Caso Orellana: renuevan órdenes de captura contra dos sentenciados
Dos abogados implicados en la organización criminal de Ludith, hermana de Rodolfo Orellana, continúan prófugos desde febrero de este año.
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El Poder Judicial ha renovado el último 22 de septiembre las órdenes de captura contra dos sentenciados involucrados en el caso de la organización criminal liderada por Ludith Orellana Rengifo, hermana de Rodolfo Orellana.
Dos abogados, Carlos Vargas Machuca así como Katherine Díaz Berrú, fueron condenados a 4 y 8 años de prisión, respectivamente, por los delitos asociación ilícita y cohecho activo en febrero de 2020. Pero hasta la fecha continúan como no habidos.
Dado que la Policía Nacional no había dado aún con el paradero de los sentenciados, los fiscales Eiser Jiménez y Elvis Suárez exhortaron a la División de Requisitorias en agosto pasado a que se renueven las órdenes de captura. La Sala de Apelaciones Permanente Anticorrupción, ante ello, hizo efectiva las renovaciones enviándolas a la Policía Judicial y a la Corte Superior de Lima.
El caso que dirigieron entonces ambos fiscales en todo el 2019 y a inicios de este año logró la primera condena por organización criminal contra el Clan Orellana. No obstante, aún se espera la apelación de los implicados entre los que se encuentran Ludith Orellana como cabecilla de una organización criminal dedicada a la apropiación ilegal de terrenos entre los años 2009 y 2013.
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En dicho periodo, aproximadamente, se inscribieron de forma ilícita 47 títulos de propiedad con ayuda de funcionarios de Sunarp como el exjefe de la entidad, Álvaro Delgado Scheelje.
Caso específico
A Ludith Orellana se le dictó 10 años de prisión tras ser hallada culpable del delito de asociación ilícita y cohecho activo genérico. Como jefa del “área de saneamiento” del Estudio Orellana Asesores y Consultores se encargó de solucionar problemas legales a diversos inmuebles.
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Carlos Vargas Machuca, según la condena de primera instancia, fue el enlace entre los abogados del Estudio Orellana con los funcionarios de Sunarp a cambio de pagos de US$500. Posteriormente, este comunicaba el número de título de propiedad para ser “direccionado” a un área de Informática en Sunarp para pasar así a manos de la red criminal.
Katherine Díaz Berrú, en cambio, fue una de las abogadas de confianza que tuvo Ludith Orellana durante el tiempo que operó el bufete de abogados y las actividades ilícitas.
Renuevan órdenes de captura contra dos sentenciados en el caso Orellana
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