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El Equipo Especial Lava Jato está a punto de lograr su primera condena por el caso Odebrecht. La tarea recae en la jueza Nayko Coronado, del Primer Juzgado Unipersonal Anticorrupción.

El caso será resuelto el 7 de junio, según informó la jueza ayer en la audiencia de alegatos de clausura. El proceso es contra César Álvarez, exgobernador regional de Áncash, y otros 10 acusados por irregularidades en la ejecución de la carretera Chacas-San Luis en el 2011.

Ese mismo año, Álvarez, a través de su intermediario Dirse Valverde y la cuenta de una offshore en Hong Kong, China, recibió en 4 partes US$ 2,6 millones de Odebrecht. El monto representó el 2,5% de la obra, pactado anteriormente con funcionarios como Raymundo Trindade Serra y Jorge Barata, según el testigo en reserva 1-2017, el colaborador eficaz 2-2017 y testimonios similares acogidos por la Fiscalía.

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Por el delito de colusión agravada (pacto con Odebrecht), el fiscal Elmer Chirre solicitó para Álvarez una pena de 8 años y 3 meses de prisión e inhabilitación. Para Germán Martínez y Luis Díaz Vilca, exfuncionarios de Álvarez, se pidió la misma pena.

En cambio, para los ocho imputados restantes, se solicitó 6 años y medio de prisión e inhabilitación. Todos intervinieron para facilitar presuntos favorecimientos a la constructora Odebrecht.

Asimismo, la Procuraduría ad hoc aumentó el pedido de reparación civil a S/ 94 millones, de los cuales S/ 59 millones corresponden a un daño patrimonial y S/ 35 millones obedecen al daño extrapatrimonial.

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En este caso se imputan cuatro hechos. El primero se refiere al "adelanto de materiales" a Odebrecht, que significó para el gobierno de Áncash un desembolso del 40% del total de la obra. En esto fueron claves las aprobaciones y trámites de sus gerentes de administración, fiscalización y tesorería.

El segundo hecho abarca ampliaciones de plazo para la ejecución de la carretera. Según la Procuraduría, ambas operaciones tuvieron el fin de "proporcionar liquidez" a la constructora brasileña.

Los adicionales de obra así como las valorizaciones indebidas representaron un perjuicio de más de S/ 44 millones. "Hay indicios sólidos que no han sido desbaratados", indicó el fiscal Elmer Chirre a La República