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Arequipa: plantean fiscalizar a los 35 albergues para evitar actos de violencia

Prevención. Estos centros funcionan sin control como el de Characato donde se produjo una violación a un menor. Hay un pedido de dos consejeros y un grupo de ciudadanos para que se aborde el tema.

No se votó. Consejeros no debatieron la situación de los albergues en la ciudad de Arequipa.
No se votó. Consejeros no debatieron la situación de los albergues en la ciudad de Arequipa.
Juan Carlos Soto

La consejera regional, Chriss Díaz Montoya, solicitó en la última sesión de consejo abordar la situación de los albergues de Arequipa. Ello a raíz de las agresiones y ultraje que sufrió un menor de siete años el pasado 30 de abril en la casa refugio Los Obedientes. La cita del miércoles 18 fue maratónica con la participación de la cédula parlamentaria de Arequipa, cuya representación recae en el congresista Esdras Medina Minaya. Díaz planteó el tema, empero el presidente del consejo regional, José Luis Hancco, no atendió la solicitud. En esa línea, el consejero Haberth Zúñiga también ha pedido tocar este tema.

La legisladora lamentó que estos centros necesitan fiscalización, sobre todo en regiones. Dijo que en Lima, hay un área del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que cumplen esa tarea. Se necesita descentralizar las competencias de ese organismo. En el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) hay una subgerencia de la Mujer que no tiene competencias sobre los albergues.

El caso del menor L.F.Q.M es la prueba palpable de la necesidad de implementar la fiscalización. En diciembre pasado, el Ministerio Público y Poder Judicial determinan que el menor y sus hermanos debían ir a un albergue. La madre tenía problemas de adicción, además era sindicada de explotar laboralmente a sus hijos. La Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer dispone que vayan a dicho centro localizado en el distrito de Characato.

Sin embargo, este medio documentó en un informe extenso el domingo pasado que el establecimiento incumplía varios requisitos. No tenía personal suficiente. Los propios protocolos indican que una tutora no puede tener a más de ocho niños a cargo. En dicho centro esa cifra fue rebasada. Cuando las autoridades consultaron a una de las cuidadoras si tenían implementadas medidas ante agresiones no supieron qué responder.

En mesa de partes del GRA ingresó una carta de las organizaciones que luchan contra la violencia de las mujeres e Integrantes del grupo familiar LGTB para exigir al consejo regional tocar esta problemática y fiscalizar los 35 albergues que funcionan en la ciudad libres de control. La carta es dura. Lamenta que las instancias regionales no se hayan pronunciado y tampoco tomado medidas a pesar de que la gobernadora regional pertenece a espacios que defienden los derechos de las mujeres y niños, no hayan dicho nada.❖