Arturo Valencia: “Se utilizó la organización legal del GRA para cometer delitos”

El fiscal Arturo Valencia Paiva tiene su despacho en “un trofeo de guerra”. Su oficinita, se aloja en el quinto piso de un edificio embargado a los lavadores de dinero sucio que caen en manos de la justicia. El paisaje del ambiente es dominado por anaqueles poblados de rumas de expedientes. Ahí descansan los casi 25 tomos que produjo el caso “Los Hijos del Cóndor” y que tiene al aún gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, tras las rejas con una prisión preventiva de 24 meses.

Valencia es un hombre tranquilo. Tiene 10 años en el Ministerio Público y le preguntamos si Los Hijos del Cóndor es el caso más complejo en su carrera fiscal. Responde que sí, pero también recuerda haber solicitado detención preliminar para el entonces presidente regional de Arequipa Juan Manuel Guillén y funcionarios de confianza por presuntos delitos de corrupción en el caso de la carretera Arequipa- La Joya. ¿Le gusta meterse con el poder?, preguntamos. Sonríe. “Nadie busca meterse con los políticos, se persigue el delito”, responde.

El caso Cáceres Llica maduró después de casi dos años de trabajo. Sin la disposición de una consejera regional de convertirse en agente protegida probablemente no se hubiese conseguido las evidencias. Un día de 2019, la denominada agente Samanta Miranda Tijeros llegó a su despacho para denunciar trabajadores fantasmas en una obra del gobierno regional y luego el ofrecimiento de dos terrenos valuados en medio millón de soles para blindar al amigo de Cáceres Llica, Marcelo Córdova, en ese entonces en la gerencia de Autodema, unidad que depende del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

¿La idea de utilizar una agente especial en este caso parte de la Policía Anticorrupción o de la Fiscalía?

Cuando uno se enfrenta a un caso se trabaja en equipo, con la Policía Anticorrupción y los denunciantes, son estos últimos los que proporcionan los insumos básicos. No les creemos ciegamente porque ellos tienen también sus motivaciones (…) Arrancamos a ciegas y luego formamos nuestra propia convicción. El Código Procesal Penal (artículo 341a), permite tener una agente especial, una agente encubierta en sistemas clandestinos. Son técnicas que se avalan en Perú, pero responden a las convenciones firmadas en la lucha anticorrupción. Es una técnica válida mientras no se provoque el delito.

La tesis de la defensa fue esa. Que la agente hizo caer a los investigados, los indujo a compromisos que ellos no querían, les jaló la lengua.

No concuerdo con la tesis de la defensa. Está equivocada. Y si uno escucha el contexto de las conversaciones, no hay eso. Escucho la conversación, pero el tema de dar viene de antes, viene de una voluntad ya efectuada, ya hecha, ya consolidada.

Las investigaciones están fundamentalmente sostenidas en los audios. Además de eso ha existido alguna otra corroboración.

No se podía pedir información al gobierno regional, los poníamos sobre aviso. Corría riesgo lo reunido, lo trabajado y la agente. Pero sí hubo medidas de videovigilancia. Si la agente nos decía, hay reuniones por aquí o por allá, la Policía de Inteligencia iba y perennizaba las reuniones: quién entraba, quién salía, en qué lugares, cuánto demoraba. Y justo una de esas reuniones tiene relación con un audio importante. En uno de los audios está Elmer Cáceres Llica y los consejeros. Y hay un video en el que se ve a todos reunidos conversando. En el audio de esa conversación se dice: denle sus terrenos, denle sus obras. Y reparten. (Este hecho ocurrió en Aplao, el audio es de la agente especial y la videovigilancia de la Policía)

En el caso de la cevichería, dice la defensa de Cáceres, solo son dichos de la agente ahí no hubo videovigilancia.

No hubo video vigilancia, pero sí se recabaron los elementos el mismo día.

La defensa, arguye que se recibieron después de 30 días.

Es falso, fue el mismo día. En relación a la primera entrega de dinero esta se hizo después de un mes, porque entiendo que viajó (ella) . Pero, en cuanto a la segunda, sí, fue el mismo día, y se entregó todo ( billetes del soborno y wisky). Lo tenemos en cadena de custodia. Por otro lado, en otro de los audios, uno de los consejeros justamente dice eso: nos ha dado 10 mil nomás.

La defensa dice que los hechos no califican como organización criminal. Son acuerdos políticos, ¿cuál es la frontera entre lo criminal y el consenso político?

La frontera es siempre la legalidad. Si nosotros formamos un equipo de fútbol para jugar, todo es correcto, pero si lo hacemos para lesionar a los jugadores del frente, estamos fuera de la legalidad. No podemos comparar la organización criminal con lo que vemos en las películas, el gánster o el capo. No es ese tipo. Esta organización utilizó la organización legal del gobierno regional con sus cargos y todo para cometer delitos, de una forma estructurada, permanente y con definición de roles. Escuché al señor Cáceres decir: así es la política. Los políticos pueden decir promesas para subir (popularidad). Eso hacen los políticos malos. Pero, sí hago esas situaciones de toma y daca vendiendo cosas del Estado, ya no estoy en un tema político.

La defensa arguye que los audios no son válidos porque no tienen la aceptación de la otra parte y tampoco una aceptación judicial porque no han pasado por un peritaje.

Estamos en la etapa de investigación y generamos actos de investigación, elementos de convicción, que dan ciertas luces de algunas conductas que han pasado. Si bien es cierto, se trata de audios, pero sí hay una persona que ha reconocido su voz en todos sus audios. No han estado grabando conversaciones de terceros. Sí hay personas que han reconocido su voz. Es conversación propia.

Los detenidos, ¿han reconocido su voz?

No. No puedo decirle explícitamente. La persona que ha participado en las conversaciones y ha obtenido los audios lo ha reconocido. Y también ha reconocido con quiénes se estaba comunicando. Ahí hay una credibilidad. Si decimos hay que someterlo a una pericia es para tener certeza. Y una certeza necesita una sentencia. Y no estamos en un tema de sentencia todavía. Estamos en una etapa preparatoria donde necesitamos una sospecha fuerte, grave.

Llamó la atención el caso de Richard Calvo, ex funcionario de Autodema, implicado en el reparto de terrenos. Está libre.

Eso es algo que no le puedo responder.

Para él plantearon otro tipo de medidas?

Así es. La ley plantea este tipo de cosas en tanto nosotros podamos verificar ciertos datos.

¿Es un colaborador eficaz?

No puedo decirle.

¿En el caso del señor Rospigliosi?

Tampoco puedo decirle.

Hay otros audios, por ejemplo, del consejero Eddy Medina, que habría colocado personal, pero él no está investigado.

Estamos investigando a un grupo de siete, pero podrían ser más. Eso forma parte de lo que pueda salir de la investigación.

También se menciona a Kimberlee Gutiérrez de beneficiarse de dos terrenos.

Hay algunas referencias. Tendremos que indagarlo. Vamos a avanzar, yo quisiera terminar rápido esto, porque es conveniente para todos. Lo que tengamos tendrá que ir. Si se generan otras cuestiones más se puede abrir otra investigación más. A veces el que mucho abarca poco aprieta. Por eso es mejor centrarse en una cosa, avanzar, terminar, y mientras esto va creciendo generar otras carpetas.

Se dice que a veces se abusa de esta figura de la prisión preventiva y no se acusa.

Viendo nuestra realidad no creo. Si tuviéramos más herramientas, más personal, las investigaciones serían breves, y luego el juicio. Las empresas de telefonía se demoran para entregar un levantamiento histórico, meses y hasta un año. Se les requiere bajo apercibimiento de ser denunciado. Dicen: estamos verificando que está en tal servidor. Siempre hay un pero. Y luego, nosotros mismos. ¿Cuántos casos tenemos?. Ojalá esto cambie si realmente se quiere luchar contra la corrupción.

¿La agente protegida dice que ella les ha armado el caso?

Uno está acá por las circunstancias. Es cierto, ¿sino hubiera habido una agente que diera la información, se sabría todo esto?. Yo no creo. Finalmente, las circunstancias son estas y nada más. Tampoco voy a decir: yo, yo. Tampoco tiene sentido.

¿Y eso de que la han dejado sin protección?

Yo siempre he estado conversando con ella. Yo entiendo su posición. Sería difícil ponerse en los zapatos de una persona que toma la decisión de convertirse en agente de cualquier caso, de tráfico ilícito de drogas, en sicariato, imagínese. Y en este tema también. Sino recordemos a César Álvarez que mandó matar a un consejero regional. Esperemos que eso no suceda.