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Sociedad

Sala aprueba medidas para evitar la revictimización de agraviadas del caso Manta

La solicitud, presentada por la abogada de un grupo de mujeres huancavelicanas violentadas sexualmente por militares en 1984, se sustenta en la normativa nacional e internacional sobre los derechos de las víctimas de violencia.

Abogada indicó que ya no se transmitirán en vivo la toma de las declaraciones de las víctimas. Foto: DEMUS
Abogada indicó que ya no se transmitirán en vivo la toma de las declaraciones de las víctimas. Foto: DEMUS

La toma de declaraciones de las mujeres que fueron víctimas de agresión sexual por parte de militares, en la comunidad de Manta, se reanudó bajo nuevas condiciones. El colegiado A de la Corte Superior de Delitos contra Funcionarios Públicos aceptó la solicitud de la abogada Cynthia Silva para que se tomen medidas que eviten la revictimización de las agraviadas durante las audiencias que se realizan de manera virtual.

Estas medidas, que cuentan con sustento normativo nacional e internacional respecto a los derechos de las víctimas de violencia, tienen que ver con las preguntas repetitivas que solo agudizan el sufrimiento por el recuerdo de hechos traumáticos y dolorosos.

También con la presencia de los acusados, durante el testimonio de las demandantes, así como con el derecho de la reserva de identidad. Por dicha razón, se suspenderá la transmisión de la audiencia a través de Justicia TV.

Cynthia Silva estima que, con las condiciones aprobadas, se tendrá un proceso justo y sin discriminación para mujeres sobrevivientes de graves violaciones de derechos humanos en este segundo juicio oral, que inició el 13 de marzo del año 2019.

“Habíamos visto que en los primeros testimonios ellas eran revictimizadas. Se estaba dilatando indebidamente las audiencias sin considerar que ellas se tienen que trasladar desde la comunidad de Manta hasta Huancayo, donde hay conexión de internet, para dar la declaración. La idea es que esto sea más célere y no tengan que mantenerse en una situación de recuerdo prolongado de hechos que fueron traumáticos para ellas”, alega.

La abogada y directora de Demus refiere que en adelante sus patrocinadas declararán sin la transmisión en vivo de Justicia TV y no tendrán contacto con los agresores para evitar alguna intimidación.

Las cámaras de ellos estarán apagadas, de manera que ellas no se afectan con gestos o con los micros prendidos. Solo intervienen los abogados. Ninguna de las medidas que hemos pedido implica restricción de sus derechos y garantías que les asiste como imputados”, precisa.

Otro hecho que resalta Silva es que las audiencias sean semanales. La próxima audiencia ha sido fijada para el 13 de enero. Aún falta la declaración de dos agraviadas. Se sabe que hay más casos de mujeres afectadas por esta agresión en Manta. Hasta el momento, son nueve las que decidieron dar a conocer lo que les ocurrió y denunciar a los perpetradores.

En este proceso, los acusados son trece militares que prestaron servicios en la base de la comunidad de Manta. Hay oficiales sindicados como autores mediatos, ya que tenían conocimiento de lo que pasaba. Los demás son ejecutores directos: suboficiales y soldados.

Cynthia Silva anota que el caso Manta es el segundo más emblemático y complejo en Latinoamérica junto al Sepur Zarco, en Guatemala, por crímenes de violencia sistemática durante un conflicto interno en el territorio nacional.

Por su parte, el abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien tiene a su cargo el patrocinio de seis víctimas, refiere que en este segundo juicio oral las agraviadas están ratificando que fueron violentadas sexualmente en distintos lugares y cuando eran, en su mayoría, menores de edad.

“Unas han señalado que ocurrió fuera de la base militar de Manta, otras dijeron que fue dentro de este recinto. También en sus chacras o en la casa de la abuela que tenía una pequeña bodeguita. Ellas, como mecanismo de defensa, han guardado este hecho y no han querido tocar el tema, tanto así que no les contaron a sus propios hijos para no hacerlos sentir mal ni culpables”, indica.

Entre las medidas para evitar la revictimización, el representante de IDL agrega que ahora ellas pueden declarar con el acompañamiento de un psicólogo. Esto, para tener soporte emocional porque muchas se han quebrado al rememorar el terrible momento que vivieron.

“El tribunal está dando todas las medidas para que la agraviada no sea estigmatizada. En el primer juicio, la disposición de la presidenta del tribunal fue que los psicólogos permanezcan fuera de la sala de audiencia. Además, en la eventualidad de que pasara algo con la víctima, recién podían ingresar. Ahora, en el mismo ambiente está el psicólogo y la víctima frente a la pantalla, ya que las audiencias son virtuales”, señala Juan José Quispe.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación - Universidad Jaime Bausate y Mesa. Trabajé en la Unidad de Investigación de La República bajo la jefatura del señor Edmundo Cruz. Hoy estoy en la sección de Política y abordo temas sobre conflictos sociales y comunidades indígenas.