Susana Villarán: 10 empresas son incluidas a investigación contra exalcaldesa
Momentum Ogilvy, CHISAC y otras empresas involucradas en presunto lavado de dinero en las campañas políticas de Susana Villarán podrían recibir también eventuales sanciones.
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Diez empresas involucradas por presunto lavado de dinero han sido incluidas formalmente, en calidad de investigadas, en el caso que sigue el fiscal José Domingo Pérez contra la exalcaldesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán de la Puente.
El juez Jorge Chávez Tamariz ha aprobado en este sentido, el pasado 26 de abril, un pedido fiscal que abarcaba presuntos actos de corrupción y “blanqueo” de dinero para las campañas de Villarán contra la revocatoria municipal en 2013, y de reelección en el 2014. Estas son las empresas que, a partir de los siguientes días podrán defenderse en el proceso.
- Momentum Ogilvy & Mather S.A.
- Chirinos y Salinas Asociados S.A.C. (CHISAC)
- Asociación de Amigos de Lima Metropolitana
- Constructora, Consultora y Servicios Generales Generación S.A.
- CMR Construcciones S.A.C.
- Rentable PE S.A.C.
- Mindshare Perú S.A.C.
- J. Walter Thompson Company Sucursal del Perú
- Asociación Ciudadanos por Lima
- Diálogo Vecinal
El magistrado del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria concedió así también a dichas organizaciones el plazo de cinco días, desde que son notificadas, para que puedan registrar cada una un abogado que las represente en el caso.
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Dado que todas participan ahora del caso que dirige el equipo especial Lava Jato, la Fiscalía podrá pedir eventualmente “consecuencias accesorias” (sanciones) contra ellas como la suspensión temporal de sus actividades, el pago de multas o su liquidación o disolución definitiva, luego de que presenten una acusación.
Chávez Tamariz ha sustentado en la resolución a la que accedió este diario sobre Momentum Ogilvy (empresa del investigado Óscar Vidaurreta) que esta fue “usada” para facilitar el ingreso de dinero ilícito de OAS, “debido a que en sus instalaciones se recogía dinero ilícito no bancarizadas, que eran trasladados a las empresas de publicidad que tuvieron intervención en el proceso de lavado de activos, a lo que indica que se trata de contratos ficticios, como fue dispuesto por el procesado Castro Gutiérrez”.
Al respecto, un fiscal adjunto había expuesto ya con anterioridad que Ogilvy recibió parte del US$1.000.000 que aportó la constructora brasileña OAS para la campaña contra la revocatoria de Villarán en 2013 por solicitud de José Castro Gutiérrez, exgerente de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La modalidad para “blanquear” el dinero fueron contratos ficticios de publicidad, según la Fiscalía.
Acerca de la empresa CHISAC, el juez manifiesta que esta fue instrumentalizada por su representante Freddy Chirinos Castro para recibir US$200 mil de parte de la empresa Graña y Montero, quien también aportó a la campaña contra la revocatoria de la entonces burgomaestre Villarán de la Puente para obtener la obra Concesionaria Vía Expresa Sur. “Finalmente ese dinero sirvió para el pago de publicidad a favor de la campaña de la ‘no a la revocatoria’”, señala el magistrado citando al colaboador eficaz Hernando Graña Acuña.
Con relación a la “Asociación Amigos de Lima Metropolitana”, Chávez resaltó que fue usada para “el ingreso de dineros maculados de las antes mencionadas empresas [OAS y Odebrecht] a través de trabajadores y extrabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima”. El juez resaltó en este sentido también el uso que hizo el investigado César Meiggs Rojas con sus empresas Generación y CMR Construcciones para canalizar dinero ilícito de OAS para la campaña de reelección de Villarán en 2014.
Sobre la empresa Rentable PE SAC, el juzgado de Chávez Tamariz afirma que recibió dinero de la empresa Generación, de Meiggs Rojas y ello tuvo “el fin de apoyo a la campaña política de la reelección, de este modo la última empresa realizó transferencia a Mindshare Perú SAC que sirvió para los gastos de publicidad, con el dinero proveniente de OAS”.
Para el caso de Diálogo Vecinal se resaltó, por ejemplo, que 34 personas afirmaron no haber aportado a la organización política que tenía el fin de apoyar la campaña electoral de reelección en 2014.
A contrarreloj
En febrero último, el juez del caso Jorge Chávez Tamariz aprobó ampliar el plazo de la investigación por seis meses más. En este sentido, la Fiscalía tiene un plazo máximo hasta agosto, aproximadamente, para concluir el caso y presentar una acusación.
Se trata de un caso complejo, pues actualmente abarca a 20 personas, entre las que se encuentran Susana Villarán, Domingo Arzubialde, entre otros; además de 6 empresas en calidad de terceros civiles responsables (que podrían pagar una reparación civil al Estado).
Susana Villarán tuvo también desde mayo de 2020 una orden de arresto domiciliario, que se cumplió a mediados de mayo del 2021. Además, la exfuncionaria es procesada por cinco delitos: lavado de activos, cohecho pasivo propio, asociación ilícita, falsedad genérica y falsa declaración.
Las hallazagos de la Fiscalía determinaron de este modo existió una organización criminal liderada por Villarán entre 2011 y 2014 y que recibió US$10 millones de las constructoras Odebrecht y OAS para sus campañas contra la revocatoria en 2013 y reelección municipal en 2014.
