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Ratificaron por unanimidad cadena perpetua para violadores José Carlos y Miguel Ángel Llanqui Pari

Los hermanos violentaron sexualmente a una niña de 4 años y a un adolescente de 15. Pese al veredicto del Juzgado, la madre de los menores teme por la seguridad de su familia.

En febrero, la familia de los agraviados exigió pena máxima para los hermanos José y Miguel Llanqui Pari. Foto: La República
En febrero, la familia de los agraviados exigió pena máxima para los hermanos José y Miguel Llanqui Pari. Foto: La República
Camila Vera

El Juzgado Penal Colegiado de Tacna revalidó la condena de cadena perpetua para los hermanos Llanqui Pari. Entre el 2017 y el 2018, Miguel Ángel y José Carlos abusaron sexualmente de dos menores de edad, los hijos de este último sujeto. La niña tenía 4 años y el adolescente 15 años cuando empezaron a ser violentados por quienes, se suponía, debían protegerlos.

“Desde que me enteré y puse la denuncia, nuestra vida ha sido un infierno porque hemos tenido que escondernos, hemos tenido que huir de la ciudad de Tacna”, comenta la madre de los agraviados durante una entrevista con La República. Ella y sus hijos se han visto obligados a revivir el dolor del episodio a lo largo de las idas y vueltas del proceso penal. “Todo ese dolor lo he convertido en fuerza para luchar por la justicia, porque esto no se iba a quedar así nunca”, agrega la madre.

Tacna. Los Llanqui Pari reciben cadena perpetua por someter a violación sexual a dos menores, hijos de unos de ellos.

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Después de la ratificación

La cabeza de familia narra también que la rutina ha sido insoportable tanto por las consecuencias psicológicas del abuso como por el hostigamiento posterior. “Nos han seguido (parientes de los hermanos Llanqui Pari) y han intentado secuestrar a mis hijos del colegio. Me han esperado afuera de mi trabajo con revólveres y actualmente me han estado llamando desde el penal de Pocollay”, revela.

Por eso, pese a que Miguel Ángel Llanqui Pari, quien ya tenía en sus antecedentes una denuncia por violación sexual a una niña de 11 años, fue capturado el 1 de septiembre de 2019, y José Carlos Llanqui Pari, padre de las víctimas, fue capturado el 15 de enero de 2020, nunca hubo un ápice de calma. “Con todo este proceso nos han vuelto a revictimizar y hemos tenido que recordar el daño, todo el horror sufrido tanto por mis hijos como por mi persona”, declara.

Ella afirma que, si bien se ha revalidado la cadena perpetua, el temor latente es la represalia. “Temo que la hermana de ambos y la hija de Miguel Ángel Llanqui Pari sigan viajando al sitio donde ahora radicamos con mis hijos. Tengo el temor de que nos estén siguiendo”, señala.

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Seguridad policial para la familia

“La Fiscalía ha dispuesto que se nos dé vigilancia policial. Mis hijos y yo tenemos seguridad todos los días”, refiere la madre. “Se nos ha quitado prácticamente toda nuestra vida. Hemos tenido que mudarnos, empezar de cero, vender las cosas, prestar dinero para poder pagarle al abogado, ya que las instituciones del Estado que deberían apoyarnos no lo han hecho desde un inicio”, concluye.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables formuló un Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (2012-2021) que fue aprobado mediante el Decreto Supremo 001-2012-MIMP. Uno de los principales problemas que remarcan las brechas sociales es la violencia familiar y sexual contra niñas, niños y adolescentes. A pesar de que esta estrategia propone medidas para atacar esta preocupación, desde hace cuatro años el delito en agravio de menores de edad es el segundo más numeroso entre los imputados a los internos de los establecimientos penitenciarios del país, de acuerdo con el MIMP.

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Canales de ayuda: Línea 100

Si estás siendo víctima o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es un canal que cuenta con un equipo especializado en orientar y brindar soporte emocional. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.