¿Qué protocolos debe seguir un centro de salud en una emergencia y qué sanción recibe al incumplirla?

A raíz del caso de Javier Prado, miles de ciudadanos se preguntan cómo debe actuar un hospital o clínica ante esta situación. Por ello, La República se comunicó con SuSalud para conocer la importancia de garantizar la ley y la priorización de la atención de un ciudadano en riesgo.

SuSalud investigará a la clínica Javier Prado por presunta no atención de emergencia a menor. Foto: composición La República/Clínica Javier Prado/Twitter
SuSalud investigará a la clínica Javier Prado por presunta no atención de emergencia a menor. Foto: composición La República/Clínica Javier Prado/Twitter
José Miguel Vértiz

Un menor de 15 años fue atropellado en la avenida Petit Thouars en la noche del pasado domingo 5 de diciembre. Bomberos de San Isidro auxiliaron al adolescente y lo trasladaron a la Clínica Javier Prado para ser atendido de emergencia.

Debido a que se encontraba inconsciente por el accidente de tránsito, según el testimonio del paramédico, el personal administrativo de la clínica se habría negado a atenderlo por no contar con los datos completos del paciente.

En el video difundido en redes sociales, la trabajadora del centro de salud le manifiesta al rescatista que necesitaban una carta de garantía de la aseguradora para atenderlo. Tras discutir varios minutos, el rescatista le explicaba a la representante que el menor estaba inconsciente y no había forma de conseguir los datos del paciente.

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En paralelo, el chofer que habría atropellado al adolescente estaba en custodia de la Policía por no contar con los datos del SOAT. Según los bomberos, después de 40 minutos el menor fue atendido.

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La Ley General de Salud y el protocolo de emergencia

Muchos ciudadanos se preguntan cómo debe actuar un establecimiento de salud público o privado ante una situación de emergencia.

El Dr. Henry Alfonso Rebaza Iparraguirre, Superintendente Adjunto de la Superintendencia Adjunta de Promoción y Protección de Derechos en Salud de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), dijo a La República que la Ley General de Salud, la Ley 27604, establece en el artículo 3° y 39° que toda persona tiene el derecho a recibir en cualquier establecimiento de salud del país, sea público o privado.

Independientemente que (la persona) esté asegurado o no, primero es la atención de salud porque esa es la situación de emergencia que exige. Por lo tanto, los establecimientos de salud están obligados a prestar esta atención mientras subsista el derecho a la vida. Una vez que se estabiliza al paciente, allí ya se hacen los trámites como por ejemplo, a qué institución pertenece, el derecho de pago, etc. Lo que sí tiene que quedar claro es que en nuestro país todo ciudadano cuando está en situaciones de emergencia lo deben atender primero y luego hacer los trámites administrativos que correspondan también a la atención”, recalcó.

“Además, el artículo 39° dice con claridad que si, en caso el paciente no tuviera recursos económicos, debe ser exonerado de todo pago por la institución. Desde ese punto de vista, quiere decir que si yo estoy en situación de emergencia, ya no me tienen que decir “dame tu DNI para saber si tienes seguro público o privado”, simplemente lo que tienen que hacer es atender a la persona, salvarnos la vida, estabilizarnos y luego de que se haya hecho el proceso de atención, verificar los temas administrativos que son secundarios a la vida”, enfatizó.

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La sanción que podría esperarle a un centro de salud si no cumple

De acuerdo al doctor Rebaza, las sanciones que establece SuSalud se dan en proporción de la falta. Aunque, si existe una negación al derecho de la atención en condición de emergencia, lo consideraría una “falta grave”.

“Susalud puede establecer sanciones administrativas de cierres temporales o definitivos o sanciones económicas que van hasta las 500 UIT que corresponde a más de 2 700 000 soles”, detalló.

La investigación de SuSalud sobre la clínica Javier Prado

El doctor Rebaza explicó que SuSalud visitó el lunes 6 la clínica Javier Prado para realizar una investigación de oficio para conocer los hechos. Manifestó que conversaron con la mamá del menor de 15 años y con el personal directivo de la clínica para obtener información del caso.

El representante de Susalud indicó que mientras la trabajadora de la clínica discutía con el equipo de bomberos, en paralelo, el centro de salud estaba atendiendo al paciente. Incluso, comenta Rebaza, la progenitora del adolescente no emitió ninguna denuncia o queja.

“Hemos recomendado al director de la institución que establezca una adecuada difusión de que toda persona tiene derecho a recibir en cualquier establecimiento de salud una atención médico quirúrgica de emergencia cuando lo necesita sin previo requisito, es decir, primero hay que atender y defender la vida, y luego se realizan los procedimientos administrativos”, indicó.

“Cuando nosotros conversamos con la mamá, la señora no ha establecido alguna queja, tampoco una denuncia que nos permita hacer una investigación formal. Al contrario, ella no se queja de la atención. Cuando hemos visto la evolución del paciente, vemos que está en un mejor estado de salud”, agregó.

Para finalizar, Rebaza señaló que si existió un problema, pero la clínica nunca limitó el acceso. Sin embargo, dejó en claro que continuarán con las investigaciones de oficio para que, una vez culminada, puedan ratificar su posición.

“Los ciudadanos de nuestro país cuando se sienten vulnerados son los únicos que pueden autorizar que se haga una investigación. Mientras ellos no autoricen una investigación, a nosotros también nos limita nuestra actuación formal en estas circunstancias porque la ley dice que son los propios ciudadanos los que te autorizan el uso de la historia clínica, que es el documento formal y legal para ver los procedimientos que ha recibido un paciente en los servicios de salud”, concluyó.

Dato: De enero a la fecha, SuSalud recibió cerca de 124.000 denuncias y quejas de ciudadanos. Del total, el 94% (más de 112.000) fue solucionado, mientras que el 3% pasó a un proceso de investigación formal que terminaron en sanciones.