Telesup: ¿por qué no recibió licenciamiento de Sunedu y qué ha hecho para evitar su cierre?

Han pasado dos años y la universidad de José Luna Gálvez continúa moviendo sus fichas para evitar el cierre de todas sus sedes. Desde el Congreso, alistan proyectos de ley que favorecen a centros de estudios con licencia denegada, entre ellos destaca Telesup.

Universidad del congresista José Luna Gálvez no recibió el licenciamiento porque no cumplía con ninguna de las condiciones básicas de la Ley Universitaria. Foto: La República
Universidad del congresista José Luna Gálvez no recibió el licenciamiento porque no cumplía con ninguna de las condiciones básicas de la Ley Universitaria. Foto: La República
Yaritza Diaz

Este lunes 22 de noviembre, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso se reunió con 26 rectores de universidades con licenciamiento denegado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), entre ellas se encuentra Telesup, del parlamentario con serios cuestionamientos José Luna Gálvez.

La casa de estudios, que albergaba a más de 20.000 estudiantes en sus siete locales de Lima, no recibió, en mayo de 2019, la autorización del organismo adscrito al Ministerio de Educación (Minedu) porque no cumplía con ninguna de las ocho Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.

Entre los motivos figuró que la universidad no pudo acreditar los estándares mínimos de seguridad en algunas de sus sedes. Por ejemplo, en La Victoria. Según la Sunedu, la infraestructura no estaba acondicionada para recibir a cerca de 7.000 alumnos y tampoco para brindar servicios educativos. A continuación, la lista completa de razones por las que no recibió el licenciamiento.

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  • Telesup no tiene una propuesta educativa consistente y claramente definida.
  • No cuenta con información exacta respecto a la cantidad de horas lectivas, créditos y tipo de estudio de los cursos o carreras ofrecidas.
  • No cuenta con un sistema adecuado de gestión de residuos sólidos y líquidos peligrosos en sus locales de Ancón, Chosica y San Juan de Lurigancho (SJL).
  • No ha implementado una propuesta de investigación institucionalizada que garantice la producción de conocimiento.
  • Los recursos desarrollados por la universidad para tener conocimiento de la situación laboral de sus egresados no son suficientes ni pertinentes.
  • De los 95 convenidos que firmó el centro de estudios para facilitar las prácticas entre sus estudiantes, solo un de ellos fue beneficiado por estas gestiones.
  • Las investigaciones de los profesores de la casa de estudios tuvieron mucha similitud con trabajos de otros autores. Al respecto, Telesup no tomó las medidas correspondientes para investigar estos hechos.

Telesup, en su sede de San Juan de Lurigancho, construyó una pared que simulaba siete pisos. Foto: Andina

¿Qué pasó con los alumnos?

La Sunedu le dio un plazo de dos años a Telesup para el cierre definitivo de sus puertas en todas sus sedes, el cual se cumplió el 12 de octubre de este año. Durante ese tiempo, la universidad debía ofrecer alternativas viables a sus estudiantes para que se puedan trasladar a otros establecimientos licenciados a fin de culminar sus carreras.

El Minedu e Indecopi vigilaron este proceso para que se dé de forma ordenada y respetando los derechos de los alumnos.

Sin embargo, hace un par de semanas, los universitarios salieron a marchar para solicitar a la Sunedu que amplíe el cese con el objetivo de que puedan culminar sus estudios en el centro de José Luna Gálvez, ya que otras universidades no estarían permitiendo que convaliden sus ciclos académicos, lo que haría que se retrasen varios años.

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Jóvenes salieron a las calles a fin de que las autoridades escuchen sus demandas. Foto: Gianella Aguirre / La República

Telesup presentó apelación a fin de seguir operando

En junio de 2019, Telesup presentó una apelación para dejar sin efecto la decisión de la Sunedu, que empezó a operar desde el 2015. Esto bajo el argumento de que el organismo infringió los principios de igualdad en comparación con otras universidades. Así, los representantes pidieron más tiempo para adecuarse a la Ley Universitaria.

Meses después, precisamente en octubre, la empresa del congresista y dueño del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, emitió un comunicado asegurando que el Poder Judicial les dio la razón, por lo que podían reactivar sus actividades académicas.

“La medida cautelar se otorga en virtud a los principios de interés superior del estudiante. Por ello, Telesup sigue implementando mecanismos que aprueben las condiciones básicas de calidad establecidas en la Ley Universitaria”, se precisó en la misiva que fue publicada en todas sus redes sociales.

Comunicado del centro de estudios fue publicado el 9 de octubre del 2019. Foto: Telesup

Posteriormente y a través de una carta notarial, le dieron un plazo de 24 horas a la Sunedu para que respete la decisión del juez Alberto Cohen Vela, del Segundo Juzgado Civil de Bagua (Amazonas), quien falló a favor del centro de estudios. Esto ocurrió a finales del 2020.

Si el organismo adscrito al Ministerio de Educación mostraba resistencia, Luis Felipe Luna Morales, gerente general de ese entonces, advirtió que los denunciarían penalmente por la comisión del delito de desobediencia a la autoridad, falsedad documental, falsedad ideológica y falsedad genérica.

Este pronunciamiento se dio horas después de que el presidente del Consejo de Ministros de Manuel Merino de Lama, Ántero Flores-Aráoz, viera con buenos ojos que se les dé una segunda oportunidad a las universidades con licencia denegada.

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“Esa es mi opinión personal, yo no voy hacer nada sobre el particular, personalmente opino que tiene que haber una igualdad entre las privadas y las públicas. ¿Por qué a una se les da una segunda oportunidad y por qué no a otra? Pero ese no es el tema de estos meses”, señaló el ex titular de la PCM ante Canal N.

Sin embargo y luego de la polémica que generó, todo se cayó para la familia Luna, quienes son dueños del Consorcio Telesup. Primero, optaron por retirar la carta contra Sunedu y luego se hizo de conocimiento público que Alberto Cohen Vela, juez especializado civil supernumerario del Segundo Juzgado Civil Permanente de Bagua, renunció a su cargo por “motivos estrictamente personales y de índole familiar impostergables”.

Se conoció que la autoridad declinó de su cargo luego de que la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) de la Corte Superior de Amazonas le abriera un proceso por otorgar presuntamente de manera indebida un fallo a favor de Telesup.

Congreso y la Ley Universitaria

Este nuevo Congreso, además de ampliar el bachillerato automático hasta 2023, también ha presentado otras contrarreformas que debilitan la Ley Universitaria. Por ejemplo, el parlamentario Edgar Tello, de Perú Libre, expuso un proyecto de ley que favorece a las universidades con licencias denegadas.

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Aunque este no es el único texto que pone en peligro la dependencia del órgano adscrito al Ministerio de Educación. En una de sus últimas sesiones, la Comisión de Educación puso en agenda el proyecto de ley que busca cambiar la conformación de la Sunedu para agregar a representantes de universidades. Esta figura es muy parecida la que se aplicaba en la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR).