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Asociación de los Orellana denuncia a jueces de Puno

Represalia legal. Tres jueces superiores confirmaron prisión preventiva contra comandante de la Policía que lideraba organización criminal. Ahora, Orellana, a través de la asociación Apoder, busca que JNJ destituya a magistrados que confirmaron prisión preventiva contra oficial por 18 meses.

En la mira. Magistrados superiores Reynaldo Luque, Oscar Ardiles y Roger Díaz fueron denunciados por prevaricato por asociación Apoder de la familia Orellana. Foto: La República
En la mira. Magistrados superiores Reynaldo Luque, Oscar Ardiles y Roger Díaz fueron denunciados por prevaricato por asociación Apoder de la familia Orellana. Foto: La República
Liubomir Fernández

Rodolfo Orellana Rengifo, es señalado por el Ministerio Público como cabecilla de la organización criminal más grande que ha tenido el Perú en su historia. Cuando estaba en libertad solventaba la revista Justo Juez. A través de este medio impreso, amedrentaba a jueces, fiscales, periodistas y abogados que lo investigaban.

Ahora que está preso, por una condena de seis años por cometer los delitos de estafa, entre otros, estaría volviendo a atacar a magistrados, pero desde una asociación. Ahora las denuncias, quejas, pedidos de sanción las realiza a través de la Asociación por los Derechos de las personas Privadas de la Libertad y contra la vulneración de los Derechos Sociales (APODER). Esta organización opera desde 2017 y tiene como presidente a Jack Miller Pérez Arévalo, y como vicepresidente al hijo de Rodolfo Orellana, Rodolfo Raúl Orellana Ramos.

Según la Dirección de Inteligencia de la Policía, esta nueva organización tendría el objetivo de impulsar denuncias a todo nivel contra jueces y fiscales que sentencian o encarcelan no solo al entorno de Orellana, sino a miembros de la Policía y presuntos narcotraficantes que buscan el respaldo de Apoder, pero con asesoramiento de Orellana. El objetivo sería mandarles una advertencia a los magistrados.

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En la mira

Las nuevas víctimas son los jueces superiores de la Corte de Justicia de Puno, Reynaldo Luque Mamani, Oscar Ardiles Ayestas, y Roger Díaz Haytara.

La organización de los Orellana, pidió a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que los magistrados sean destituidos por confirmar la prisión preventiva contra el comandante PNP, Gonzalo Medina Méndez. Se alegó que la resolución que confirma el encarcelamiento preventivo en segunda instancia por 18 meses, carece de motivación.

El oficial fue detenido en un operativo nacional en noviembre de 2021, como presunto cabecilla de una organización criminal policial dedicaba al cobro de coimas a conductores que infringían las normas sanitarias contra la COVID-19 en Puno. En total se detuvo a 19 personas. Todos cayeron por escuchas telefónicas.

Para la Fiscalía Anticorrupción de Puno, la responsabilidad de Gonzalo Medina, como presunto cabecilla de organización criminal, está acreditada y la prisión preventiva está debidamente sustentada en audiencias de primera y segunda instancia. Las interceptaciones telefónicas son delatoras con el delito de Cohecho Pasivo Específico. Se trata de unos de los casos de corrupción más grandes que fue desarticulado en los últimos años, del cual era parte Gonzalo Medina, según la fiscalía.

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Desde el penal

Personal de Inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y la Policía, intercambiaron información y concluyeron que las denuncias contra los tres vocales, se coordinaron desde el interior del penal de Yanamayo donde se encuentra recluido Rodolfo Orellana. El objetivo es deslegitimar a jueces y fiscales para amedrentarlos en su labor.

Del encuentro entre los organismos de inteligencia se estableció que Apoder, en Lima, denunció a los fiscales anticorrupción, Eiser Jiménez y Elvis Suárez, del quinto despacho de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción de Lima. Ambos lograron, en febrero del 2020, que el Poder Judicial dicte la primera condena por organización criminal contra el Clan Orellana, luego de comprobarse que la red se infiltró y captó a funcionarios de la SUNARP.

A pesar de que la denuncia contra ambos fiscales se archivó, el propósito de fondo habría sido apartarlos del caso ante lo avanzado de las investigaciones.

“El propósito es amedrentar para generar dudas, desistimientos o deslegitimar su trabajo en todos los planos” aseguró una fuente del Inpe.

Asociación de los Orellana denuncia a jueces de Puno