Congreso: elección para la Defensoría del Pueblo sin plan ni cronograma

El Congreso avanza con el proceso de elección para la Defensoría del Pueblo, en medio de cuestionamientos por la posible ilegalidad de la presencia de María Alva en la comisión especial, por la falta de un plan de trabajo y un cronograma, y por las pocas garantías en materia de idoneidad y transparencia.

La comisión presidida por Alva hasta ahora no ha presentado un plan claro. Tampoco un cronograma. Lo que sí quedó en evidencia ayer fue la falta de voluntad política de la parlamentaria para contar con todos los filtros necesarios que aseguren una buena elección.

Esto se hizo notorio cuando en la comisión plantearon la participación de la Contraloría General de la República.

María Alva primero cedió el uso de la palabra al secretario técnico Víctor Colina Vega. Este funcionario (militante de Acción Popular) improvisó algunos pretextos para evadir la participación de la Contraloría.

Luego, la misma María Alva se opuso a la participación del ente contralor bajo el único argumento de que esta elección debe ser ágil. Estimó que para junio ya se debería contar con un nuevo defensor.

Fue necesaria la intervención del personal de coordinación parlamentaria de la Contraloría para aclararles, en plena sesión, que ya existe una ley que contempla la participación de dicho órgano de control, en la elección del defensor.

La referencia era hacia la ley 31227, cuyo artículo 13 obliga a los candidatos para la Defensoría a presentar la declaración jurada de intereses ante la Contraloría, para su revisión.

Con esto quedó zanjado el debate y también el intento de obstruir la intervención del ente contralor en esta elección.

Ilegalidad

Por otro lado, la presidenta del Congreso, María Alva, intentó pasar por alto una carta del Sindicato de la Defensoría del Pueblo. Fue necesaria la intervención de Ruth Luque para poner el tema sobre la mesa.

El gremio defensorial envió una carta el lunes, en la que advierten la ilegalidad de la presencia de María Alva en la comisión encargada de elegir al nuevo defensor o defensora.

Apuntan que la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establece que la comisión encargada de esta elección debe estar conformada por un máximo de nueve integrantes.

Actualmente, la comisión está conformada por los portavoces de las nueve bancadas. Pero, adicionalmente, participan en las sesiones los miembros de la Mesa Directiva, incluida María Alva.

Es más, esta legisladora tiene a su cargo la presidencia de la comisión, no obstante ser una integrante que estaría sobrando, pues el grupo ya cuenta con el mínimo de nueve integrantes.

Sobre el tema, el secretario técnico Víctor Colina sostuvo que María Alva ejerce la función de presidenta supernumeraria de la comisión, aunque no desarrolló ningún argumento legal.

Agregó que dicha parlamentaria solo convoca y dirige las sesiones, además de las funciones administrativas. Sin embargo, al tener a su cargo la presidencia del grupo, puede incidir mucho en el curso del proceso (ya ayer quiso obstruir la participación de la Contraloría).

Desde la dirigencia del sindicato defensorial no descartaron tramitar alguna acción ante el Poder Judicial, a fin de defender el cumplimiento de la Ley Orgánica de la Defensoría.

Más dudas del concurso

Otros aspectos que hasta la fecha no están claros por falta de un plan de trabajo son el desarrollo de las entrevistas con los candidatos invitados y si estos serán públicos, y si habrá una estructura mínima.

Tampoco hay claridad sobre los filtros que se aplicarán. Ya ayer el equipo técnico, sin dar nombres, informó que un postulante reporta deudas coactivas ante la Sunat.

Hicimos la verificación y se trata del postulante Jorge Luis Rioja Vallejos, quien debe 2.425 soles por el periodo tributario 2020 y 8.128 soles por el 2021.

Otro aspecto que debilita el proceso es la falta de un cronograma, según observó la legisladora Ruth Luque.

Es más, se encuentra sobre la mesa de debate la posibilidad de volver a elegir vulnerando el principio de deliberación. Es decir, podrían ir directo a la votación para elegir al defensor o defensora del Pueblo, sin un mínimo debate.

Fuerza Popular encarpeta proyecto del Ejecutivo

La Comisión de Constitución, que preside la fujimorista Patricia Juárez, realizó ayer una extensa sesión para la sustentación de proyectos de reforma constitucional para el eventual retorno a la bicameralidad.

La agenda contempló la exposición de cinco legisladores que tienen proyectos sobre el tema: María Alva, Wilson Soto y Luis Aragón (Acción Popular), Eduardo Salhuana (APP) y el no agrupado José Elías.

Juárez incluso invitó a dos abogados constitucionalistas afines, para ahondar sobre el tema.

En cambio, la fujimorista mantiene encarpetado el proyecto del Ejecutivo, que propone reformas constitucionales sobre el balance de poderes. El proyecto es del 19 de octubre del 2021. Van siete meses y no hay predictamen.

Candidatos invitados

Julia Príncipe, exprocuradora de lavado de activos. Fue propuesta por Avanza País.

Gastón Soto Vallenas, fue presidente del desaparecido CNM. Propuesto por Somos Perú.

Víctor García Toma, exministro de Justicia. Lo proponen APP, Acción Popular y RP.

Jorge Rioja Vallejos, excandidato para el TC. Invitado por Perú Democrático.

Miguel Soria Fuerte, exviceministro de Justicia con Heresi. Segundo invitado de AP.

Ricardo Velásquez R., excandidato para el TC. Ahora es invitado de la bancada Perú Libre.