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Sociedad

Contraloría observa a presidente de Corte de Justicia de Arequipa por contratación de su concuñada

Entidad señala que magistrado Javier Fernández Dávila Mercado varió puestos CAS a cargos de confianza, sin tener facultades para ello.

Contraloría concluyó que hubo irregularidades en contratación de familiar político de presidente de corte. Foto: Corte Superior de Justicia de Arequipa
Contraloría concluyó que hubo irregularidades en contratación de familiar político de presidente de corte. Foto: Corte Superior de Justicia de Arequipa
Elmer Mamani

La Contraloría General de la República detectó irregularidades en dos contrataciones que realizó, en el 2021, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA), Javier Fernández Dávila Mercado. En una de ellas, el magistrado benefició a una familiar política de su esposa, Miriam Aurora Fernández Gárate.

Mediante el Informe de Acción de Oficio Posterior n.° 001-2022, se conoció que Fernández Dávila emitió la Resolución Administrativa n.° 000330 el 21 de abril del 2021, en que dispuso que dos contrataciones CAS, plazas de auditor para el Órgano de Control Institucional (OCI), sean consideradas de confianza.

Una de las beneficiadas fue la señora Gleny Roxana Quicaño Farfán, quien ocupó el puesto CAS n.° 025294, siendo concuñada del presidente de la CSJA y cuñada de su esposa. Y es que Quicaño Farfán es cónyuge de José Alberto Fernández Gárate, hermano de Miriam Fernández Gárate. Ella ocupó el cargo desde el 13 de mayo al 31 de agosto del 2021 y se le pagó la suma de S/ 38.500. La otra contratada en el CAS n.° 025300 fue Fiorella Giovanna Medina Medina, a quien se le abonó por sus servicios S/ 20.397 por el lapso del 13 de mayo al 31 de julio del 2021.

La Contraloría consultó al Poder Judicial si el presidente de la CSJA tenía la facultad de variar los CAS a cargos de confianza. La subgerente de Procesos de Personal y Bienestar del PJ, Mónica Arakaki Hayayumi, concluyó que Fernández Dávila Mercado emitió la Resolución n.° 000330 sin contar con facultades para ello.

El organismo autónomo sostuvo que se “ha evidenciado indicios de irregularidad que afectan la transparencia de los actos de la administración pública y el correcto uso de los recursos públicos”.

La República trató de buscar los descargos de la autoridad judicial, pero se respondió que estaba ocupado en reuniones con los presidentes de cortes judiciales.