Noticias de tribunal supremo

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El Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó hoy, lunes, una demanda colectiva por discriminación sexual en Wal Mart , en lo que supone una clara victoria para la empresa en un caso que ha convertido en un símbolo en la lucha contra la discriminación laboral en este país.

La demanda en esta cadena de tiendas minoristas , la mayor del mundo, fue iniciada en 2001 por seis mujeres que denunciaron discriminación tanto en la capacitación como en las promociones y en las remuneraciones , si bien se sumaron a ellas otras 500 mil empleadas .

En un momento determinado del proceso judicial , las demandantes lograron que un juez convirtiera la denuncia en una demanda colectiva , con lo que se hizo extensible a 1,6 millones de empleadas o exempleadas de la cadena.

No obstante, los jueces del Supremo dictaminaron hoy que en este caso no cabía una demanda colectiva , en línea con lo que había argumentado este gigante de la distribución comercial.

"Nos complace el dictamen de hoy y creemos que el tribunal tomó la decisión correcta", señaló en un comunicado la vicepresidenta de Wal Mart , Gisel Ruiz , quien recordó que " Wal Mart ha tenido durante muchos años políticas muy enérgicas contra la discriminación ".

Por unanimidad en algunos aspectos, y con disensiones en otros, el Supremo dictaminó que los abogados de las demandantes no habían probado que existiese una política general en Wal Mart que condujera a la discriminación por género.

La querella, si se hubiese aceptado como demanda colectiva, podría haber conducido a compensaciones e indemnizaciones por miles de millones de dólares.

El juez Antonin Scalia , que escribió el veredicto de 27 páginas , indicó que las demandantes no tenían suficientes razones en común para que las demandas se convirtieran en una sola querella colectiva.



Las demandantes deberían presentar pruebas significativas de que Wal Mart opera bajo una política general de discriminación sobre remuneraciones y promociones que aplica en todas sus tiendas y a todas sus empleadas.

La jueza Ruth Bader Ginsburg , que escribió el disenso parcial al cual se sumaron Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan , indicó que las demandantes podrían proceder con su querella bajo un enfoque legal diferente de la demanda colectiva.

El fallo de inmediato benefició a Wal Mart con un aumento de la cotización de sus acciones en la Bolsa de Nueva York.

El caso ha sido una de las disputas recientes sobre relaciones laborales de más relevancia, en parte porque los magistrados del Supremo no habían manejado un caso sobre certificación de demandas colectivas en más de una década. (Washington, EFE)

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Es la primera hispana en integrar el máximo tribunal de Estados Unidos. Jurista de origen puertorriqueño prometió aplicar las normas con equidad.

Washington. EFE.

La magistrada de origen puertorriqueño Sonia Sotomayor escribió este sábado una página de la historia al jurar su cargo como la primera jueza hispana del Tribunal Supremo de EEUU en una ceremonia oficiada por el presidente del organismo, John Roberts.

Sotomayor es la tercera mujer en ocupar uno de los nueve puestos vitalicios del Supremo en los 220 años de historia del tribunal.

El acto, al que se permitió por primera vez el acceso de cámaras de televisión, estuvo precedido de otra breve ceremonia privada a la que solo accedieron familiares y amigos.

Su madre, Celina Sotomayor, sostuvo la Biblia sobre la que juró su cargo y sobre la que la letrada prometió aplicar el derecho de forma igualitaria entre pobres y ricos. Ambas , que iban vestidas con trajes chaqueta de color claro se dieron un emotivo abrazo al finalizar el juramento.

La magistrada de 55 años se refiere a menudo a su madre como la inspiración de su vida, la persona a la que dice deber todo lo que es y alguien ante quien se sigue sintiendo pequeña.

“Soy solo la mitad de mujer que ella”, aseguró en mayo, cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, la propuso para sustituir al juez retirado David Souter.

Alrededor de 60 invitados participaron en la ceremonia, entre ellos el asesor de la Casa Blanca Greg Craig y otros miembros de la residencia oficial estadounidense.

La nueva integrante del Supremo encarna la típica historia de éxito que admiran y respetan los estadounidenses, y será un ejemplo para los hispanos.

Datos

Elección. Los miembros del Tribunal son nombrados por el presidente de la Casa Blanca, pero necesitan ser confirmados por el Senado, que el jueves dio luz verde a Sotomayor por 68 votos a favor y 31 en contra.

Principiante. Como “novata” del Supremo, Sonia Sotomayor será la última en hablar durante las conferencias privadas en las que el Tribunal decide casos. Además, dentro de sus funciones tendrá que tomar notas, grabar los votos y responder a la puerta si alguien se acerca.

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pero aclaran que la decisión final corresponde al Congreso. Dicen que anticipar comicios ‘violentaría’ la Constitución.

EFE.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras rechazó, por inconstitucional, el adelanto de las elecciones de noviembre próximo incluido en la propuesta del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, para resolver la crisis política hondureña causada por el derrocamiento de Manuel Zelaya.

Según la resolución emitida por el TSE, anticipar los comicios generales “violentaría” artículos de la Constitución que prohíben tomar medidas que limiten la participación de los hondureños.

Entre las que menciona que el adelanto del cierre del período de extensión de la cédula de identidad, dejaría sin derecho al sufragio a miles de jóvenes que cumplirán los 18 años, edad apta para votar, antes del 29 de noviembre, fecha para la que fueron convocadas las elecciones. Sobre otra propuesta de Arias, que las Fuerzas Armadas pasen a las órdenes del Tribunal Supremo Electoral un mes antes de la votación, el organismo electoral recuerda que es el mismo plazo establecido en la legislación, la cual extiende esta medida hasta la fecha en que se emite la declaración oficial de resultados.

la clave

congreso. El órgano electoral aclara que la decisión sobre un eventual cambio de fecha electoral le corresponde al Congreso Nacional, aunque este debe tomar en cuenta su opinión.

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Sería primera jueza hispana del Tribunal Supremo. Solo queda la ratificación en el pleno de la Cámara Alta.

EFE.

El Comité Judicial del Senado de EEUU aprobó ayer el “histórico” nombramiento de la jueza Sonia Sotomayor como la primera latina a un cargo vitalicio en el Tribunal Supremo.

Previo al voto y sin que causara sorpresas, tanto demócratas como republicanos elogiaron durante dos horas la historia de ascenso social de Sotomayor y su trayectoria jurídica de 17 años pero, siguiendo la disciplina del partido, discreparon sobre su confirmación en el cargo. Por lo general, los republicanos se mostraron insatisfechos con las explicaciones que dio Sotomayor durante las audiencias de confirmación entre el 13 y 16 de julio pasados. Aunque elogiaron la vida y obra de Sotomayor, además destacaron que la jueza de ascendencia puertorriqueña no solo tiene la experiencia, integridad y temperamento necesarios para asumir el cargo, sino que esta será “fiel a la ley” y a la Constitución.

“Es un día histórico para Estados Unidos”, dijo el demócrata Charles Schumer.
Reiteraron que un juez debe aplicar las leyes y no realizar activismo político desde el estrado, algo que temen ocurriría si Sotomayor es confirmada por el Senado.

PRECISIÓN

Luz verde. El Senado ha dado su visto bueno a Sotomayor, por 13 votos contra 6, y ya solo queda la ratificación definitiva en el pleno de la Cámara Alta, que sería la próxima semana.

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Tribunal Supremo le impone siete años y seis meses de cárcel. Sentencia establece que Fujimori ideó y dirigió una compleja gestión para sustraer fondos del Estado para pagar la salida de su asesor Montesinos.

César Romero Calle

Alberto Fujimori sumó ayer su tercera condena, esta vez por corrupción. La Primera Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo sentenció a siete años y 6 meses de prisión por apropiarse de fondos públicos para pagarle 15 millones de dólares a su asesor Vladimiro Montesinos.

El tribunal también lo despojó del cargo de Presidente de la República, aunque precisó que esto ya se cumplió, y le impuso el pago de una reparación civil de tres millones de soles, que debe pagar de manera solidaria con los ex ministros Carlos Boloña, Federico Salas y Carlos Bergamino, ya condenados por este mismo hecho delictivo.

Antes, Fujimori ya había recibido una pena de 6 años, que viene cumpliendo, por usurpación de funciones, y otra de 25 años por homicidio calificado, que está en apelación en la Corte Suprema. En nuestro país las penas no se suman, sino que se aplica la pena mayor.

Está probado

El tribunal estableció que Fujimori es autor material del delito de peculado doloso por apropiación, es decir, le robó al Estado; y de falsedad ideológica, lo que supone afirmar que es un mentiroso, que insertó datos falsos en un documento público.

“Es una sentencia jurídica, no es política, la justificación está en la ley, base de la fundamentación democrática del Poder Judicial, aquí no hay cálculo político, la sentencia deriva de los hechos juzgados, la decisión es de nuestra única responsabilidad”, explicó el presidente del referido tribunal, César San Martín, al presentar el fallo.

La sentencia tiene 64 páginas, 52 notas a pie de página y 90 parágrafos. Se divide en tres partes: una preliminar, en la que se describe el itinerario del proceso y las pruebas aportadas.

En esta ocasión no hubo el “Sí, está probado” porque Fujimori reconoció todos los hechos expuestos en la acusación fiscal, dándose por probado que Fujimori negoció con Montesinos el pago de los 15 millones, para lo cual ordenó al ministro de Economía de la época, Carlos Boloña, desviar fondos destinados al Ministerio de Defensa.

“Es claro que se sustrajo de la Hacienda Pública la suma de 52 millones 500 mil nuevos soles, a través de una compleja gestión que comprometió a la alta burocracia estatal y en la que intervinieron el Presidente de la República, ministros de Estado y funcionarios de máximo rango del Ministerio de Economía y Finanzas, Tesoro Público, Ministerio de Defensa y Banco de la Nación.

Igualmente, indica que para dar visos de legalidad a ese ilícito se expidió un Decreto de Urgencia para afrontar el inexistente “Plan Soberanía” de protección de la frontera norte ante un supuesto avance de las FARC. Ese documento no fue aprobado en Consejo de Ministros, ni remitido al Congreso aunque sí fue firmado por los ministros Boloña, Salas y Bergamino, que apoyaron y secundaron a Fujimori.

También se da por probado que el dinero que el 2 de noviembre se devolvió al Ministerio de Defensa fue distinto al entregado a Montesinos.

Además, se precisa que esa devolución no fue un acto de arrepentimiento o de reparación del daño, sino un intento por encubrir la comisión del delito.

La sentencia

La secretaria Janet Carazas leyó sin pausas, en una hora y 22 minutos, las dos partes restantes de la sentencia: la parte dos, en la que se exponen los hechos de la acusación, el delito cometido y se responde a las pretensiones de la Procuraduría y la de la defensa. La parte tres, el fallo mismo, la pena y reparación civil.

El tribunal rechazó los argumentos de la defensa y del acusado para justificar el delito, enfatizando que la sustracción del dinero público se cometió de manera concertada, planificada, organizada y que no hay arrepentimiento, por lo que no se aceptaban atenuantes.

También rechazó los hechos nuevos expresados por Fujimori en la audiencia del viernes último, porque no hay forma de verificarlos y eran de “dudosa verosimilitud”.

Los argumentos del abogado defensor, pidiendo la absolución por tratarse supuestamente de un hecho atípico, devolución del dinero y reparación del daño, fueron rechazados por incoherentes.

“Lo expuesto por la defensa no puede ser aceptado para la decisión del caso, ya que adolece de varias incoherencias e inconsistencias dogmáticas”, resalta el fallo.

¿De dónde sacó el dinero?

Sobre este punto, atendiendo el pedido del fiscal Avelino Guillén, se dispuso remitir copias de determinados documentos evaluados en este juicio para que la fiscalía investigue el origen de los 15 millones de dólares, en billetes de 100 dólares, que Fujimori afirma encontró en el SIN.

La investigación de este hecho estará a cargo de la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz. El tribunal explicó que la pena máxima a imponerse a Fujimori era de ocho años, pero que por mandato de la ley, al haberse acogido al procedimiento abreviado de juzgamiento, debía reducirla en una quinceava parte, esto es, seis meses.

La condena se cumplirá el 11 de agosto del 2014. A continuación transcribimos los argumentos que tuvieron en cuenta los magistrados para expedir la sentencia condenatoria:

1. “La naturaleza de las acciones ilícitas realizadas (por Fujimori) denota un modus operandi premeditado y adecuadamente planificado, orientado a lesionar el deber de garantía, protección y aprovechamiento del patrimonio de la Nación”.

2. “Los medios fraudulentos empleados y que se valieron de formalidades oficiales para asegurar su efectividad –en especial la expedición de un Decreto de Urgencia–, incumpliendo notoriamente los criterios que lo justifican y los requisitos formales y materiales que lo sustentan”.

3. “La intervención de una pluralidad de personas en los hechos delictivos, todas ellas de alto nivel, en el manejo y administración de recursos públicos, las que, además, fueron concertadas, coordinadas y dirigidas por el propio acusado, lo cual aporta un grado de antijuridicidad más intenso por el encubierto abuso de poder que aquel puso en práctica desde su privilegiada posición de Presidente de la República”.

4. “El daño ocasionado no llegó a ser plenamente reparado por el acusado (con la devolución de otros cuatro millones), pues este careció de la espontaneidad que exige la ley pues procuró, más bien, el encubrimiento de los hechos punibles por él cometidos”.

Respuesta jurídica

Igualmente, reproducimos la respuesta jurídica que el tribunal da al alegato del viernes.

“El acusado Fujimori Fujimori no reconoció la delictuosidad de su conducta ni mostró una actitud acorde con la imprescindible reivindicación de la norma penal vulnerada. Cuestionó, en cambio, la reacción de la justicia frente a los hechos y destacó la perspectiva política del caso descargando sus resultados en los juzgadores, sin asumir la ilicitud de su conducta ni aportar las explicaciones imprescindibles, serias y convincentes, (para que puedan ser) valorables por un observador objetivo y razonable”.

“El acusado Fujimori Fujimori introdujo un relato de los hechos que si bien admite, como no podía ser de otro modo, la apropiación de fondos públicos y la expedición del Decreto de Urgencia número 081–2000, también incorporó circunstancias que tienden a distanciar u opacar su rol directivo y, asimismo, a presentar un curso excepcional de los sucesos no acorde con lo que fluye de lo expresado por sus coimputados, al punto de narrar una escena del presunto hallazgo de quince millones de dólares en la que fuera la sede del SIN, desactivado hacía más de un mes, de muy dudosa verosimilitud interna. No cabe, por tanto, aplicar la circunstancia atenuatoria excepcional de confesión sincera”.

Apelación

Luego de consultar con su abogado, Fujimori apeló el veredicto a la Corte Suprema, en tanto que la fiscalía se mostró conforme. El veredicto será ahora revisado por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. El abogado César Nakazaki tiene tres días para sustentar la apelación.

La procuraduría ad hoc apelará en los siguientes días el monto de la reparación civil, pues ellos reclamaban 99 millones de soles, que reponga los 15 millones sustraídos, más los intereses generados desde el 22 de setiembre del 2000 hasta la fecha.

los Ministros

sentencia. El 28 de febrero de 2005, la Corte Suprema condenó a Carlos Boloña Behr, Carlos Bergamino Cruz y Federico Salas Guevara como coautores de falsedad ideológica, asociación ilícita y peculado. Boloña y Bergamino recibieron cuatro años de pena, suspendida por tres años de prueba. Salas, tres años de pena suspendida por dos años. Todos ellos bajo observancia de reglas de conducta. Este veredicto fue ratificado el 14 de diciembre de 2005.

Fujimori tendrá tercer juicio en setiembre

En setiembre próximo podría comenzar el tercer y último juicio que permite la sentencia de extradición a Alberto Fujimori por el chuponeo telefónico a políticos de oposición y periodistas, la adquisición de canal 10 de TV y la compra de congresistas tránsfugas. La fiscalía pide 8 años de cárcel en ese proceso.

En tanto, ayer la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la condena de cuatro años de prisión suspendida a los ex congresistas Róger Cáceres Pérez, Gregorio Ticona Gómez y Antonio Palomo Oréfice, como autores de los delitos de cohecho pasivo impropio y receptación, por recibir dinero de Vladimiro Montesinos para cambiar de bancada política, luego de las elecciones de abril del 2000. También se ratifica la condena a Waldo Ríos Salcedo. Los cuatro ex congresistas deberán pagar una reparación civil de un millón de soles.

Mientras, se dispuso nuevo juicio para los ex congresistas Edilberto Canales Pillaca y Jorge Polack Merel, por cohecho pasivo impropio y receptación, por recibir dinero de Montesinos. Ellos fueron absueltos en un juicio anterior.

En tanto, se confirmó absolución de Juan Mendoza Del Solar, José Elías Ávalos, Ruby Rodríguez, Jorge D’Acunha Cuevas, José Luna Gálvez, Guido Pennano y María Huamán Lu. Con este veredicto Luna Gálvez puede reincorporarse al Congreso.

Tribunal Supremo le impone siete años y seis meses de cárcel . Sentencia establece que Fujimori ideó y dirigió una compleja gestión para sustraer fondos del Estado para pagar la salida de su asesor Montesinos .

César Romero Calle

Alberto Fujimori sumó ayer su tercera condena, esta vez por corrupción. La Primera Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo sentenció a siete años y 6 meses de prisión por apropiarse de fondos públicos para pagarle 15 millones de dólares a su asesor Vladimiro Montesinos.

El tribunal también lo despojó del cargo de Presidente de la República, aunque precisó que esto ya se cumplió, y le impuso el pago de una reparación civil de tres millones de soles, que debe pagar de manera solidaria con los ex ministros Carlos Boloña, Federico Salas y Carlos Bergamino, ya condenados por este mismo hecho delictivo.

Antes, Fujimori ya había recibido una pena de 6 años, que viene cumpliendo, por usurpación de funciones, y otra de 25 años por homicidio calificado, que está en apelación en la Corte Suprema. En nuestro país las penas no se suman, sino que se aplica la pena mayor.

Está probado

El tribunal estableció que Fujimori es autor material del delito de peculado doloso por apropiación, es decir, le robó al Estado; y de falsedad ideológica, lo que supone afirmar que es un mentiroso, que insertó datos falsos en un documento público.

“Es una sentencia jurídica, no es política, la justificación está en la ley, base de la fundamentación democrática del Poder Judicial, aquí no hay cálculo político, la sentencia deriva de los hechos juzgados, la decisión es de nuestra única responsabilidad”, explicó el presidente del referido tribunal, César San Martín, al presentar el fallo.

La sentencia tiene 64 páginas, 52 notas a pie de página y 90 parágrafos. Se divide en tres partes: una preliminar, en la que se describe el itinerario del proceso y las pruebas aportadas.

En esta ocasión no hubo el “Sí, está probado” porque Fujimori reconoció todos los hechos expuestos en la acusación fiscal, dándose por probado que Fujimori negoció con Montesinos el pago de los 15 millones, para lo cual ordenó al ministro de Economía de la época, Carlos Boloña, desviar fondos destinados al Ministerio de Defensa.

“Es claro que se sustrajo de la Hacienda Pública la suma de 52 millones 500 mil nuevos soles, a través de una compleja gestión que comprometió a la alta burocracia estatal y en la que intervinieron el Presidente de la República, ministros de Estado y funcionarios de máximo rango del Ministerio de Economía y Finanzas, Tesoro Público, Ministerio de Defensa y Banco de la Nación.

Igualmente, indica que para dar visos de legalidad a ese ilícito se expidió un Decreto de Urgencia para afrontar el inexistente “Plan Soberanía” de protección de la frontera norte ante un supuesto avance de las FARC. Ese documento no fue aprobado en Consejo de Ministros, ni remitido al Congreso aunque sí fue firmado por los ministros Boloña, Salas y Bergamino, que apoyaron y secundaron a Fujimori.

También se da por probado que el dinero que el 2 de noviembre se devolvió al Ministerio de Defensa fue distinto al entregado a Montesinos.

Además, se precisa que esa devolución no fue un acto de arrepentimiento o de reparación del daño, sino un intento por encubrir la comisión del delito.

La sentencia


La secretaria Janet Carazas leyó sin pausas, en una hora y 22 minutos, las dos partes restantes de la sentencia: la parte dos, en la que se exponen los hechos de la acusación, el delito cometido y se responde a las pretensiones de la Procuraduría y la de la defensa. La parte tres, el fallo mismo, la pena y reparación civil.

El tribunal rechazó los argumentos de la defensa y del acusado para justificar el delito, enfatizando que la sustracción del dinero público se cometió de manera concertada, planificada, organizada y que no hay arrepentimiento, por lo que no se aceptaban atenuantes.

También rechazó los hechos nuevos expresados por Fujimori en la audiencia del viernes último, porque no hay forma de verificarlos y eran de “dudosa verosimilitud”.

Los argumentos del abogado defensor, pidiendo la absolución por tratarse supuestamente de un hecho atípico, devolución del dinero y reparación del daño, fueron rechazados por incoherentes.

“Lo expuesto por la defensa no puede ser aceptado para la decisión del caso, ya que adolece de varias incoherencias e inconsistencias dogmáticas”, resalta el fallo.

¿De dónde sacó el dinero?

Sobre este punto, atendiendo el pedido del fiscal Avelino Guillén, se dispuso remitir copias de determinados documentos evaluados en este juicio para que la fiscalía investigue el origen de los 15 millones de dólares, en billetes de 100 dólares, que Fujimori afirma encontró en el SIN.

La investigación de este hecho estará a cargo de la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz. El tribunal explicó que la pena máxima a imponerse a Fujimori era de ocho años, pero que por mandato de la ley, al haberse acogido al procedimiento abreviado de juzgamiento, debía reducirla en una quinceava parte, esto es, seis meses.

La condena se cumplirá el 11 de agosto del 2014. A continuación transcribimos los argumentos que tuvieron en cuenta los magistrados para expedir la sentencia condenatoria:

1. “La naturaleza de las acciones ilícitas realizadas (por Fujimori) denota un modus operandi premeditado y adecuadamente planificado, orientado a lesionar el deber de garantía, protección y aprovechamiento del patrimonio de la Nación”.

2. “Los medios fraudulentos empleados y que se valieron de formalidades oficiales para asegurar su efectividad –en especial la expedición de un Decreto de Urgencia–, incumpliendo notoriamente los criterios que lo justifican y los requisitos formales y materiales que lo sustentan”.

3. “La intervención de una pluralidad de personas en los hechos delictivos, todas ellas de alto nivel, en el manejo y administración de recursos públicos, las que, además, fueron concertadas, coordinadas y dirigidas por el propio acusado, lo cual aporta un grado de antijuridicidad más intenso por el encubierto abuso de poder que aquel puso en práctica desde su privilegiada posición de Presidente de la República”.

4. “El daño ocasionado no llegó a ser plenamente reparado por el acusado (con la devolución de otros cuatro millones), pues este careció de la espontaneidad que exige la ley pues procuró, más bien, el encubrimiento de los hechos punibles por él cometidos”.

Respuesta jurídica

Igualmente, reproducimos la respuesta jurídica que el tribunal da al alegato del viernes.

“El acusado Fujimori Fujimori no reconoció la delictuosidad de su conducta ni mostró una actitud acorde con la imprescindible reivindicación de la norma penal vulnerada. Cuestionó, en cambio, la reacción de la justicia frente a los hechos y destacó la perspectiva política del caso descargando sus resultados en los juzgadores, sin asumir la ilicitud de su conducta ni aportar las explicaciones imprescindibles, serias y convincentes, (para que puedan ser) valorables por un observador objetivo y razonable”.

“El acusado Fujimori Fujimori introdujo un relato de los hechos que si bien admite, como no podía ser de otro modo, la apropiación de fondos públicos y la expedición del Decreto de Urgencia número 081–2000, también incorporó circunstancias que tienden a distanciar u opacar su rol directivo y, asimismo, a presentar un curso excepcional de los sucesos no acorde con lo que fluye de lo expresado por sus coimputados, al punto de narrar una escena del presunto hallazgo de quince millones de dólares en la que fuera la sede del SIN, desactivado hacía más de un mes, de muy dudosa verosimilitud interna. No cabe, por tanto, aplicar la circunstancia atenuatoria excepcional de confesión sincera”.

Apelación

Luego de consultar con su abogado, Fujimori apeló el veredicto a la Corte Suprema, en tanto que la fiscalía se mostró conforme. El veredicto será ahora revisado por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. El abogado César Nakazaki tiene tres días para sustentar la apelación.

La procuraduría ad hoc apelará en los siguientes días el monto de la reparación civil, pues ellos reclamaban 99 millones de soles, que reponga los 15 millones sustraídos, más los intereses generados desde el 22 de setiembre del 2000 hasta la fecha.

Los Ministros

Sentencia. El 28 de febrero de 2005, la Corte Suprema condenó a Carlos Boloña Behr, Carlos Bergamino Cruz y Federico Salas Guevara como coautores de falsedad ideológica, asociación ilícita y peculado. Boloña y Bergamino recibieron cuatro años de pena, suspendida por tres años de prueba. Salas, tres años de pena suspendida por dos años. Todos ellos bajo observancia de reglas de conducta. Este veredicto fue ratificado el 14 de diciembre de 2005.

Fujimori tendrá tercer juicio en setiembre

En setiembre próximo podría comenzar el tercer y último juicio que permite la sentencia de extradición a Alberto Fujimori por el chuponeo telefónico a políticos de oposición y periodistas, la adquisición de canal 10 de TV y la compra de congresistas tránsfugas. La fiscalía pide 8 años de cárcel en ese proceso.

En tanto, ayer la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la condena de cuatro años de prisión suspendida a los ex congresistas Róger Cáceres Pérez, Gregorio Ticona Gómez y Antonio Palomo Oréfice, como autores de los delitos de cohecho pasivo impropio y receptación, por recibir dinero de Vladimiro Montesinos para cambiar de bancada política, luego de las elecciones de abril del 2000. También se ratifica la condena a Waldo Ríos Salcedo. Los cuatro ex congresistas deberán pagar una reparación civil de un millón de soles.

Mientras, se dispuso nuevo juicio para los ex congresistas Edilberto Canales Pillaca y Jorge Polack Merel, por cohecho pasivo impropio y receptación, por recibir dinero de Montesinos. Ellos fueron absueltos en un juicio anterior.

En tanto, se confirmó absolución de Juan Mendoza Del Solar, José Elías Ávalos, Ruby Rodríguez, Jorge D’Acunha Cuevas, José Luna Gálvez, Guido Pennano y María Huamán Lu. Con este veredicto Luna Gálvez puede reincorporarse al Congreso.

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Sonia Sotomayor candidata al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Republicanos cuestionan comentarios de magistrada.

Washington. EFE.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presiona al Senado a confirmar a su candidata para el Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor, a quien dice que hay que estudiar por su carrera judicial y no por sus polémicas declaraciones.

En su tradicional discurso retransmitido por radio y televisión cada sábado, Obama pidió a los legisladores republicanos que eviten “sacar unos cuantos comentarios fuera de contexto para pintar una imagen distorsionada de la trayectoria de la jueza Sotomayor”, que está llamada a ser la primera hispana en el alto tribunal.

Con ello, dijo Obama, “hay personas en Washington que están tratando de trazar las viejas líneas de combate y recurrir a la politiquería de siempre”. Pero “están llamados al fracaso”, dijo.

El Presidente se refería a los comentarios que hizo hace tiempo la jueza en un acto publico, y que durante estos días pueden verse en Internet, en los que afirma que una “mujer sabia y latina” puede tomar mejores decisiones, gracias a sus experiencias, que un “hombre sabio blanco”.

El presidente de Estados Unidos , Barack Obama, urgió al Senado a confirmar a su candidata para el Tribunal Supremo , Sonia Sotomayor, a quien dice que hay que estudiar por su carrera judicial y no por sus polémicas declaraciones.

En su tradicional discurso retransmitido por radio y televisión cada sábado, Obama pidió a los legisladores republicanos que eviten "sacar unos cuantos comentarios fuera de contexto para pintar una imagen distorsionada de la trayectoria de la jueza Sotomayor", que está llamada a ser la primera hispana en el alto tribunal.

Con ello, dijo Obama, "existen personas en Washington que están tratando de trazar las viejas líneas de combate y recurrir a la politiquería de siempre". Pero "están llamados al fracaso", dijo.

El presidente se refería a los comentarios que hizo hace tiempo la juez en un acto público, y que durante estos días pueden verse en Internet, en los que afirma que una "mujer sabia y latina" puede tomar mejores decisiones, gracias a sus experiencias, que un "hombre sabio blanco".

Los republicanos más conservadores convirtieron estos comentarios en un arma contra la juez, a la que llegaron a calificar de parcial, activista y racista.

Ante este ataque, la Casa Blanca intensificó su presión para lograr la confirmación de Sotomayor en el Senado, con varias apariciones de Obama en televisión.

Este viernes, la Casa Blanca difundió un extracto de una entrevista que Obama dio a la cadena NBC, en la que aseguraba que las críticas lanzadas contra Sotomayor, de 54 años, son "tonterías".

En la entrevista, que se emitirá la próxima semana, el presidente de Estados Unidos manifestó que "es importante considerar en un contexto general" el desafortunado discurso que pronunció Sotomayor en la Escuela de Derecho de California cuando era juez federal en Nueva York.

"Lo que es claro es que estaba simplemente diciendo que las experiencias de su vida le proporcionarían información sobre la lucha y los rigores que afronta la gente", indicó Obama.

En su discurso de los sábados, Obama volvió a la carga para asegurar que a la jueza, nacida en el Bronx neoyorquino, pero de padres puertorriqueños, hay que juzgarla por su experiencia judicial y vital, y no por sus palabras.

"Los 17 años que la jueza Sotomayor ha sido parte de un tribunal dicen mucho más de ella que cualquier ataque; su trayectoria deja en claro que es justa e imparcial, y está dedicada al imperio de la ley", indicó.

El presidente resalto que la jueza "cuenta con más experiencia en un tribunal federal" que ningún otro nuevo juez de los que han entrado en la Corte Suprema en los últimos 100 años.

También destacó su trayectoria vital y sus orígenes humildes, dado que Sotomayor, huérfana de padre a los nueves años y residente de una zona de viviendas sociales del Bronx pudo, gracias al esfuerzo de su madre y su talento, estudiar y llegar hasta las Universidades de Princenton y Yale, donde se doctoró Cum Laude.

"Y esto es lo que hace que la jueza Sotomayor sea una persona extraordinaria. Incluso al alcanzar la cima de su profesión, no se ha olvidado de sus inicios. Venció obstáculos, logró lo que se propuso a pesar de tener las probabilidades en su contra y vivió el Sueño Americano", explicó el presidente.

"Como jueza de la Corte Suprema, no solo aportará la experiencia adquirida durante el curso de una brillante carrera legal, sino también la sabiduría acumulada durante el curso de una trayectoria impresionante", indicó.

De ser confirmada su designación por el Senado, Sotomayor, de 54 años, sustituirá al juez David Souter, quien anunció este año su retiro tras casi dos décadas en el Tribunal Supremo, integrado por nueve miembros nombrados de forma vitalicia.

Además de los republicanos más conservadores, la candidatura de la jueza Sotomayor también ha levantado una cierta suspicacia entre los grupos más liberales.

Algunos de estos grupos temen que Sotomayor, que estudió en un colegio católico y que no se ha pronunciado en su trayectoria judicial en temas como el aborto, no sea lo suficientemente progresista. (EFE)

El presidente estadounidense, Barack Obama, calificó como "tonterías" las críticas lanzadas contra Sonia Sotomayor, la abogada de origen puertorriqueño a quien ha propuesto como miembro del Tribunal Supremo.

El nombramiento debe ser confirmado por el Senado, pero sectores conservadores han puesto en tela de juicio sus antecedentes para ocupar la alta magistratura judicial del país.

Esas críticas se basan en un discurso que Sotomayor, de 54 años, pronunció en 2001 en el que habría asegurado que ella, como mujer hispana, podría llegar a "una mejor conclusión" que un hombre blanco.

Esa afirmación ha servido como base para que los críticos del nombramiento aseguren que será una jueza "activista" y no un magistrado que se ajustará fielmente a los preceptos de la ley.

Miembros del ala más conservadora del Partido Republicano han dicho que el discurso de Sotomayor es prueba de que no tiene una posición imparcial frente a los hombres ni frente a los blancos.

Tiene una actitud "racista", manifestó en su sitio en internet el republicano Newt Gingrich, ex presidente de la Cámara de Representantes.

En una entrevista para la cadena de televisión NBCNews que será emitida la próxima semana, Obama indicó que en las audiencias de confirmación en el Senado la próxima semana "toda esas tonterías que se están diciendo quedarán al descubierto".

Algunos extractos de la entrevista fueron adelantados hoy por la cadena de televisión en su página de internet.

El Tribunal Supremo de Justicia está integrado por nueve jueces titulares nombrados de forma vitalicia y Sotomayor sustituirá a David Souter, quien anunció su retiro este años tras casi dos décadas en el cargo.

En la entrevista, el presidente de Estados Unidos manifestó que "es importante considerar en un contexto general" el discurso que pronunció Sotomayor en la Escuela de Derecho de California cuando era juez federal en Nueva York.

"Lo que es claro es que estaba simplemente diciendo que las experiencias de su vida le proporcionarían información sobre la lucha y los rigores que afronta la gente", indicó Obama.

"Y eso es lo que la hará una mejor jueza" del Tribunal Supremo, agregó.

Según el gobernante, parte del trabajo de un juez es asumir el papel de las demás personas, "estar en capacidad de comprender la naturaleza de su caso" y por ello tendrá la capacidad de entender las preocupaciones de un "agricultor de Iowa o de un alto ejecutivo".

Según fuentes legislativas, la controversia por sus comentarios volverá a presentarse la próxima semana, cuando Sotomayor se reúna con los senadores demócratas Harry Reid y Patrick Leahy, así como con el republicano Jeff Sessiones.

Este último ha dicho que es casi seguro que Sotomayor será confirmada en el cargo después de unas audiencias exhaustivas. (EFE)

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Republicanos rastrean declaraciones de Sonia Sotomayor. Postulante de origen portorriqueño al Tribunal Supremo de Estados Unidos promete acalorado debate en el Congreso.

Agencias.

Sonia Sotomayor, designada candidata al Tribunal Supremo de EEUU por el presidente, Barack Obama, es demasiado progresista para muchos republicanos, que parecen haber encontrado en sus palabras la munición para el ataque.

Los republicanos han pedido “tiempo” para analizar los pormenores que rodean la carrera judicial de esta magistrada de origen puertorriqueño, que reemplazaría a David Souter en el alto tribunal.

El Supremo disfruta de competencias en temas tan controvertidos como el aborto y la pena de muerte y tuvo incluso la última palabra en las elecciones de 2000, cuando allanó el camino a la presidencia a George W. Bush al poner fin al recuento de votos en Florida.

De ahí que la selección de un candidato para uno de los nueve puestos vitalicios del tribunal sea tradicionalmente motivo de acalorado debate entre demócratas y republicanos.

Todo hace prever que ésta no será una excepción a pesar de que la llegada de Sotomayor no alterará el equilibrio de fuerzas en el Supremo, dividido entre cuatro progresistas, cuatro conservadores y un independiente, que suele romper el empate a favor del segundo grupo.

Además, y a menos que se saque algún as de la manga, los conservadores, en minoría en el Congreso, carecen de los recursos necesarios para torpedear la designación del presidente, aunque sí podrán plantear alguna pregunta insidiosa.

Para empezar, sonaron al unísono, al insistir en que es preciso “tiempo” para estudiar con calma la trayectoria de la magistrada, de 54 años, que de ser confirmada por el Senado, se convertirá en la primera hispana en sentarse en el Supremo.

Sin comentario

Las preocupaciones de los conservadores tienen que ver con varios comentarios realizados por la magistrada del Segundo Circuito Federal de Apelaciones de EEUU.

La primera de esas declaraciones data del 2001, cuando la jueza describió la obligación esencial de los magistrados de ser imparciales como una simple “aspiración” porque niega el hecho de que las experiencias personales llevan a unos a adoptar decisiones distintas a otros. La letrada sugirió también entonces que “el género y los orígenes nacionales pueden y de hecho originan diferencias a la hora de juzgar”.

¿Profundidad intelectual?

A los comentarios de 2001 se suman otros de 2005, cuando dijo durante una conferencia en la Universidad de Duke (Carolina del Norte) que la función de los tribunales de apelación es la de tomar decisiones políticas.

Expertos en temas jurídicos como Arthur Hellman, de la Universidad de Derecho de Pittsburgh, destacaron que los críticos de Sotomayor aducen que carece de la profundidad intelectual de otras personas cuyos nombres se barajaban como la jueza Diane Wood.

Aun así, la magistrada cuenta con el pleno respaldo de Obama, el de los demócratas y el de influyentes académicos y expertos legales. Altos asesores de la Casa Blanca aseguraron hoy estar “convencidos” de que no habrá ningún problema para que la jueza se siente el próximo octubre en el Supremo.

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Tribunal supremo de Brasil devuelve tierras y ordena expulsión de colonos. Enorme reserva amazónica Raposa Serra do Solen está ubicada en la frontera con Venezuela.

Brasilia. AP.

El máximo tribunal brasileño de justicia concedió ayer a indígenas el derecho a ocupar la totalidad de un vasto territorio amazónico que ha estado en el centro de una violenta disputa con agricultores.

El Supremo Tribunal Federal (STF) falló con 10 votos a favor y uno en contra de la permanencia de los indígenas y la salida de los productores de arroz, en el territorio Raposa Serra do Sol, en el extremo norte del país, fronterizo con Venezuela y Guyana.

El caso era observado con atención por organizaciones defensoras de los derechos de los indígenas como un caso emblemático que podría indicar cómo se resolverán otras disputas de tierra que involucran poblaciones autóctonas con agricultores y madereros. Aunque todavía se desconoce como serán compesados los arroceros.

El territorio indígena Raposa Serra do Sol abarca 1,7 millones de hectáreas y alberga a más de 17.000 aborígenes de las etnias makuxi, taurepang, ingarinkó, patamona e wapichana.

Los nativos de la región, con sus rostros y torsos pintados, estuvieron presentes durante la sesión del STF, pero no realizaron sus tradicionales danzas y cantos cuando la votación concluyó a su favor.

El caso “va a determinar cómo se resuelven futuras demarcaciones de tierras indígenas”, comentó Fiona Watson, coordinadora de Brasil en la organización Survivor International, que defiende a poblaciones aborígenes en el mundo. En 2005, el área fue demarcada como área indígena por el gobierno federal, que ordenó la salida de grandes productores agrícolas que se habían establecido en el área.

Pese a la orden de desalojo, los arroceros habían permanecido en el territorio gracias a una serie de acciones legales que fueron rechazadas por los tribunales de justicia.

La disputa entre indígenas y arroceros ha generado repetidos estallidos de violencia, que según los indígenas ha cobrado la vida de más de 20 de sus miembros.

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Atacan a palestinos y a la policía israelí. Se han atrincherado en un inmueble que no les pertenece.

AP. Israel desplegó 300 policías antidisturbios en la ciudad cisjordana de Hebrón para hacer frente a una oleada de colonos ultrarradicales que se han atrincherado en un inmueble que debe ser evacuado por orden judicial.

El Gobierno israelí decidió el traslado de esa fuerza a raíz de los violentos disturbios que se registraron en la ciudad, en los que resultaron heridas una veintena de personas entre colonos, palestinos y agentes de seguridad.

El temor a una revuelta judía en Hebrón comenzó el pasado 16 de noviembre a raíz de un fallo del Tribunal Supremo por el que ordenaba al Estado desalojar en setenta y dos horas un inmueble en disputa judicial.

El dato

Abusos ultras. Los colonos ultra ortodoxos atentaron contra las viviendas y locales palestinos, incluyendo un cementerio local. Además, atacaron a las propias autoridades de Israel.