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Política

Gregorio Santos fue condenado a 19 años de prisión por el Poder Judicial

Gregorio Santos fue condenado por los delitos de colusión agravada y lavado de activos tras cometer actos irregulares cuando fue gobernador regional de Cajamarca.

Gregorio Santos fue condenado a 19 años de prisión por el Poder Judicial
Gregorio Santos fue condenado a 19 años de prisión por el Poder Judicial

Nueva sentencia. Este miércoles 26 de enero, el Juzgado Penal Colegiado de Corte Superior Nacional del Poder Judicial condenó a Gregorio Santos Guerrero a 19 años de prisión, (9 por el delito de colusión agravada y otros 10 por lavado de activos), tras las irregularidades cuando fue gobernador regional de Cajamarca. Además, se le impuso un pago de S/ 22 millones de reparación civil y tres años y tres meses de inhabilitación.

También fueron sentenciados Mario Montes Samaniego a 16 años de prisión; Antonio Medina Centurión y Mario Cueva Carranza a siete años, César Marcelo Estela Castañeda a seis años y Maritza Ayala Sínchez a ocho años.

De igual modo, el tribunal impuso consecuencias accesorias de suspensión de actividades a las personas jurídicas de Constructora Aterpa Sucursal Perú, Project Construction SAC, Industrial Gráfica San Remo SAC y otras.

Poder Judicial

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Gregorio Santos fue detenido el 24 de junio del 2020 en la localidad de Trancayu, provincia de Rioja, región San Martin.

Esto, luego de que el 3 de enero de ese mismo año, el Poder Judicial le dictara una condena de 19 años y 4 meses de prisión por delitos de asociación ilícita y colusión por promover que el empresario Wilson Vallejos Díaz se adjudique 12 obras públicas licitadas por la entidad Pro-región, por 133 millones de soles.

Fue el fiscal anticorrupción, Walter Delgado Tovar, quien presentó esta acusación ante el Poder Judicial. Las audiencias públicas habían comenzado semanas antes de que se declare la emergencia nacional por la propagación del coronavirus, es así que Santos estuvo en condición de reo contumaz.

Según la tesis fiscal, Gregorio Santos integró y dirigió una organización criminal e ilícita infiltrada en el gobierno regional de Cajamarca, que tuvo como objetivo concertar con empresarios el direccionamiento de la adjudicación de obras públicas.

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