Fernando Castillo: “Hay una lentitud constante en prever y atender los conflictos”

El exdirector de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (Minem) Fernando Castillo, cuestionó la lentitud con que la actual gestión presidencial trata de resolver los conflictos en zona mineras, lo que ocasiona un escalamiento como en Las Bambas. Pero añade que el problema viene desde los últimos tres años, donde no hay estabilidad en los equipos de prevención de conflictos. El efecto, es el riesgo en la disminución de inversiones.

Usted señala que la mayoría de conflictos no son por un rechazo a la minería, sino en búsqueda de mejor convivencia y mayores beneficios.

Revisando las últimas protestas, no dicen que se vaya la minería, sino cuál es el beneficio como región o provincia. Y ahí aparece un poco la incapacidad del Estado para ejecutar de forma correcta los recursos que otorga la minería. El canon de los últimos quince años ha sido 40 mil millones de soles, apenas el 60% se pudo ejecutar.

Si no existe una oposición cerrada, ¿Qué está fallando para no encontrar un punto de diálogo?

Conflictos hubo y van a seguir existiendo, el problema es que el Estado, no los está abordando preventivamente. Me tocó ser director en gestión social del Minem por 7 años, pero tras mi salida, en cerca de 40 meses, hubo 16 personas en el cargo, es decir tres o cuatro meses para cada director. Es técnicamente imposible que un funcionario en ese corto tiempo pueda hacer un planteamiento contra la conflictividad. Esto viene de dos o tres años atrás, desde el gobierno de Martín Vizcarra... Por ejemplo, en el paro de transportes, el gobierno sabía dos semanas antes que habría esos bloqueos por la suba de combustibles y no tomaron medidas preventivas de eliminar ISC o ampliar fondo de estabilización, cosas que ya se hicieron en otros momentos. No existe conflicto en el mundo donde la población sueñe la noche anterior que al día siguiente va a bloquear un puente.

¿En el caso de los últimos bloqueos (Las Bambas, Cuajone), el gobierno no los alentó con su discurso de campaña?

No solo es el discurso, sino los funcionarios que ha designado, como Jorge Rimarachín, conocidos operadores de conflictividad que hoy son parte del gobierno e interlocutores. Una población que antes era liderada por dichas personas, ahora se siente empoderada. En las comunidades dicen “nuestro gobierno nos va a ayudar a recuperar las tierras que se vendió a las mineras”.

En el caso de Las Bambas, ¿su continuidad corre peligro?

El riesgo es enorme. En todo su quinquenio de operación, hubo cerca de 110 bloqueos por año, casi es el 28% a 30% del tiempo total de trabajo bloqueado. Probablemente, Las Bambas tendrá que seguir evaluando su permanencia o no. Pero lo grave no es solo Las Bambas, sino que hay proyectos cercanos que no podrían ponerse en marcha por el contexto social de la zona. Y así no vamos a tener nuevas inversiones, por lo que van a caer los ingresos. Desde el 2019 el Perú viene retrocediendo en el ranking de competitividad minera (informe Fraser).

¿Qué podría hacerse para tener cierta paz en el Corredor Minero del Sur?

Hay un ejemplo claro. Las Bambas fue invadida el jueves santo y el gobierno nacional respondió el sábado, indicando que recién para el miércoles siguiente llegaría una comisión, seis días después. Es una incapacidad tremenda. Normalmente, el Estado asumía los conflictos de manera previa. Cuando se construyó Las Bambas había bloqueos todos los días, pero se resolvían al momento, pues era una inversión donde el Estado es un socio. Entonces, primeros tiene que haber una labor preventiva. Eso ayudaría a que la conflictividad no escale. En seis días hay un escalamiento que para muchos es adrede, con el fin de promover una conflictividad que cuestione el sistema y lleve a una nueva Constitución. No me atrevo a suscribir eso, pero sí es evidente que hay una lentitud constante en atender estos escenarios.