Baguazo en Amazonas: causas y consecuencias del enfrentamiento
Hace 13 años, el segundo Gobierno de Alan García tuvo protagonismo en el enfrentamiento de pueblos indígenas y policías en la Curva del Diablo.
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El 5 de junio del 2009 ocurrió uno de los enfrentamientos más feroces en la historia del Perú: el Baguazo en Amazonas. Más de 2.000 indígenas de la provincia de Bagua, en la zona conocida como la Curva del Diablo, en la región Amazonas, defendieron sus derechos. En tanto, los efectivos policiales hicieron cumplir una orden de desalojo firmada por el Gobierno de Alan García.
El conflicto dejó como saldo muerte, heridos y violaciones a los derechos humanos. Han pasado 13 años y aún hay episodios sin resolver.
¿Cuál fue la causa del Baguazo en Amazonas?
Durante el segundo Gobierno de Alan García (2006-2011), se fomentó una política de inversión como parte del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. En esos años, se publicaron decretos legislativos que afectaban de manera directa los derechos de las comunidades indígenas que estaban relacionados a la consulta previa y zonas protegidas.
Un grupo de indígenas vivía desde abril del 2009 en la Curva del Diablo; sin embargo, el Gobierno de García ordenó su desalojo para continuar con sus medidas de inversión en el ámbito minero.
Los pobladores alzaron su voz de protesta y tomaron parte de la carretera Fernando Belaúnde Terry.
¿Qué consecuencias tuvo el Baguazo en Amazonas?
Los enfrentamientos por el desalojo en la Curva del Diablo tuvieron como consecuencia la muerte de 33 personas (entre policías e indígenas), decenas de heridos y la violación a los derechos humanos. Asimismo, el desprestigio de las autoridades nacionales y regionales fue evidente.
Algunas familias obtuvieron justicia por sus fallecidos. En tanto, otras aún la esperan: buscan una reparación civil por parte de oficiales de la Policía Nacional y del Estado como tercero civil responsable.
¿Qué se aprendió del Baguazo en Amazonas?
Según Juan José Quispe, abogado de IDL, poco se aprendió del Baguazo en Amazonas. Este profesional acompañó a nativos en el juicio por el caso la Curva del Diablo. En esa línea, sostiene que el Estado no ha otorgado las sentencias respectivas.
“No se hace la consulta previa a las comunidades indígenas, no se ha puesto intérprete en actos policiales, fiscales y judiciales, donde participan indígenas como investigados o agraviados. No se está respetando de manera estricta la titularidad del territorio indígena. Todos estos puntos están en la sentencia de la Curva del Diablo”, alega Quispe.
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