Lizeth Román

El 6 de junio se llevó a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Generales de 2021 en Perú. Un día después, a través de una conferencia de prensa, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, denunció “indicios de fraude” en las mesas de votación que favorecen al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo.

A raíz de esto, el partido naranja presentó 946 recursos de nulidades de mesas (165 dentro del plazo y 777 fuera del plazo). No obstante, el partido del lápiz también solicitó anular 209 actas de votación.

En este contexto, desde el 13 de junio, usuarios empezaron a compartir por Facebook un presunto audio de la periodista y conductora en Radio Programas del Perú (RPP), Patricia del Río, en el que se menciona la existencia de un “fraude comprobado” en los recientes comicios.

Los post adjuntan un video en el cual aparecen fotos de la conductora y una voz en off que supuestamente corresponde al audio filtrado de la comunicadora. En el material, se escucha decir que el fraude “está demostrado” y que lo único que le queda a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es convocar a una nueva segunda vuelta electoral.

Además, se oye señalar que Keiko Fujimori perdió la segunda vuelta del año 2016 porque el expresidente Ollanta Humala “no dejó votar a las Fuerzas Armadas”.

Hasta el momento, el video contiene más de 14.000 compartidos y 140.000 reproducciones. Sin embargo, tanto el contenido del audio como lo que se afirma de este es falso.

Según un post viral, Patricia del Río dijo en un audio que hay un “fraude comprobado” en las elecciones. Foto: captura en Facebook.

Patricia del Río no es autora del audio

La periodista ha negado mediante Facebook ser la autora de este material. “Si les llegó un audio, supuestamente mío, en el que hablo con un Jean Paul sobre Keiko. No, no es mío. La voz ni siquiera se parece. Así que amigo fake news lover, cuélgate de alguien más para hacer tu psicosocial”, escribió el último 13 de junio.

Comunicado de Patricia del Río. Foto: captura en Facebook / Patricia del Río.

No hay un “fraude comprobado” en las recientes elecciones

En diálogo con Verificador de La República, el constitucionalista Omar Cairo negó que en este proceso electoral se haya efectuado algún “fraude comprobado”. “No, en absoluto. Un fraude es una conducta deliberada, es decir, intencional, dirigida a inclinar la votación a favor de un candidato. Todo lo que han presentado son copias de actas, las cuales afirman que las firmas son diferentes. Sostienen que se han contado mal los votos y básicamente eso”, precisó.

Indicó que estos cuestionamientos por parte de Fuerza Popular “son observaciones que de ser comprobadas no significan un acto intencional para inclinar la votación a favor de un candidato”. Aclaró que se trata de un caso de presuntas “irregularidades”.

“No están demostrando ni siquiera sosteniendo que hay una intencionalidad (de inclinar el voto hacia alguien). Están pidiendo que se verifique (...) La nulidad procede por fraude, (es decir) por un acto intencional dirigido a inclinar la votación a un candidato. Lo único que dicen es que la firma ‘no coincide’, ‘no parece ser la misma’, ‘por favor, revísalas’. Para eso no son las nulidades”, especificó.

Cairo sostuvo que, según la Resolución 00888-2021 del JNE, el ente electoral debe resolver las nulidades solo de aquellas ingresadas dentro del plazo —que culminó el 9 de junio a las 8 de la noche—.

Por su parte, el abogado Julio Silva, especialista en derecho penal, electoral y constitucional, comentó a este medio que en general tanto Fuerza Popular como Perú Libre pueden presentar cuestionamientos alegando presuntos fraudes. En ese sentido, precisó que “los jurados especiales en primera instancia (y) el JNE en segunda y definitiva instancia resolverán o se pronunciarán si son ciertas estas alegaciones de presunto fraude o no lo son”.

“Nuestro ordenamiento sí prevé el supuesto de fraude. Específicamente, se usa el término fraude y es por ello que justamente Fuerza Popular ha presentado sus recursos de nulidades alegando ese supuesto, que está en el artículo 363 inciso B de la Ley Orgánica de Elecciones”, explicó. Silva resaltó que el término fraude solo se puede emplear para situaciones que han acontecido en una determinada mesa de sufragio.

No obstante, comentó que las alegaciones de Fuerza Popular sobre un “supuesto fraude generalizado” — al decir que Perú libre habría concertado voluntades, habría realizado toda una estrategia para llevar a cabo— es difícil “de probarlo”. “Eso ni siquiera está previsto como una causal de nulidad”, detalló.

El especialista indicó que estas presuntas irregularidades, como “falsificación de firmas” o “suplantación de miembros de mesa”, deben estar fehacientemente acreditados dado que varios miembros de mesa han salido a desmentir a la candidata.

Respecto a las actas en las que Fujimori no tuvo ningún voto o un solo voto, señaló que ella debe de demostrar que hubo una “distorsión de los votos” y eso es prácticamente complicado o imposible en el sistema electoral “porque la única manera sería de tener los votos a la vista de una determinada mesa”.

No cualquier irregularidad puede acarrear la nulidad de una mesa de votación. (Esto) porque estamos hablando de la voluntad popular de cientos de electores, salvo que se compruebe esta irregularidad que tiene que ser grave y que además se acredite que se haya distorsionado o modificado, adulterado la votación. Y eso de acuerdo a los estándares que maneja el Jurado Nacional de Elecciones es bastante complicado”, dijo.

Además, para Silva, anular la segunda vuelta electoral es un “imposible jurídico”. “Eso sí me parece un planteamiento contrario al orden constitucional y contrario a nuestro sistema democrático (...) no hay en nuestro sistema electoral la posibilidad que se anule una segunda vuelta en base a supuestos fraudes (...) que además no los vemos debidamente acreditados”, finalizó.

Por otro lado, según José Villalobos, abogado especialista en derecho electoral, la discusión sobre el caso de Fuerza Popular no se centra en la validez del proceso electoral, sino en la validez de la votación de algunas mesas. Comentó que la justicia electoral será quien evalúe los medios probatorios, los hechos que se denuncian y finalmente decidirá “si efectivamente ha habido o no en cada mesa una irregularidad de tal magnitud que haya alterado la votación popular de esas mesas”.

El estándar probatorio que se exige para anular una mesa es alto. En el derecho electoral rige un principio de la validez del voto o la conservación del acta. Para que se pueda anular un acta las pruebas o los supuestos hechos que se alegan como fraude tienen que ser contundentes y evidentes. No puedo anular una mesa como juez electoral solo por indicios o presunción”, indicó a Verificador.

Enfatizó que al JNE le corresponde determinar si hubo o no “fraude”. “En primera instancia están siendo rechazados varios pedidos que seguramente van a apelar. Esperemos con calma sin adelantar opinión qué va a resolver el jurado. (...) A él es el único que le corresponde señalar si hubo o no irregularidades o alteraron la voluntad popular de las mesas”, sentenció.

Mediante Twitter, el 15 de junio, el JNE anunció que “proclamará los resultados de las elecciones presidenciales, luego de resolver todas las apelaciones sobre actas observadas y pedidos de nulidad elevadas a dicha instancia”. Por ello, el ente electoral, encargado de fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, aún no emite ningún pronunciamiento.

No obstante, el 10 de junio, el Tribunal de Honor de este organismo condenó “las declaraciones políticas irresponsables que acusan un fraude electoral, sin pruebas de por medio”. Así también citó a los informes de las Misiones de Observadores Electorales de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales que recientemente felicitaron a los órganos electorales por haber empleado “mecanismos que abonan a la transparencia de los procesos electorales”.

Las Fuerzas Armadas votaron en la segunda vuelta electoral del año 2016

En el proceso electoral del año 2016, surgió un supuesto de que el Gobierno de Humala había prohibido a los militares votar en los comicios de la segunda vuelta. Esto fue replicado por algunos fujimoristas para justificar la derrota de Keiko Fujimori en la contienda electoral.

Sin embargo, el entonces ministro de Defensa, Jakke Valakivi, ya había desmentido estos rumores y aclarado que los policías y militares cumplieron sus funciones a nivel nacional. “En el caso de las fuerzas armadas más de 50.000 efectivos fueron a cuidar los locales de votación y ya en estos momentos se están replegando y también pudieron cumplir con su voto como corresponde”, declaró en junio de ese año para un reportaje de Panorama.

Asimismo, el ex primer ministro Pedro Cateriano negó en el citado medio que se haya dado esa presunta orden y la calificó como una “especulación”. “En todo proceso electoral se requiere de militares y policías que custodian los locales y es lo que ha ocurrido. No ha habido ninguna orden, ni ninguna consigna política. Ninguna de las misiones de observación electoral ha formulado denuncia alguna. También hay que rechazar tajantemente que sin prueba alguna lanzan este tipo de afirmaciones para alterar el normal desarrollo del proceso electoral . Acá se cumple la Constitución y la Ley”, puntualizó.

Según artículo 34 de la Constitución Política del Perú, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional “tienen derecho al voto y a la participación ciudadana”. No obstante, señala que “no pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación de retiro”.

En dichas elecciones, la ONPE reportó que al 100% de actas contabilizadas PPK alcanzó 8 596 937 votos; mientras que Fujimori, 8 555 880. La victoria de Pedro Pablo Kuczynski fue de 41,057 votos de diferencia ante la hija de Alberto Fujimori.

Este mismo supuesto de la prohibición del sufragio de las Fuerzas Armadas por parte del Gobierno se viralizó en redes sociales en los recientes comicios. Sin embargo, Verificador desmintió este bulo porque, de acuerdo a las carteras del Interior y Defensa, no se ha emitido ninguna disposición que impida el ejercicio de sufragio de los miembros de tales instituciones.

Conclusión

Patricia del Río no dijo mediante un audio que existe un “fraude comprobado” de las recientes elecciones. Hasta el momento, no hay una resolución del JNE en la que se constate que las observaciones presentadas constituyen un “fraude”. Por ello, calificamos las publicaciones sobre el supuesto audio filtrado de la periodista como falsos.

*Para saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

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