Universidades abren desde marzo, pero públicas advierten falta de recursos

Desde marzo del 2022, universidades públicas y privadas tienen previsto reabrir sus puertas para brindar, de forma progresiva, las clases semipresenciales dándole mayor énfasis a carreras como las de Ciencias de la Salud e Ingenierías. En esto coinciden las asociaciones que las agrupan, aunque cada una lo hará en la fecha y bajo el proceso que decida. Por ahora, se ha descartado un retorno total.

En lo que también coinciden las universidades nacionales es que los recursos destinados por el Gobierno son insuficientes para garantizar el aforo limitado, la conectividad y los laboratorios en este retorno. Desde la Asociación Nacional de Universidades Públicas (Anupp) y las últimas gestiones del Ministerio de Educación (Minedu) se ha alertado que el proyecto de ley de presupuesto 2022, elaborado por la cartera de Economía y Finanzas, otorga menos del 10% de lo solicitado para la semipresencialidad y el impulso de la calidad. “Lo que peligra es la provisión del servicio en las estatales. Se corre el riesgo de que lo avanzado en estos años se pierda. Eso afecta a 360.000 alumnos”, advierte Jorge Mori, exdirector de educación superior universitaria (Digesu) del Minedu, que formuló las propuestas.

A esto se suma que a solo cuatro meses de la apertura, el sector aún no ha publicado la nueva norma que debe guiar a las autoridades universitarias en la ejecución de la semipresencialidad, aunque asegura que su revisión está en manos de la Sunedu. Esta última, por su parte, ya no obligará hasta diciembre del 2022 a cambiar los licenciamientos para ofrecer dicha modalidad. En tanto, el Ministerio de Salud asegura que ya le entregó su protocolo a los rectores; sin embargo, ellos señalan que a la propuesta le falta afinar aspectos referidos a comedores, bibliotecas y laboratorios.

La República tuvo acceso a una de las últimas versiones del documento con las orientaciones del Minedu para las clases del 2022. En este se habla de un modelo híbrido, el cual integrará la enseñanza presencial con la de distancia. El porcentaje de cada uno será decidido por la universidad, la cual deberá reportarlo a la Sunedu.

Según la norma, aún sujeta a cambios, las universidades podrán convocar a sus estudiantes y docentes tomando en cuenta ciertas características: grupos de riesgo, medio de transporte, dificultades de conexión, discapacidad, lugar de residencia, alto contagio, entre otras.

Las clases, además, podrán ser simultáneas; es decir, con un grupo en el campus y el otro viendo la transmisión desde sus casas; también serán mixtas; replicadas paralelamente; y rotativas por grupos (ver cuadro).

De esta forma, se prevé implementar el servicio semipresencial para el más de un millón de estudiantes de públicas y privadas, aunque cada una avanza a distinto ritmo. En San Marcos, con cerca de 40.000 alumnos, lo previsto es arrancar en marzo del 2022 con 60% o 70% de su población, priorizando las Ciencias Médicas y Básicas, e Ingenierías. En tanto, Ciencias Sociales y Letras tendrá una mayor proporción no presencial, según la rectora Jeri Ramón.

Otra que requiere más clases prácticas por la naturaleza de sus carreras es la Universidad Nacional Agraria La Molina, cuyo rector Américo Guevara detalló que las facultades priorizarán los cursos más importantes para la labor semipresencial.

Acondicionar salones

Tras dos años cerradas, y en base a las normas de bioseguridad vigentes, la mayoría de instituciones demanda un acondicionamiento de sus laboratorios, mantenimiento de equipos y servicios básicos. Así, para cumplir con el distanciamiento social, un aula normal de laboratorio deberá desdoblarse en dos o tres salones. “Eso implica habilitar más espacios, triplicar la cifra de docentes. También se tiene que asegurar la conectividad. Para la presencialidad se necesita un presupuesto fuerte, pero en vez de aumentar, ha disminuido”, explica Ramón, también presidenta de Anupp.

En esa línea, Jorge Mori, señala que el MEF recortó lo solicitado durante su gestión (hasta setiembre) y no ha dado más recursos para la semipresencialidad dentro del proyecto de presupuesto que en unos días se definirá en el Congreso.

Según su propuesta, lo pedido para la semipresencialidad y la calidad universitaria era 894 millones de soles, pero el MEF asignó 87 millones (menos del 10%). En tanto, de los más de 107 millones demandados para ampliar la oferta el 2022, se otorga 48 millones. Para conectividad pidieron más de 175 millones y se les da 4 millones.

Desde el sector aseguran que han enviado solicitudes de modificaciones al Congreso.

Vacunación y pensiones

Hace más de un mes, el Minsa dijo que para el retorno a las aulas será requisito contar con las dos dosis de la vacuna. La Agraria afirma que lo exigirá, al igual que la Universidad de Ucayali. Por su parte, San Marcos aún evaluará qué medidas aplicar a quienes no estén vacunados.

La Asociación de Universidades del Perú (ASUP) aún no tiene una posición institucional; sin embargo, su presidente Iván Rodríguez, también rector de la Universidad Ricardo Palma, lo considera necesario.

Otro punto son las pensiones en las privadas. Rodríguez precisa que cada institución decidirá si estas se mantienen o sufren cambios, dado que la semipresencialidad implica ajustes presupuestales. “Se trabajará de forma híbrida y se hará inversiones. Según los costos, se verá si se mantiene los descuentos o lo suspenden. Dependerá de la capacidad económica de cada alumno”.

Desde la Federación de Docentes de Universidad Públicas señalan que si bien consideran necesarias las clases presenciales, también dicen que varios no irán por su condición vulnerable; así como por las carencias en protocolos e infraestructura. Por su parte, la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) demanda con urgencia que ya se implemente una reapertura progresiva.

Congresistas con rectores de no licenciadas

Desde el Congreso sigue la embestida contra la reforma universitaria. Hoy el grupo de trabajo encargado del seguimiento del proceso de licenciamiento recibirá, de manera presencial, a rectores de 26 universidades denegadas.

En esa lista figuran, incluso, quienes no son reconocidos por la Sunedu, como el cuestionado Luis Cervantes Liñán, de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Esta reunión se dará luego de que el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Esdras Medina, presentara dos proyectos de ley que buscan debilitar a la Sunedu. Por un lado, pretende convertir a la Superintendencia en una nueva Asociación Nacional de Rectores (ANR); y por otro, busca darle una nueva oportunidad a las universidades con licenciamiento denegado.

Reacciones

Jerí Ramón, rectora UNMSM - Anupp

“Pedimos al Gobierno y al MEF que nos asignen más recursos. También buscamos esto en el Congreso. No hemos podido cubrir el presupuesto, porque no tuvimos recursos directamente recaudados (en admisión)”.

Américo Guevara, rector Agraria La Molina

“No hay recursos suficientes para retornar. Cada universidad tiene un requerimiento distinto. Soy presidente de la comisión de Presupuesto de la Anupp y hemos hecho pedidos. Seguimos a la espera de que nos atiendan”.

Jorge Mori, exdirector del Minedu

“Este año hubo 66 millones de soles en conectividad, pero ahora asignan solo 4 millones. Dan 0 para centros de conectividad y 0 para más docentes. Es urgente publicar la norma de retorno. Digesu la tuvo lista en setiembre”.