Reos extranjeros sueñan con volver a casa

Cumplirían resto de sus penas en sus países. Son 600 los reclusos que se acogieron a los beneficios de la expulsión y traslado. Dicen que sus trámites están paralizados. Llevan meses esperando a que se cumplan acuerdos internacionales.

23 Ago 2015 | 3:40 h

Cumplirían resto de sus penas en sus países. Son 600 los reclusos que se acogieron a los beneficios de la expulsión y traslado. Dicen que sus trámites están paralizados. Llevan meses esperando a que se cumplan acuerdos internacionales.

El español Manuel Ros Espinosa de los Monteros pasa la mayor parte del día rodeado de bolsas de detergente, frascos de suavizante, prendas sucias y secadoras de ropa. La ardua jornada de trabajo en la lavandería del penal no le deja tiempo para lamentarse. Solo así logra afrontar el encierro.
 
Han pasado cuatro años desde que Manuel Ros llegó al Perú y fue recluido en el penal Sarita Colonia, la cárcel nacional con más presos extranjeros.
 
La mayoría de internos, como él, purgan condena por tráfico ilícito de drogas (TID) y esperan, hace meses, poder regresar a sus países aunque solo sea para seguir encarcelados.
Con la acuciosidad de un abogado, este “burrier” madrileño de 47 años explica que en julio del año pasado se aprobó la Ley N° 30219, que crea y regula el beneficio especial de salida del país para extranjeros que cumplen pena privativa de la libertad. “O ley de expulsión para extranjeros”, simplifica.
 
Dos de los requisitos principales para acceder a este beneficio es tener una condena no mayor a siete años y haber cumplido al menos un tercio de la misma. Manuel reúne ambas condiciones y comenta, emocionado, que ya efectuó el trámite y que solo espera la aprobación de las autoridades para volver a España y reencontrarse con su familia.
 
“Lo que más extraño es a mi hija de trece años, que no sabe que estoy preso. Para ella, simplemente me fui de viaje por la crisis económica que azotaba mi país y todavía no junto lo suficiente para volver. Converso por teléfono con ella todas las semanas y le envío fotos de mi trabajo en la lavandería para que no sospeche”, relata con tristeza.

Lista de espera

A nivel nacional, son más de 600 reos extranjeros, entre hombres y mujeres, los que ansían su repatriación. No todos cumplen condena por TID, pues el beneficio de la expulsión procede también para los sentenciados por estafa, hurto, falsificación, defraudación, fraude eléctronico, etc.
 
Solo en Sarita Colonia, donde permanecen recluidos 584 extranjeros, más de 200 buscan acogerse a esta ley.
 
El portugués Antonio Lopes Faría, de 36 años, es uno de ellos. Al igual que Manuel, Antonio fue detenido en el aeropuerto Jorge Chávez con varios kilos de clorhidrato de cocaína ocultos en su equipaje. Al igual que a Manuel, a Antonio también le ofrecieron 5 mil euros por llevar “el encargo”.
 
En Australia, que es donde residía, Antonio era bailarín profesional, coreógrafo de salsa y otros ritmos latinos. Por ello, mientras dura su encarcelamiento en Sarita Colonia, alterna el taller de tejido en yute con el de danza y participa en una orquesta salsera integrada solo por extranjeros.
 
“El día en que me capturaron en el aeropuerto, mi pareja daba a luz a mi primer hijo. Imagínate lo que sufro acá encerrado, tan lejos de mi familia. No sabes cómo me muero por salir para conocer a mi hijo, porque no he podido verlo ni siquiera en fotos”, nos cuenta en un “portuñol” que se quiebra por la tristeza.
 
En el pasadizo donde Antonio trabaja un tejido rosado con negro, alusivo al Sport Boys, hay otros dos foráneos que desarrollan su técnica textil. El mayor se llama José Luis Pascual López, de 49 años, y también fue “burrier”.
 
“En mayo hice mi trámite para regresar a España. Ya han pasado varios meses y hasta ahora nada. No sabes lo que es estar lejos de tu familia, no poder recibir visitas. Yo sé que actué mal, que cometí un error  y que debo pagar por ello, pero si existe un beneficio deberían agilizar el trámite para poder irnos”, declara Pascual.

Acuerdo internacional

Además de la llamada Ley de Expulsión, existen acuerdos firmados entre el Perú y unos pocos países (Estados Unidos, Canadá, España, Inglaterra, Alemania, Venezuela e Italia) que permiten el traslado de los reos foráneos a sus tierras de origen, a fin de que puedan terminar sus sentencias allá.
 
Kevin y Dexter, dos ciudadanos ingleses cuya identidad completa prefieren mantener en reserva, son otros dos internos del penal Sarita Colonia recluidos por TID. Ambos llevan cerca de tres años esperando que proceda su traslado.
 
Su abogado, quien también ha decidido escudarse en el anonimato, nos cuenta que sus clientes no son personas “normales”, que su pobreza, ignorancia y escasas facultades mentales fueron aprovechadas por la mafia que los captó en su natal Manchester.
 
“El caso de ambos es peculiar, porque cuando uno piensa en ciudadanos ingleses inmediatamente los imagina cultos y refinados. Mis defendidos son todo lo contrario, vienen de un barrio obrero donde trabajaban como ayudantes de albañilería, ni siquiera acabaron la primaria y además presentan un leve retardo mental”, explica el letrado.
 
Agrega que los mafiosos les ofrecieron dinero y un viaje a Machupicchu que nunca sucedió. “¿Sabes adónde los llevaron? A Pachacámac. Nunca llegaron a salir de Lima porque sabían que estaban frente a unos completos ignorantes y se aprovecharon de eso. Ninguno de mis clientes es consciente de lo que hizo. Es como si fueran niños”, enfatiza.

Razones políticas

El defensor de Kevin y Dexter cree que detrás del extraño retraso de su traslado, existen motivos políticos. No se explica qué otras razones podría tener la justicia peruana para dilatar el proceso que, por derecho, les corresponde. Ni siquiera las condiciones en que se encuentran han sensibilizado a las autoridades para que agilicen el trámite.
 
“Ambos están muy enfermos. Han caído en una profunda depresión, casi no comen e incluso uno de ellos se ha vuelto adicto a las pasta básica de cocaína. Creo que todo viene de arriba, que existe un temor del Gobierno a que se confunda el traslado de estos internos con un nuevo caso de ‘narcoindultos’”, refiere preocupado.
 
Y es que son decenas de reos extranjeros los que se han acogido a este beneficio sin encontrar respuesta. La mayoría son españoles, ingleses y canadienses. Según el abogado, el trámite se encuentra actualmente estancado en el Ministerio de Justicia, a la espera de la firma del Ministro.
 
“Lo que sigue después le corresponde a los otros países, que deben enviar una comitiva que acompañe al preso y garantice que vaya a continuar su condena. En el caso de Inglaterra, envían un juez federal y agentes policiales. En todos los casos, los gastos del traslado corren por cuenta del Gobierno del país de nacimiento del recluso”, puntualiza.
 
Con el fin de tener la versión del sector Justicia, La República pidió hablar con los funcionarios a cargo, pero no obtuvimos respuesta.
 
Al cierre de esta edición, ningún representante se pronunció sobre el tema.

Demora del trámite sería por falta de presupuesto

Para el experto penalista Mario Amoretti, la demora de los trámites de expulsión y traslado de los reos extranjeros se debería principalmente a una falta de presupuesto por parte del Estado. De este modo, descartó que exista un interés político detrás del retraso, como denunció el abogado de los presos ingleses Kevin y Dexter, que buscan acogerse al beneficio del traslado.
 
“Primero, debemos diferenciar los procesos de expulsión y traslado. En el caso de la expulsión, es el Estado peruano el que corre con los gastos, lleva a los presos hasta un punto en el que puedan embarcarse a sus respectivos países y ahí acaba todo. La condición es que no pueden regresar hasta dentro de diez años. El retraso de estos trámites se debe básicamente a que no hay un presupuesto asignado”, explica Amoretti.
 
En cuanto al tema del traslado, asegura que es muy diferente. “Los países que tienen convenio con el Perú gestionan el regreso de sus presos en coordinación con sus embajadas, ellos asumen los gastos y se encargan de toda la logística. Si hay una demora actualmente, no podría asegurar que sea por parte de nuestro Gobierno. Muchos de esos países son reticentes a recibir a sus presos”, sostiene.

Claves

En mayo último, el presidente de la Corte Superior del Callao, César Hinostroza, anunció que 200 presos extranjeros del penal Sarita Colonia podrían cumplir sus condenas en sus países de origen. La medida buscaba disminuir el hacinamiento de nuestras cárceles.
 
Hinostroza explicó que los acuerdos fueron tomados por su despacho en coordinación con 40 embajadas y consulados acreditados en Perú. A la fecha, todos esos procesos continúan estancados, sin respuesta, y la población extranjera en dicho penal sigue creciendo.

 

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