Camargo Corrêa busca archivar investigación de sobornos en el Perú

Vía tutela de derechos. La constructora argumenta que en Brasil la investigación "Castillo de Arena" fue declarada ilegal y que las pruebas, que incluyen información de pago de sobornos en el Perú sobre la Interoceánica y la planta de Huachipa, no se pueden utilizar. Pedido está pendiente en la Sala Penal Nacional del Poder Judicial.

Dinero. Según los documentos incautados por la policía brasileña, la constructora pagó sobornos por hacerse con la construcción de la planta de tratamiento de agua de Huachipa

Dinero. Según los documentos incautados por la policía brasileña, la constructora pagó sobornos por hacerse con la construcción de la planta de tratamiento de agua de Huachipa.

César Romero

En Brasil, la empresa "Construcoes e Comercio Camargo Corrêa SA" negocia un acuerdo de lenidad con el Ministerio Público del Perú.

Sus abogados buscan que el Poder Judicial archive las investigaciones sobre los actos de corrupción que se revelaron en el caso "Castillo de Arena".

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El argumento de dicho pedido es que, el año 2015, "Castillo de Arena" fue declarado ilegal por la justicia brasileña y lo mismo, dicen, se debería hacer en el Perú: archivar todo, olvidar los sobornos pagados y no investigar ni sancionar a nadie.

Lo interesante para el Perú en este tema es que en el marco de dicha investigación, en el 2008, la policía federal brasileña encontró diversas planillas secretas y correos que revelaban que la sucursal peruana de Camargo Corrêa pagó sobornos para adjudicarse contratos de obras públicas.

Los documentos detallaban una previsión de 6'000,000 de dólares y diversos pagos por la adjudicación, en el 2006, de los contratos por el tramo 4 de la carretera Interoceánica en el gobierno del hoy prófugo ex presidente Alejandro Toledo.

Además, incluían diversos cuadros de pagos mensuales por más de 2'750,000 dólares a diversos funcionarios por los contratos para la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua de Huachipa, que se adjudicó al consorcio integrado por Camargo Corrêa de Brasil y OTV de Francia, en el segundo gobierno de Alan García.

Indagación

El 2015, los documentos de la policía brasileña llegaron al Perú y los fiscales anticorrupción empezaron a investigar el tema.

La fiscalía ya logró rastrear uno de esos pagos a una cuenta del empresario Josef Maiman, en Reino Unido, que estaría vinculada a pagos al ex presidente Alejandro Toledo por el tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur.

Además, se están confirmando depósitos realizados al ex presidente de Sedapal Guillermo León, al fallecido ex viceministro de Construcción Juan Sarmiento Soto y al ex gerente de Promesal Umberto Olcese.

La fiscalía comprobó un depósito de 55 mil dólares en una cuenta en el Ocean Bank, en La Florida, Estados Unidos, a nombre de Enrique Saco Jaramillo, relacionado con Sarmiento Soto. También un depósito en Gran Caimán en una cuenta controlada por Olcese.

Tutela de derechos

Todos estos hallazgos pueden pasar al archivo de prosperar el pedido de "Camargo Corrêa SA Sucursal Perú" y su representante legal Marco de Moura Wanderley.

La solicitud, vía tutela de derechos, está en evaluación por los Juzgados de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional. Este proceso "fue analizado y juzgado como ilegal según resolución final emitida por la Corte Suprema de la República del Brasil, archivando de modo definitivo todas las acusaciones. [...] El material producido por la investigación es inválido", señaló la empresa en un comunicado público.

Camargo Corrêa presentó su primera solicitud en octubre del 2016, que fue rechazada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

El juez a cargo consideró que la fiscalía todavía no había formulado cargos contra nadie, por lo que debía hacer valer su derecho legal cuando correspondiera.

Entonces, al mes siguiente, la empresa presentó un segundo pedido ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima. El juez Juan Carlos Sánchez consideró que ese caso era de competencia de los Juzgados Penales Nacionales.

A fin de año, la causa pasó a la Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lima, al considerarse que se había generado una contienda de competencia entre los juzgados nacionales y los de Lima.

Tema pendiente

Sin embargo, el tribunal superior, presidido por la doctora Susana Castañeda Otsu, aclaró la situación.

No había ninguna contienda de competencia y el caso debía ser visto por el Juzgado Penal Nacional.

Así, la pretensión de Camargo Corrêa sigue latente cuando se acerca el momento de que la fiscalía anticorrupción formule cargos ante el Poder Judicial por los sobornos pagados por esta empresa brasileña en el país.

Camargo Corrêa, en Brasil, ya ha empezado a reconocer los crímenes en los que se ha visto implicada.

Mientras tanto, en el Perú, niega toda posibilidad de colaboración con las autoridades nacionales.

Tal vez para no verse perseguida como sucede actualmente con Odebrecht, pese a que colabora.

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