Es falso decir que hay 42 proyectos mineros con EIA perfectamente establecidos

El candidato al Congreso por el partido Podemos Perú Carlos Anderson afirmó que, de llegar a ser gobierno, la agrupación política liderada por Daniel Urresti impulsará la minería y dará inicio a la ejecución de 42 proyectos mineros con licencia social y Estudios de Impacto Ambiental (EIA) “perfectamente establecidos”.

Durante un debate electoral entre jefes de Plan de Gobiernos, organizado por El Comercio, Anderson aseguró que Podemos Perú impulsará “el sector productivo más importante que hay en el país: que es el sector de toda la minería”.

“(Podemos Perú) nosotros vamos a poner en marcha 42 de los 48 proyectos que hoy en día tienen ya licencia social y Estudios de Impacto Ambiental (EIA) perfectamente establecidos”. Miércoles, 17 de febrero, debate electoral en El Comercio.

Esta afirmación es falsa.

Tras consultar con informes de fuentes oficiales y leer aclaraciones del propio Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ministerio del Ambiente (Minam) y de la Defensoría del Pueblo, concluimos que, en la actualidad, no hay 42 ni 48 proyectos mineros con EIA aprobados.

Según el último resumen ejecutivo del Minem, Cartera de Proyectos de Construcción de Mina, publicado en noviembre del 2020, se da cuenta de 46 proyectos mineros (no 48), ubicados en 17 regiones del país, con un monto global de inversión de $ 56,158 millones. No todos ellos tienen EIA aprobados.

Entre 2019 y 2020, un par de proyectos comenzaron a operar y fueron excluidos del informe. Además, se dejaron de considerar cuatro proyectos, “debido a que el periodo de realización” se encontraba “fuera del horizonte temporal del estudio actual”, pero se incorporaron otros cuatro. Por ello, el número de proyectos contemplados en el documento es de 46.

El Minem comunicó que “aquellos proyectos que no contaban y/o se encontraban en proceso de elaboración de su Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIAd) en la edición 2019 de la Cartera de Proyectos de Construcción de Mina, se han mantenido en la misma situación en la edición del 2020”.

Este órgano precisó que “varios proyectos que contaban con un EIA aprobado solicitaron modificaciones de su instrumento de gestión ambiental (IGA) vigente al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace)”.

“Por ejemplo, el actual proyecto en construcción Quellaveco recibió la aprobación de su sétimo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de su cuarta modificación del EIAd (MEIAd), por parte del Senace el pasado 24 de julio del 2020. A su vez, en diciembre del 2020, el Senace aprobó el cuarto ITS del EIA-d del proyecto Magistral. Adicionalmente, en dicho mes se aprobó la segunda modificación del EIA-d del proyecto Yanacocha Sulfuros”.

Asimismo, en la última edición de la Cartera de Proyectos de Construcción de Mina se incorporaron cuatro nuevos proyectos “de los cuales tres cuentan con EIAd aprobado: Ampliación Shouxin ($ 140 millones) ubicado en la región Ica, Chalcobamba Fase I ($ 130 millones) ubicado en Apurímac, y Pampacancha ($ 70 millones) ubicado en Cusco”.

¿Licencia social?

El Minem y el Minam coinciden en que la figura de “licencia social” no existe en nuestro marco legal vigente. Para el primero, por ende, “no tiene relación alguna con la obtención de un acto administrativo o una resolución respecto a algún proyecto de inversión”. En tanto, el segundo aclara que nuestra normativa “incluye los mecanismos de participación ciudadana necesarios para considerar las inquietudes, propuestas y observaciones de la comunidad”.

El abogado ambientalista Richard O’Diana sostuvo que el término “licencia social” no está establecido en las normas. Según dijo, se trata de un “término a nivel de opinión pública, cuando supone un acuerdo con las comunidades”: No obstante, comentó que el “acuerdo” debe descansar en un instrumento legal. “Si tienes instrumentos legales, tienes estabilidad”.

Indicó que cualquier proyecto extractivo (petrolero, minero) tiene que cumplir con ciertos procedimientos. Si la actividad afectará a una comunidad indígena, se tiene que desarrollar la consulta previa. También está el “acuerdo previo por la tierra” (un acuerdo entre la empresa y la comunidad) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que es un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), donde está el proceso de participación ciudadana.

Entonces, ¿qué implica un EIA aprobado? La jefa del Área de Medioambiente de la Defensoría del Pueblo, Lissette Vásquez, explicó que todo proyecto de inversión minero, además de presentar certificaciones técnicas, “debe contar con una certificación ambiental, que es el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”. “Este otorga al proyecto la viabilidad ambiental social que necesita para desarrollarse”.

Señaló que “a partir de los EIA se establecen las medidas y los mecanismos de mitigación”. Dentro del concepto de evaluación, el EIA “tiene que garantizar el proceso de participación ciudadana”, es decir, “informar a la población del proyecto y darle la posibilidad de brindar sus aportes para que sean considerados”.

La abogada manifestó que, por lo general, este proceso “se materializa en talleres participativos, consultas públicas, que por la pandemia deben estar realizándose a través de otras alternativas que incluyan la virtualidad”. “La empresa tiene la obligación de hacer una evaluación de esos aportes, considerarlos y con esos elementos tomar la decisión respecto a la viabilidad del proyecto en cuestión”.

Para Vásquez, el proceso de participación ciudadana, que forma parte de los EIA, “debe ser de permanente involucramiento de la población. No solo en la etapa de formulación del proyecto, sino que debe darse en la etapa previa y en todo el ciclo del proyecto para que se pueda garantizar una relación armoniosa entre la empresa y la población. Así se evitarán conflictos”.

De acuerdo a la revisión efectuada, de los 46 proyectos de inversión minera mostrados, 22 tienen el EIA-d aprobados. Desde el Minem señalaron, además, que los proyectos cuya “Etapa de Avance” figura “factibilidad”, “ingeniería de detalle” y “en construcción” son viables y la mayoría de ellos tienen el EIA y sus modificaciones como aptos.

Sin embargo, hay alrededor de cinco proyectos que, según el Reporte de Conflictos Sociales, de la Defensoría del Pueblo, de enero 2021, están envueltos en algún tipo de conflicto socioambiental. Asimismo, dos proyectos aparecen como casos “en observación”.

Consultado el candidato sobre su afirmación, atinó a enviar a PerúCheck una publicación de Gestión, titulada: “Hay 48 proyectos mineros con EIA aprobado, de los cuales seis tienen conflictos sociales”.

La nota data de agosto de 2020. Es decir, en ese entonces el último informe Cartera de Proyectos de Construcción de Mina todavía no había sido dado a conocer y el exministro Luis Incháustegui brindó información del 2019, que sí menciona a 48 proyectos, “de los cuales seis” tenían conflictos sociales.

Conclusión

La afirmación del candidato Carlos Anderson es falsa. Si bien se basó en un informe oficial, este era del 2019. Actualmente, hay 46 proyectos mineros en el portafolio del Ministerio de Energía y Minas. Asimismo, los proyectos con EIA aprobados y que, a su vez, no estén envueltos en algún tipo de conflicto socioambiental, no son 42, como resaltó, sino una cantidad menor.

Fact-checking elaborado por Paola Mendieta de Verificador de La República para la alianza PerúCheck.

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Autor: La República