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Apuntes sobre la reforma universitaria

“En tal sentido, vale la pena distinguir la legítima preocupación de miles de peruanos sobre el futuro de la educación superior, de los intereses que pretenden manipularla con fines nada sanos”.

La Republica
LR Sur

Germán Chávez Contreras

Rector de la Universidad Católica San Pablo

Hace algunos días fui entrevistado sobre la ley que reformula la conformación del consejo directivo de la Sunedu (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria). Se me exigía una posición a favor o en contra de esta norma y cualquier matiz parecía inaceptable. Tanta insistencia me trajo a una reflexión: nos estamos acostumbrando a leer la realidad a partir de consignas cerradas que limitan una comprensión integral de las cosas. La reforma universitaria no se libra de esto.

La Sunedu ha generado cambios positivos en el sistema universitario. El solo hecho de abordar con seriedad los procesos de licenciamiento, sacando de funcionamiento a entidades que no tenían los requisitos mínimos para brindar el servicio de educación superior, es algo que todos agradecemos.

El camino iniciado constituye un bien que debemos defender. La mejor manera de hacerlo es con la verdad. Y la verdad no está en la polarización sino en el esfuerzo razonado por comprender la realidad en su conjunto.

En tal sentido, vale la pena distinguir la legítima preocupación de miles de peruanos sobre el futuro de la educación superior, de los intereses que pretenden manipularla con fines nada sanos.

Es necesario, además, exigir un contexto legal que permita a la Sunedu trabajar de forma aún más independiente. Esto es particularmente importante porque cualquier dependencia del poder político o económico daña la autonomía universitaria, entendida como el espacio histórico que las universidades tenemos para dialogar con independencia con la sociedad y ser su conciencia crítica al servicio de la verdad.

Con la ley aún vigente, el ministro de Educación elige al superintendente y a los que seleccionan los integrantes de su consejo directivo, además de otras formas de injerencia. ¿Podemos sentirnos tranquilos hoy cuando el ente que supervisa las universidades depende, en última instancia, de un ministro que relativiza la gravedad de los plagios en las tesis académicas?

La nueva norma admite una participación más técnica y amplia en la conducción de la Sunedu y limita el vínculo con el poder político de turno. ¿Es suficiente? Todavía no. Sobre todo porque la reforma universitaria sigue siendo amenazada por intereses subalternos que desean, ellos sí, un retroceso en la búsqueda de la excelencia académica. Allí aparecen los grupos económicos que auspiciaron durante muchos años universidades cuyo objetivo no era precisamente la educación superior y también quienes, desde la influencia ideológica, buscan tomar el control del sistema universitario en el Perú.

Es esencial que el Consejo Directivo tenga total independenwcia de intereses políticos y económicos, y que sus miembros tengan la talla moral y académica necesaria para comprender la verdadera misión de las universidades y darles un marco de trabajo adecuado.

Vivimos tiempos inciertos. La normativa relacionada a la calidad universitaria puede tomar cualquier rumbo. Sea cual sea este, el compromiso de la Universidad Católica San Pablo por promover un diálogo en búsqueda de la verdad y sin polarizaciones está más vigente que nunca.