensa del líder terrorista.
Zúñiga preside el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Superior Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios. Está a cargo del proceso preparatorio del caso Cócteles que involucra a Keiko Fujimori y que es investigada por el fiscal Pérez.
Asimismo, un informe anual de 1992 y 1993 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala al letrado Alfredo Crespo como abogado de Guzmán.
Informe 1993. Foto: captura en web CIDH.
“Se ha denunciado ante la CIDH que dos miembros de la Asociación de Abogados Democráticos, los doctores Alfredo Crespo y Jorge Cartagena —defensores de Abimael Guzmán el primero y de Osmán Morote y Marta Huatay el segundo— fueron detenidos en Lima el 11 de enero de 1993”, se lee en uno de los documentos. Estos informes hablan sobre la vulneración al derecho a la defensa, de la que se habría incurrido con estos juristas.
Según un reporte periodístico de El Comercio de 2013, Crespo “es uno de los abogados defensores del terrorista Abimael Guzmán, desde que este fuera capturado por la Dircote el 12 de septiembre de 1992”.
El medio indica que desde 1990 se conoció a Crespo como presidente de la entonces Asociación de Abogados Democráticos, que defendió a finales de los años 80 y comienzos de los 90 a varios integrantes senderistas. Comunica también que este letrado es dirigente del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) —grupo político de fachada de SL.
El 2003, Manuel Fajardo, uno de los fundadores del Movadef, quien falleció el 2018, también fungió de abogado del cabecilla terrorista, como se muestra en una entrevista. Un año antes, el Tribunal Constitucional había ordenado un nuevo juicio contra el líder de SL.
En un reporte de 2012 de La República, Carlos Gamero figura como otro de los defensores de Guzmán.
Según una anterior verificación, Crespo, en calidad de abogado del cabecilla terrorista, interpuso un recurso de hábeas corpus en favor de Guzmán, pero fue declarado infundado en junio de 2021 por la Corte Superior de Lima. Ello se evidencia en el Expediente Número 2322-2020. Actualmente, este letrado se encuentra en prisión preventiva por terrorismo tras la operación Olimpo.
Nota. Foto: captura en web / Andina.
El procurador antiterrorista Milko Ruíz informó a la Agencia de Noticias Andina que al momento el líder de SL enfrenta dos procesos judiciales llamados caso Perseo y caso Soras. El primero es por el delito de terrorismo que involucra a Guzmán, junto a otros miembros senderistas e integrantes del Movadef. El otro caso es por la matanza de 117 comuneros del pueblo de Soras, perpetrada en 1984.
Ruíz comentó que existen otros dos casos en investigación, que tienen que ver con las masacres a ronderos de la comunidad de Huayao, en Ayacucho, y a indígenas ashánincas en Satipo.
Guzmán fue condenado el 2006 a cadena perpetua por el delito de terrorismo agravado y, además, recibió esta misma condena por el atentado en la calle Tarata, Miraflores, el 2018.
Desde Verificador intentamos obtener declaraciones de la entonces Asociación de Abogados Democráticos, pero hasta el cierre de la nota no hemos tenido éxito.
Conclusión
El fiscal Pérez y el juez Zúñiga no fueron abogados de Guzmán en 1993. El letrado Crespo ha figurado como defensa del líder terrorista desde el año 1992, pero también hubo otros que abogaron por su libertad. Por ello, calificamos la publicación en Facebook como falsa.
*Para saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).
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Comunicadora social por la UNMSM. Cuenta con experiencia en la gestión de la comunicación en organizaciones de derechos de pueblos indígenas. Lleva más de dos años como periodista de fact checking de Verificador de La República. Me interesan los temas asociados al medio ambiente, salud y política.