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Los analistas políticos  se hallan comentando cada vez con más frecuencia acerca de la judicialización de la política en el Perú, a la que ven como una tendencia negativa. El fenómeno, por cierto, no es exclusivo de nuestro país. Y hay que decir que él tiene luces y sombras. Pero, para así entenderlo, habría que dilucidar mejor su significado.

La desoladora realidad política peruana nos plantea una pregunta de manera recurrente: si la ciudadanía tiene la posibilidad de elegir, ya que vivimos en una democracia, ¿cómo así, tras cada proceso electoral, terminamos con autoridades más negligentes, ignorantes, ineptas e inmorales que las que había antes?

Los procesos electorales son, potencialmente, instancias de aprendizaje cívico de la política. Diversos ciudadanos, postulando en nombre de un partido, solicitan de la sociedad los votos que les permitan acceder a un cargo público.

Cuando la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó su informe final, no solamente expuso un repertorio de verdades incontrovertibles y llamó al país a reconocerse críticamente en su historia reciente, además presentó un conjunto de propuestas que debían ayudarnos a confrontar el pasado violento, es decir, a responder a ese duro legado con acciones estatales y sociales concretas. 

Nos encaminamos lentamente al Bicentenario de nuestra vida republicana y podemos constatar que vivimos una de las crisis más profundas de nuestra historia.

Los políticos pretenden convencernos de que, si sus acciones no llegan a ser un delito tipificado y probado, entonces son actos aceptables, tolerables y hasta correctos. Eso no es cierto.

Difícilmente se puede hablar de un descubrimiento ante el alud de grabaciones que muestran a jueces, fiscales, operarios de justicia de diverso rango, congresistas y periodistas conspirando para manipular nuestras instituciones y leyes en provecho propio.

"En el caso de la administración de justicia, como se sabe, la razón de ser de sus instituciones, cargos, oficinas y agencias no es otro sino el garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley".

Nos llena de contento y esperanza la designación de Monseñor Pedro Barreto como Cardenal, sacerdote jesuita que actualmente se desempeña como Arzobispo de Huancayo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal.

“Una vez más, como lo he hecho en recientes columnas, creo útil recordar lo que señaló en su momento la Comisión de la Verdad y Reconciliación entre sus conclusiones, después de su exhaustiva investigación”.

Nada es más dañino para la convivencia civilizada que la adopción de la mentira como medio de diálogo habitual.

La Iglesia universal, la sociedad peruana y la Universidad Católica celebran con alegría los noventa años del sacerdote, teólogo y profesor Gustavo Gutiérrez. 

Una gran pérdida para el periodismo peruano, para La República, para la Sociedad Filarmónica de Lima y el Festival de Cine de Lima.

Los peruanos debemos conocer nuestra historia. Tomar conciencia del carácter criminal de la ideología senderista pero también aceptar que, muchas veces, no se la supo combatir.

Defender los espacios de una  memoria fiel y aleccionadora es un acto auténticamente patriótico y resulta especialmente urgente cuando nuestro gobierno asume una actitud concesiva, poco firme, frente a esta nueva campaña contra la memoria. 

Para la columna de hoy, nos hemos permitido  invitar al historiador Alejandro Santistevan G.

CARLINCATURA

Carlincatura del jueves 15 de noviembre de 2018